23-F: el golpe desconocido

[Asimov]

Hace unos meses escribí este artículo sobre el tema del 23:F:

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El golpe desconocido

Por razones no demasiado claras, el gobierno de Pedro Sánchez realizó el pasado 25 de febrero una desclasificación de documentos secretos asegurando que se trataba de “los documentos del 23-F”. Sin embargo, lo que se hizo público fue una serie de documentos que, para buena parte de la opinión pública, resultaron bastante decepcionantes. Y es que entre ellos se han incluido desde documentos que ya eran públicos desde hacía tiempo hasta documentos anónimos de escasa relevancia. En realidad, los documentos que se han publicado no son los documentos del 23-F como tales, sino más bien unos documentos relacionados con el golpe que no aportan prácticamente información novedosa alguna, pero que sin duda han permitido al gobierno escenificar un gesto de transparencia con evidente rentabilidad propagandística.

¿Por qué no se han desclasificado entonces todos los documentos del 23-F? Fundamentalmente porque la opinión pública desconoce qué sucedió realmente ese día, y no llega a comprender del todo el verdadero alcance del golpe de Estado. Y es que la tesis según la cual la intentona fue obra de un reducido grupo de militares nostálgicos que pretendían restaurar una dictadura semejante a la franquista, por muy generalizada que esté entre la población española e incluso entre no pocos periodistas, no se sostiene a la luz de los hechos históricos conocidos.

La realidad fue bastante más compleja, y para entenderla plenamente es imprescindible situarse en el contexto de 1980.


España en 1980


España sufría por entonces los efectos persistentes de la crisis del petróleo de los años 70: una inflación situada en torno al 15–20%, un desempleo en aumento y una conflictividad laboral constante que erosionaban la estabilidad económica y social. Al mismo tiempo, el terrorismo y la violencia política se habían extendido por todo el país, alcanzando en el País Vasco niveles especialmente graves. ETA se encontraba en su momento más sangriento (1980 fue el año con mayor número de asesinatos cometidos por la organización, con 98 víctimas), mientras actuaban también otros grupos terroristas de extrema izquierda como los GRAPO o Terra Lliure. Paralelamente, operaban diversas redes parapoliciales y organizaciones de extrema derecha, entre ellas el Batallón Vasco Español, la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) o los Guerrilleros de Cristo Rey, grupos cuyos ataques terroristas se vieron favorecidos por la pasividad, cuando no la connivencia, de unas fuerzas de seguridad heredadas del franquismo.

Al menos una parte de toda esta actividad terrorista era utilizada como una herramienta de chantaje por parte de determinados poderes internacionales. Por aquellas fechas, el gobierno de EE UU presionaba cada vez con mayor insistencia para que España ingresara en la OTAN, una opción a la que el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se resistía en ese momento ("aún no sé si ETA está pagada con rublos o con dólares", dijo en alguna ocasión para justificar su negativa a unirse a la alianza atlántica), y el entonces ministro de la Presidencia en 1979, José Manuel Otero Novas, desveló posteriormente la amenaza explícita de EE UU de que apoyaría al MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario) y la independencia de las islas Canarias si España no se integraba en el bloque atlántico. Conviene recordar que la actividad terrorista del MPAIAC se hallaba entonces en aumento, y que además fue responsable de colocar un artefacto explosivo cuya amenaza provocó el desvío de vuelos que confluyeron en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) desencadenando el accidente de 1977 en el que murieron 583 personas.

A este conjunto de tensiones se sumaba el auge de los nacionalismos periféricos. Los nacionalismos vasco y catalán habían impulsado un proceso autonómico que estaba culminando en la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña, cuyos amplios marcos competenciales eran interpretados por los sectores más centralistas como una amenaza para la unidad del Estado. Era un modelo que comenzaba a extenderse al resto de regiones del país.


Ruido de sables


Todo ello se desarrollaba en un contexto de creciente debilidad política del gobierno. La Unión de Centro Democrático (UCD), formación gobernante, atravesaba divisiones internas constantes y perdía apoyos parlamentarios, lo que alimentaba una sensación cada vez más extendida de desorientación y pérdida de control. La presión simultánea de la derecha franquista, la izquierda, los nacionalistas y el terrorismo contribuía a extender la percepción de que el sistema democrático (aún reciente y frágil) podía verse seriamente comprometido.

Pese a la gravedad de la situación y a las crecientes presiones para que abandonara el cargo y facilitara un relevo político, Adolfo Suárez se resistía a dimitir. Seguía gozando de una enorme popularidad sustentada no sólo en su indudable carisma sino sobre todo en su papel decisivo como artífice de una transición que había puesto fin a cuatro décadas de dictadura. Por otro lado, al fracasar la moción de censura presentada por el PSOE en mayo de 1980, quedó descartada por el momento la posibilidad de que fuese desalojado del poder por la vía parlamentaria.

Es en este clima de crisis y deterioro institucional cuando comienzan a surgir distintas tramas golpistas en el seno del Ejército.

Una de ellas se articulaba en torno a la figura del teniente coronel Antonio Tejero y planteaba una acción rápida y audaz, ejecutada por una unidad de élite contra puntos neurálgicos del Estado (el Palacio de La Moncloa, las sedes de los ministerios con mayor capacidad decisoria, etc.). La operación debía desencadenar un efecto dominó en el resto de unidades militares, con el objetivo último de instaurar una junta militar que pusiera fin al sistema democrático recientemente establecido.

Más compleja y sofisticada era la llamada “trama de los coroneles”, llamada así porque la mayoría de sus integrantes ostentaban el empleo de coronel o teniente-coronel. Su estrategia no contemplaba una intervención inmediata, sino ir acumulando apoyos paulatinamente mientras la situación política continuaba deteriorándose. El plan consistía en intervenir en el plazo aproximado de uno o dos años, una vez desgastadas políticamente tanto la UCD como el PSOE, para instaurar una república de carácter presidencialista y nacionalista, con un papel protagonista para el Ejército, en el marco de una nueva Constitución que reconociera la existencia de partidos políticos sometidos a límites estrictos.


La Solución Armada


Ante un panorama tan delicado, los mandos militares del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, hoy Centro Nacional de Inteligencia) consideraron que la solución para España pasaba por un nuevo Gobierno capaz de dar un "golpe de timón" (expresión entonces muy en boga) y afrontar con mayor determinación los principales problemas del país, incluso a costa de adoptar medidas impopulares. Para ello, estimaban imprescindible contar con un respaldo político y parlamentario lo más amplio posible.

La fórmula diseñada consistía en un gobierno de concentración nacional en el que estuviera representado todo el arco parlamentario (con exclusión de los partidos nacionalistas), con cierta presencia militar y la incorporación de personalidades civiles independientes. Al frente del ejecutivo se situaría un general apartidista y de reconocido prestigio, capaz de concitar amplios apoyos.

La finalidad de tal gobierno no sería interrumpir el sistema democrático recién instaurado ni derogar la Constitución, sino constituirse como un ejecutivo transitorio que, durante un periodo limitado (dos o tres años), adoptara las medidas que, a juicio del CESID, resultaban urgentes: una campaña decidida de erradicación del terrorismo, una reforma constitucional que reordenara de forma drástica el proceso autonómico para limitarlo en la mayor medida posible, la pacificación de la conflictividad laboral y, finalmente, la definición del encaje internacional de España, en particular en relación con la OTAN. Concluido su mandato, se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones generales.

Entre los nombres considerados para encabezar ese hipotético Gobierno fue cobrando fuerza el del general Alfonso Armada, quien gozaba de prestigio en el Ejército, mantenía una estrecha relación con la Casa Real (había sido tutor y secretario personal de Juan Carlos I) y no estaba identificado con los sectores más ultras del estamento militar, circunstancia que podía facilitar su aceptación por parte de distintas fuerzas políticas.

El CESID sondeó discretamente a responsables políticos de diverso signo, así como a periodistas, directores de medios y empresarios, con el fin de evaluar la viabilidad de la denominada “Solución Armada”, y la acogida fue mayoritariamente favorable. En el ámbito partidista, sectores críticos de la UCD y dirigentes de Alianza Popular, del PSOE e incluso del Partido Comunista de España (aunque posteriormente Santiago Carrillo afirmaría desconocer tales contactos) habrían mostrado su disposición a aceptar un Gobierno de esas características, siempre que se les garantizara en él una cuota de poder acorde con sus expectativas.


Operación De Gaulle


Ahora bien, ¿cómo podía instaurarse un gobierno de esa naturaleza? ¿Cómo justificar la llegada al poder de una fórmula política que no emanaba de las urnas y que colisionaba frontalmente con el ejecutivo legítimo de Adolfo Suárez?

El CESID contempló entonces la denominada Operación De Gaulle. En 1958, el general Charles de Gaulle accedió al poder en Francia mediante una solución política de compromiso en el contexto de una grave crisis institucional vinculada a la insurrección de sectores del Ejército en Argelia. Extrapolando aquella experiencia al caso español, la Solución Armada sólo resultaría viable si se producía en España lo que, en la terminología del CESID, se definía como un SAM (Supuesto Anticonstitucional Máximo): una situación de crisis política e institucional de tal magnitud que únicamente pudiera resolverse mediante una fórmula excepcional, ajena al funcionamiento ordinario de las instituciones. Un ejemplo de SAM sería un golpe de Estado militar.

El plan perseguía así un doble objetivo. Por un lado, reconducir las distintas tramas golpistas ya existentes (la articulada en torno a Antonio Tejero y la denominada “trama de los coroneles”) hacia una operación única, bajo control del propio CESID, que escenificara un intento de golpe mediante la toma del Congreso, neutralizando de forma definitiva esas iniciativas. Por otro, aprovechar ese intento para que el general Alfonso Armada pudiera presentarse como solución a la crisis, postulándose como presidente de un Gobierno de concentración nacional respaldado por la mayoría de fuerzas parlamentarias, las cuales ignorarían su connivencia con los golpistas. El Congreso lo investiría presidente y, ya en el cargo, Armada designaría a sus ministros entre los partidos que hubieran apoyado su investidura. De este modo, un “golpe duro” de carácter militar serviría para legitimar un posterior “golpe blando” de naturaleza política.

Para ejecutar este planteamiento, el CESID designó como cabezas visibles del “golpe duro” al teniente coronel Tejero y al capitán general Jaime Milans del Bosch, notorio monárquico, quienes responderían únicamente ante Armada. Éste, a su vez, se coordinaría con la Casa Real para que Juan Carlos I, en su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas, pudiera mantener el control de la situación. La información fue rigurosamente compartimentada: sólo la Casa Real conocía el verdadero alcance del plan, mientras que a Tejero se le ocultó que el objetivo último del golpe era legitimar ante la opinión pública la Solución Armada. Esa circunstancia, como veremos, acabaría frustrando la operación.

En medio de estos preparativos, y de manera inesperada, se produjo la dimisión de Suárez, motivada por las intensas presiones acumuladas durante meses y por el malestar, ya notorio, de amplios sectores militares hacia su Gobierno (“dimito para que la democracia no sea de nuevo un breve paréntesis en la historia de España”, declaró en su comunicado). Sin embargo, la operación había alcanzado un punto difícilmente reversible, y tampoco parecía probable que el nuevo ejecutivo que iba a encabezar Leopoldo Calvo-Sotelo pudiera adoptar por sí solo las medidas que, a juicio del CESID, de determinados mandos militares, de la Casa Real y del Gobierno de los EE UU, España necesitaba con urgencia.


El golpe


Finalmente, el 23 de febrero de 1981, a las 18:22, el teniente coronel Antonio Tejero, al frente de 288 guardias civiles, ocupó el Congreso de los Diputados en plena sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del gobierno. De forma simultánea, las unidades acorazadas bajo el mando del capitán general Jaime Milans del Bosch salieron a las calles de Valencia (tanques sin munición que, de manera llamativa, respetaban incluso los semáforos), mientras la División Acorazada Brunete tomaba diversos puntos estratégicos de Madrid, entre ellos varias emisoras de radio y las instalaciones de RTVE. Los golpistas afirmaban actuar en nombre del rey y parecían convencidos de contar con su respaldo, pues en ningún momento intentaron cortar las comunicaciones del Palacio de la Zarzuela para impedir una eventual desautorización por parte de la Casa Real.

Entretanto, el secretario de Estado de los EE UU, Alexander Haig, declaró ante la prensa que el golpe constituía un “asunto interno” de España, sugiriendo así que su gobierno no consideraba necesaria una intervención para impedirlo.

En el interior del hemiciclo, los asaltantes comunicaron a los diputados que sólo restaba esperar a “la autoridad competente, militar por supuesto”, para que impartiera las órdenes oportunas. En efecto, alrededor de la medianoche el general Alfonso Armada acudió al Congreso para reunirse en privado con Tejero y transmitirle que debía retirarse, a fin de que él pudiera ser investido presidente del Gobierno por el Parlamento. Armada llevaba consigo una lista manuscrita con los nombres de quienes integrarían su ejecutivo, que leyó en voz alta durante la conversación. Fuera del despacho donde se celebró la reunión, la doctora Carmen Echave pudo escuchar parte del diálogo y anotó en su libreta la composición del Gobierno proyectado y las carteras asignadas:

Felipe González: vicepresidente para Asuntos Políticos

José María López de Letona (banquero): vicepresidente para Asuntos Económicos

Gregorio Peces-Barba (PSOE): Justicia

Enrique Múgica (PSOE): Sanidad

Javier Solana (PSOE): Transportes

Jordi Solé Tura (PCE): Trabajo

Ramón Tamames (PCE): Economía

Manuel Fraga (AP): Defensa

Pío Cabanillas (UCD): Hacienda

José Luis Álvarez Álvarez (UCD): Obras Públicas

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD): Educación

Agustín Rodríguez Sahagún (UCD): Industria

José María de Areilza (UCD): Asuntos Exteriores

Carlos Ferrer Salat (presidente de la CEOE): Comercio

Luis María Ansón (director de la Agencia EFE): Información

Antonio Garrigues Walker (abogado): Cultura

José Antonio Sáenz de Santamaría (general del Ejército): Autonomías

Manuel Saavedra Palmeiro (general del Ejército): Interior.


El fracaso de la operación


Al escuchar la relación de ministros proyectada, Antonio Tejero se negó en redondo a retirarse. Afirmó que no se estaba “jugando el tipo para instaurar un gobierno con los comunistas”, y de poco sirvieron los intentos telefónicos de Jaime Milans del Bosch para persuadirlo de que acatara la propuesta de Alfonso Armada. La discusión alcanzó tal grado de tensión que Tejero expulsó a Armada del Congreso, desbaratando así toda la operación.

A partir de ese momento, varios de los implicados comenzaron a comprender que era necesario replegarse y cortar cualquier vínculo con la acción de Tejero e incluso con el propio Armada. En ese contexto se enmarca la intensa actividad de Juan Carlos I, quien telefoneó a los capitanes generales para recabar su posicionamiento en contra del golpe, así como su intervención televisada (¡a la 1:14 de la madrugada!) en la que comunicó al país su rechazo a la asonada y su defensa del orden constitucional.

Durante el posterior consejo de guerra, Armada solicitó autorización al Rey para utilizar en su defensa determinadas conversaciones mantenidas entre ambos en los días previos al 23-F. La petición fue denegada, y Armada fue condenado a treinta años de prisión, de los que cumplió finalmente siete (fue indultado por el gobierno de Felipe González). Años más tarde, en unas conversaciones privadas con la vedete Bárbara Rey, Juan Carlos I aludía al silencio mantenido por Armada durante su encarcelamiento, destacando que “nunca ha dicho ni una palabra”.

El golpe fracasó… pero no por completo. Es cierto que Armada no llegó a ser investido presidente, que no se constituyó el gobierno de concentración nacional proyectado y que probablemente no se aplicaron todas las medidas previstas por quienes impulsaron la operación. Sin embargo, apenas dos días después de la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el 25 de febrero de 1981, su gobierno inició el proceso de incorporación de España a la OTAN. En junio de 1982, la UCD y el PSOE aprobaron la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), con el propósito de limitar el desarrollo de los estatutos de autonomía (si bien gran parte de la norma sería posteriormente declarada inconstitucional). Y en 1983, ya bajo el ejecutivo del PSOE, se crearon los GAL, inaugurándose la denominada “guerra sucia” contra ETA.


Los documentos aún sin desclasificar


Todos estos pormenores son desconocidos en buena medida por el gran público, entre otras razones porque los documentos más sensibles relacionados con aquellos hechos continúan clasificados. Entre ellos se encuentran, según distintas fuentes, los siguientes:

• Un informe de aproximadamente veinte folios, redactado y firmado de puño y letra por el general Alfonso Armada, en el que se detallarían los extremos del plan y la composición íntegra del gobierno proyectado.

• Una carta escrita por el propio Armada antes del juicio, fechada el 23 de marzo de 1981, en la que solicitaba a Juan Carlos I (invocando “el honor de mis hijos y de mi familia”) autorización para utilizar durante el consejo de guerra parte del “contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual”, mantenida días antes del golpe.

• Diversos edictos redactados por los golpistas para ser difundidos públicamente en caso de éxito de la asonada.

• Un informe en el que Enrique Múgica detallaba al PSOE el contenido de su reunión con Armada en Lérida.

• El denominado informe «Delta Sur», que evaluaba la actitud de cada mando del CESID ante un eventual cambio de régimen.

• Informes de vigilancia que incluirían fotografías de reuniones conspirativas celebradas en distintos puntos de Madrid.

• Grabaciones de las conversaciones telefónicas realizadas de oficio por el CESID durante la noche del 23 de febrero, entre el Palacio de la Zarzuela, la sede de la Junta de Jefes del Estado Mayor y las distintas capitanías generales, entre otros interlocutores.

Tal vez algún día la ciudadanía española pueda acceder a esta documentación y conocer con precisión el verdadero alcance del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.


©JRGA

[EL POSTIGUET]

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La cosa es mucho más sencilla. España es muy dada al esperpento, al sainete del que ya conocemos el llamado "transición" pero la realidad es que el rey Juan Carlos, del que no olvidemos fue impuesto por Franco, y que el propio rey juró las leyes del Movimiento (y jurar es colocar ante dios que cumplirá y las haría cumplir) no alcanzó el apoyo y admiración del pueblo como deseaban, y su prestigio se desmoronaba, ante la izquierda y ante la derecha, por lo tanto había que hacer algo para ensalzarlo y llevarlo en volandas por los pueblos de España como nuevo salvador. Para ello nada mejor que un espectáculo en donde el pueblo sintiera el ruido de sables franquistas y el hedor de una nueva dictadura, y él, por su poder, presentarse como el líder que ofrecía al pueblo libertad y democracia.

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[Asimov]

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La cosa es mucho más sencilla. España es muy dada al esperpento, al sainete del que ya conocemos el llamado "transición" pero la realidad es que el rey Juan Carlos, del que no olvidemos fue impuesto por Franco, y que el propio rey juró las leyes del Movimiento (y jurar es colocar ante dios que cumplirá y las haría cumplir) no alcanzó el apoyo y admiración del pueblo como deseaban, y su prestigio se desmoronaba, ante la izquierda y ante la derecha, por lo tanto había que hacer algo para ensalzarlo y llevarlo en volandas por los pueblos de España como nuevo salvador. Para ello nada mejor que un espectáculo en donde el pueblo sintiera el ruido de sables franquistas y el hedor de una nueva dictadura, y él, por su poder, presentarse como el líder que ofrecía al pueblo libertad y democracia.

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Las explicaciones simples son mucho más fáciles de asimilar, sobre todo cuando coinciden con nuestros prejuicios ideológicos y políticos.

[EL POSTIGUET]

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La cosa es mucho más sencilla. España es muy dada al esperpento, al sainete del que ya conocemos el llamado "transición" pero la realidad es que el rey Juan Carlos, del que no olvidemos fue impuesto por Franco, y que el propio rey juró las leyes del Movimiento (y jurar es colocar ante dios que cumplirá y las haría cumplir) no alcanzó el apoyo y admiración del pueblo como deseaban, y su prestigio se desmoronaba, ante la izquierda y ante la derecha, por lo tanto había que hacer algo para ensalzarlo y llevarlo en volandas por los pueblos de España como nuevo salvador. Para ello nada mejor que un espectáculo en donde el pueblo sintiera el ruido de sables franquistas y el hedor de una nueva dictadura, y él, por su poder, presentarse como el líder que ofrecía al pueblo libertad y democracia.

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Las explicaciones simples son mucho más fáciles de asimilar, sobre todo cuando coinciden con nuestros prejuicios ideológicos y políticos.

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Que se nos quiera engañar pues hasta cierto punto es comprensible, sobre todo desde el poder cuando se tiene, por inercia, la idea de que el pueblo es fácilmente maleable, pero yo lo veo desde mi atalaya como cada cual puede verla desde la suya, cosa que yo acepto como lógica. Pero tras el 23 F, el rey y la reina, fueron llevados por provincias y saliendo al balcón de ayuntamientos, diputaciones o casinos, ser aclamados por el pueblo, con la intencionalidad de que se olvidara que era un rey elegido por el tirano, al que no le correspondía la corona por orden sucesoria como son las monarquías, pero que al jurar Juan Carlos las leyes del Movimiento procuraría, juntamente con Suárez, que la dictadura fuese blanqueada como si no hubiese pasado nada del negro al blanco.

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[Edison]

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El 23 de julio por la tarde, el Generalísimo fue con el Príncipe a las Cortes. Una vez fueron saludados por el gobierno en pleno, el Caudillo, seguido de don Juan Carlos, penetró en el hemiciclo a través del salón de conferencias. En el estrado presidencial, el Jefe del Estado tenía a su derecha al presidente de las Cortes y a su izquierda al Príncipe. Una ovación que duró más de un minuto acogió la presencia de Franco. Hecho el silencio, el Jefe del Estado dijo que se iba a reanudar la sesión de ayer para el preceptivo juramento del Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Eran las siete de la tarde cuando el primer secretario, don Tomás Romojaro Sánchez, procedió a la lectura del acta levantada por el ministro de Justicia y Notario del Reino, don Antonio María de Oriol y Urquijo, esta mañana en el Palacio de la Zarzuela.

A su término, el Jefe del Estado anunció que se iba a proceder a tomar juramento al Príncipe.

Don Juan Carlos pasó entonces a la derecha de Franco. El silencio en la Cámara era absoluto. Ante el Jefe del Estado y el presidente de las Cortes, el Príncipe hincó las rodillas sobre un cojín de terciopelo granate, colocado sobre una tarima de madera. Sobre la mesa, el libro de los Santos Evangelios, el mismo en el que prestaron juramento la Reina María Cristina, como Regente, y el Rey Alfonso XIII, bisabuela y abuelo, respectivamente del Príncipe don Juan Carlos.

El presidente de las Cortes preguntó al Príncipe:

– En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del Reino?

– Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.

El presidente de las Cortes, don Antonio Iturmendi Bañales, concluyó

– Si así lo hiciereis que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.

https://www.generalisimofranco.com/HIST ... to_rey.htm

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El 23 de julio por la tarde, el Generalísimo fue con el Príncipe a las Cortes. Una vez fueron saludados por el gobierno en pleno, el Caudillo, seguido de don Juan Carlos, penetró en el hemiciclo a través del salón de conferencias. En el estrado presidencial, el Jefe del Estado tenía a su derecha al presidente de las Cortes y a su izquierda al Príncipe. Una ovación que duró más de un minuto acogió la presencia de Franco. Hecho el silencio, el Jefe del Estado dijo que se iba a reanudar la sesión de ayer para el preceptivo juramento del Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Eran las siete de la tarde cuando el primer secretario, don Tomás Romojaro Sánchez, procedió a la lectura del acta levantada por el ministro de Justicia y Notario del Reino, don Antonio María de Oriol y Urquijo, esta mañana en el Palacio de la Zarzuela.

A su término, el Jefe del Estado anunció que se iba a proceder a tomar juramento al Príncipe.

Don Juan Carlos pasó entonces a la derecha de Franco. El silencio en la Cámara era absoluto. Ante el Jefe del Estado y el presidente de las Cortes, el Príncipe hincó las rodillas sobre un cojín de terciopelo granate, colocado sobre una tarima de madera. Sobre la mesa, el libro de los Santos Evangelios, el mismo en el que prestaron juramento la Reina María Cristina, como Regente, y el Rey Alfonso XIII, bisabuela y abuelo, respectivamente del Príncipe don Juan Carlos.

El presidente de las Cortes preguntó al Príncipe:

– En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del Reino?

– Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.

El presidente de las Cortes, don Antonio Iturmendi Bañales, concluyó

– Si así lo hiciereis que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.

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Al parece España es el país de los perjuros, porque el mismo Franco juró fidelidad a la República que luego la atacaría salvajemente porque no le dieron el cargo al que aspiraba.

Perjuro es la persona que comete perjurio, y esto significa la acción de jurar en falso: el perjurio puede constituir un delito; delito que comete la persona que quebranta la fe jurada.

Y como jurar es poner a dios por testigo de que se dice verdad, vaya panda de granujas que hay en España, cuando reírse de dios jurando en falso no representa nada para la iglesia católica, que introduce al perjuro bajo palio como hace con lo que ella llama la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo... ¿Se dan cuenta por qué digo que en España los sainetes y comedias bufas están a la orden del día? Si alguna vez me veo frente a un juez que me obliga a jurar ante la Biblia, antes le preguntaré si he de jurar como hizo Franco y el rey, o sea, riéndome del juramento...

En definitiva que Franco por su parte y Juan Carlos por la suya, cometieron un delito, el de perjurio, que en el caso del militar, es lo más bajo, humillante y deshonroso que se puede hacer. Pero en España se pasa por alto, quizás porque en el fondo todo español es un perjuro. No lo sé...

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[Edison]

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El 23 de julio por la tarde, el Generalísimo fue con el Príncipe a las Cortes. Una vez fueron saludados por el gobierno en pleno, el Caudillo, seguido de don Juan Carlos, penetró en el hemiciclo a través del salón de conferencias. En el estrado presidencial, el Jefe del Estado tenía a su derecha al presidente de las Cortes y a su izquierda al Príncipe. Una ovación que duró más de un minuto acogió la presencia de Franco. Hecho el silencio, el Jefe del Estado dijo que se iba a reanudar la sesión de ayer para el preceptivo juramento del Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Eran las siete de la tarde cuando el primer secretario, don Tomás Romojaro Sánchez, procedió a la lectura del acta levantada por el ministro de Justicia y Notario del Reino, don Antonio María de Oriol y Urquijo, esta mañana en el Palacio de la Zarzuela.

A su término, el Jefe del Estado anunció que se iba a proceder a tomar juramento al Príncipe.

Don Juan Carlos pasó entonces a la derecha de Franco. El silencio en la Cámara era absoluto. Ante el Jefe del Estado y el presidente de las Cortes, el Príncipe hincó las rodillas sobre un cojín de terciopelo granate, colocado sobre una tarima de madera. Sobre la mesa, el libro de los Santos Evangelios, el mismo en el que prestaron juramento la Reina María Cristina, como Regente, y el Rey Alfonso XIII, bisabuela y abuelo, respectivamente del Príncipe don Juan Carlos.

El presidente de las Cortes preguntó al Príncipe:

– En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del Reino?

– Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.

El presidente de las Cortes, don Antonio Iturmendi Bañales, concluyó

– Si así lo hiciereis que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.

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Al parece España es el país de los perjuros, porque el mismo Franco juró fidelidad a la República que luego la atacaría salvajemente porque no le dieron el cargo al que aspiraba.

Perjuro es la persona que comete perjurio, y esto significa la acción de jurar en falso: el perjurio puede constituir un delito; delito que comete la persona que quebranta la fe jurada.

Y como jurar es poner a dios por testigo de que se dice verdad, vaya panda de granujas que hay en España, cuando reírse de dios jurando en falso no representa nada para la iglesia católica, que introduce al perjuro bajo palio como hace con lo que ella llama la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo... ¿Se dan cuenta por qué digo que en España los sainetes y comedias bufas están a la orden del día? Si alguna vez me veo frente a un juez que me obliga a jurar ante la Biblia, antes le preguntaré si he de jurar como hizo Franco y el rey, o sea, riéndome del juramento...

En definitiva que Franco por su parte y Juan Carlos por la suya, cometieron un delito, el de perjurio, que en el caso del militar, es lo más bajo, humillante y deshonroso que se puede hacer. Pero en España se pasa por alto, quizás porque en el fondo todo español es un perjuro. No lo sé...

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Bueno, aún recuerdo la jaimitada del juramento a la bandera. Y lo peor es que a los que nos declarábamos ateos, agnósticos y similares, nos tocó hacer una ceremonia privada en el despacho del coronel.

[EL POSTIGUET]

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El 23 de julio por la tarde, el Generalísimo fue con el Príncipe a las Cortes. Una vez fueron saludados por el gobierno en pleno, el Caudillo, seguido de don Juan Carlos, penetró en el hemiciclo a través del salón de conferencias. En el estrado presidencial, el Jefe del Estado tenía a su derecha al presidente de las Cortes y a su izquierda al Príncipe. Una ovación que duró más de un minuto acogió la presencia de Franco. Hecho el silencio, el Jefe del Estado dijo que se iba a reanudar la sesión de ayer para el preceptivo juramento del Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Eran las siete de la tarde cuando el primer secretario, don Tomás Romojaro Sánchez, procedió a la lectura del acta levantada por el ministro de Justicia y Notario del Reino, don Antonio María de Oriol y Urquijo, esta mañana en el Palacio de la Zarzuela.

A su término, el Jefe del Estado anunció que se iba a proceder a tomar juramento al Príncipe.

Don Juan Carlos pasó entonces a la derecha de Franco. El silencio en la Cámara era absoluto. Ante el Jefe del Estado y el presidente de las Cortes, el Príncipe hincó las rodillas sobre un cojín de terciopelo granate, colocado sobre una tarima de madera. Sobre la mesa, el libro de los Santos Evangelios, el mismo en el que prestaron juramento la Reina María Cristina, como Regente, y el Rey Alfonso XIII, bisabuela y abuelo, respectivamente del Príncipe don Juan Carlos.

El presidente de las Cortes preguntó al Príncipe:

– En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del Reino?

– Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.

El presidente de las Cortes, don Antonio Iturmendi Bañales, concluyó

– Si así lo hiciereis que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.

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Al parece España es el país de los perjuros, porque el mismo Franco juró fidelidad a la República que luego la atacaría salvajemente porque no le dieron el cargo al que aspiraba.

Perjuro es la persona que comete perjurio, y esto significa la acción de jurar en falso: el perjurio puede constituir un delito; delito que comete la persona que quebranta la fe jurada.

Y como jurar es poner a dios por testigo de que se dice verdad, vaya panda de granujas que hay en España, cuando reírse de dios jurando en falso no representa nada para la iglesia católica, que introduce al perjuro bajo palio como hace con lo que ella llama la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo... ¿Se dan cuenta por qué digo que en España los sainetes y comedias bufas están a la orden del día? Si alguna vez me veo frente a un juez que me obliga a jurar ante la Biblia, antes le preguntaré si he de jurar como hizo Franco y el rey, o sea, riéndome del juramento...

En definitiva que Franco por su parte y Juan Carlos por la suya, cometieron un delito, el de perjurio, que en el caso del militar, es lo más bajo, humillante y deshonroso que se puede hacer. Pero en España se pasa por alto, quizás porque en el fondo todo español es un perjuro. No lo sé...

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Bueno, aún recuerdo la jaimitada del juramento a la bandera. Y lo peor es que a los que nos declarábamos ateos, agnósticos y similares, nos tocó hacer una ceremonia privada en el despacho del coronel.

*
Hay dos grandes personajes (o personajillos) de España, muy españolazos ellos, de bandera rojigualda hasta en el mantel de su comedor, que se escabulleron de la mili, ya que para ellos la patria no necesita de juramentos de entregar hasta la última gota de su sangre, sino de hacerse (cuando toque) con todo el dineral que puedas... y sin trabajar como Abascal, pues Asnar creo que trabajó algo para el Estado.

*

[Asimov]

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La cosa es mucho más sencilla. España es muy dada al esperpento, al sainete del que ya conocemos el llamado "transición" pero la realidad es que el rey Juan Carlos, del que no olvidemos fue impuesto por Franco, y que el propio rey juró las leyes del Movimiento (y jurar es colocar ante dios que cumplirá y las haría cumplir) no alcanzó el apoyo y admiración del pueblo como deseaban, y su prestigio se desmoronaba, ante la izquierda y ante la derecha, por lo tanto había que hacer algo para ensalzarlo y llevarlo en volandas por los pueblos de España como nuevo salvador. Para ello nada mejor que un espectáculo en donde el pueblo sintiera el ruido de sables franquistas y el hedor de una nueva dictadura, y él, por su poder, presentarse como el líder que ofrecía al pueblo libertad y democracia.

*

Las explicaciones simples son mucho más fáciles de asimilar, sobre todo cuando coinciden con nuestros prejuicios ideológicos y políticos.

*

Que se nos quiera engañar pues hasta cierto punto es comprensible, sobre todo desde el poder cuando se tiene, por inercia, la idea de que el pueblo es fácilmente maleable, pero yo lo veo desde mi atalaya como cada cual puede verla desde la suya, cosa que yo acepto como lógica. Pero tras el 23 F, el rey y la reina, fueron llevados por provincias y saliendo al balcón de ayuntamientos, diputaciones o casinos, ser aclamados por el pueblo, con la intencionalidad de que se olvidara que era un rey elegido por el tirano, al que no le correspondía la corona por orden sucesoria como son las monarquías, pero que al jurar Juan Carlos las leyes del Movimiento procuraría, juntamente con Suárez, que la dictadura fuese blanqueada como si no hubiese pasado nada del negro al blanco.

*

Que se aprovecharon las circunstancias para mejorar la imagen del monarca, es una cosa. Que la única finalidad del golpe fuese esa, es otra muy distinta, y no se compadece con el conocimiento que se tiene a día de hoy de ese golpe.

[Asimov]

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El 23 de julio por la tarde, el Generalísimo fue con el Príncipe a las Cortes. Una vez fueron saludados por el gobierno en pleno, el Caudillo, seguido de don Juan Carlos, penetró en el hemiciclo a través del salón de conferencias. En el estrado presidencial, el Jefe del Estado tenía a su derecha al presidente de las Cortes y a su izquierda al Príncipe. Una ovación que duró más de un minuto acogió la presencia de Franco. Hecho el silencio, el Jefe del Estado dijo que se iba a reanudar la sesión de ayer para el preceptivo juramento del Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Eran las siete de la tarde cuando el primer secretario, don Tomás Romojaro Sánchez, procedió a la lectura del acta levantada por el ministro de Justicia y Notario del Reino, don Antonio María de Oriol y Urquijo, esta mañana en el Palacio de la Zarzuela.

A su término, el Jefe del Estado anunció que se iba a proceder a tomar juramento al Príncipe.

Don Juan Carlos pasó entonces a la derecha de Franco. El silencio en la Cámara era absoluto. Ante el Jefe del Estado y el presidente de las Cortes, el Príncipe hincó las rodillas sobre un cojín de terciopelo granate, colocado sobre una tarima de madera. Sobre la mesa, el libro de los Santos Evangelios, el mismo en el que prestaron juramento la Reina María Cristina, como Regente, y el Rey Alfonso XIII, bisabuela y abuelo, respectivamente del Príncipe don Juan Carlos.

El presidente de las Cortes preguntó al Príncipe:

– En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del Reino?

– Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.

El presidente de las Cortes, don Antonio Iturmendi Bañales, concluyó

– Si así lo hiciereis que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.

https://www.generalisimofranco.com/HIST ... to_rey.htm

*
Al parece España es el país de los perjuros, porque el mismo Franco juró fidelidad a la República que luego la atacaría salvajemente porque no le dieron el cargo al que aspiraba.

Perjuro es la persona que comete perjurio, y esto significa la acción de jurar en falso: el perjurio puede constituir un delito; delito que comete la persona que quebranta la fe jurada.

Y como jurar es poner a dios por testigo de que se dice verdad, vaya panda de granujas que hay en España, cuando reírse de dios jurando en falso no representa nada para la iglesia católica, que introduce al perjuro bajo palio como hace con lo que ella llama la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo... ¿Se dan cuenta por qué digo que en España los sainetes y comedias bufas están a la orden del día? Si alguna vez me veo frente a un juez que me obliga a jurar ante la Biblia, antes le preguntaré si he de jurar como hizo Franco y el rey, o sea, riéndome del juramento...

En definitiva que Franco por su parte y Juan Carlos por la suya, cometieron un delito, el de perjurio, que en el caso del militar, es lo más bajo, humillante y deshonroso que se puede hacer. Pero en España se pasa por alto, quizás porque en el fondo todo español es un perjuro. No lo sé...

*

Pues lo cierto es que Juan Carlos I fue un poco menos perjuro de lo que podría pensarse (y mucho menos que otros líderes políticos), porque, a pesar de que la Constitución lo preveía (en su artículo 61.1), no juró la Constitución. Cuando décadas después alguien hizo notar ese detalle, se ampararon en la excusa de que ese artículo se refería al momento en que Juan Carlos fuese proclamado rey, y como ya había sido proclamado como tal en 1975, no era necesario proclamarle de nuevo. Pero los constituyentes en 1978 ya sabían que Juan Carlos había sido proclamado rey en 1975, lo que significa que preveían que fuese proclamado de nuevo, esta vez de forma completamente democrática: no por las Cortes franquistas sino por el Parlamento democrático, y jurando la Constitución en vez de los Principios Fundamentales del Movimiento.

Pero el caso es que Juan Carlos jamás juró la Constitución, así que puede decirse que se mantuvo fiel a los Principios Fundamentales.

Otro debate es si la Constitución se contradice con los Principios Fundamentales, y si es incompatible jurar primero una cosa y luego otra. Podría alegarse que no, teniendo en cuenta que no hubo una ruptura como tal entre ambos sistemas y que, de hecho, se nos llevó " de la ley a la ley, a través de la ley".

[EL POSTIGUET]

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Otro debate es si la Constitución se contradice con los Principios Fundamentales, y si es incompatible jurar primero una cosa y luego otra. Podría alegarse que no, teniendo en cuenta que no hubo una ruptura como tal entre ambos sistemas y que, de hecho, se nos llevó " de la ley a la ley, a través de la ley".

*

Eso es lo que mantengo desde hace años, que la transición no fue más que un timo para blanquear la dictadura, cambiando el nombre a democracia, unos pequeños cambios, y gobernar y dominar el Estado los mismos, salvo que se fueron agregando algunos, como el rojillo (valga la expresión en plan guasa) del gitano (como así lo llamó su compinche Asnar) de González.

En fin, un sainete, un vodevil de lo más cutre, sólo les faltó cantar "el Pichi" para darle ambiente musical.

*

[Nowomowa]

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Hace unos meses escribí este artículo sobre el tema del 23:F:

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El golpe desconocido

Por razones no demasiado claras, el gobierno de Pedro Sánchez realizó el pasado 25 de febrero una desclasificación de documentos secretos asegurando que se trataba de “los documentos del 23-F”. Sin embargo, lo que se hizo público fue una serie de documentos que, para buena parte de la opinión pública, resultaron bastante decepcionantes. Y es que entre ellos se han incluido desde documentos que ya eran públicos desde hacía tiempo hasta documentos anónimos de escasa relevancia. En realidad, los documentos que se han publicado no son los documentos del 23-F como tales, sino más bien unos documentos relacionados con el golpe que no aportan prácticamente información novedosa alguna, pero que sin duda han permitido al gobierno escenificar un gesto de transparencia con evidente rentabilidad propagandística.

¿Por qué no se han desclasificado entonces todos los documentos del 23-F? Fundamentalmente porque la opinión pública desconoce qué sucedió realmente ese día, y no llega a comprender del todo el verdadero alcance del golpe de Estado. Y es que la tesis según la cual la intentona fue obra de un reducido grupo de militares nostálgicos que pretendían restaurar una dictadura semejante a la franquista, por muy generalizada que esté entre la población española e incluso entre no pocos periodistas, no se sostiene a la luz de los hechos históricos conocidos.

La realidad fue bastante más compleja, y para entenderla plenamente es imprescindible situarse en el contexto de 1980.


España en 1980


España sufría por entonces los efectos persistentes de la crisis del petróleo de los años 70: una inflación situada en torno al 15–20%, un desempleo en aumento y una conflictividad laboral constante que erosionaban la estabilidad económica y social. Al mismo tiempo, el terrorismo y la violencia política se habían extendido por todo el país, alcanzando en el País Vasco niveles especialmente graves. ETA se encontraba en su momento más sangriento (1980 fue el año con mayor número de asesinatos cometidos por la organización, con 98 víctimas), mientras actuaban también otros grupos terroristas de extrema izquierda como los GRAPO o Terra Lliure. Paralelamente, operaban diversas redes parapoliciales y organizaciones de extrema derecha, entre ellas el Batallón Vasco Español, la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) o los Guerrilleros de Cristo Rey, grupos cuyos ataques terroristas se vieron favorecidos por la pasividad, cuando no la connivencia, de unas fuerzas de seguridad heredadas del franquismo.

Al menos una parte de toda esta actividad terrorista era utilizada como una herramienta de chantaje por parte de determinados poderes internacionales. Por aquellas fechas, el gobierno de EE UU presionaba cada vez con mayor insistencia para que España ingresara en la OTAN, una opción a la que el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se resistía en ese momento ("aún no sé si ETA está pagada con rublos o con dólares", dijo en alguna ocasión para justificar su negativa a unirse a la alianza atlántica), y el entonces ministro de la Presidencia en 1979, José Manuel Otero Novas, desveló posteriormente la amenaza explícita de EE UU de que apoyaría al MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario) y la independencia de las islas Canarias si España no se integraba en el bloque atlántico. Conviene recordar que la actividad terrorista del MPAIAC se hallaba entonces en aumento, y que además fue responsable de colocar un artefacto explosivo cuya amenaza provocó el desvío de vuelos que confluyeron en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) desencadenando el accidente de 1977 en el que murieron 583 personas.

A este conjunto de tensiones se sumaba el auge de los nacionalismos periféricos. Los nacionalismos vasco y catalán habían impulsado un proceso autonómico que estaba culminando en la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña, cuyos amplios marcos competenciales eran interpretados por los sectores más centralistas como una amenaza para la unidad del Estado. Era un modelo que comenzaba a extenderse al resto de regiones del país.


Ruido de sables


Todo ello se desarrollaba en un contexto de creciente debilidad política del gobierno. La Unión de Centro Democrático (UCD), formación gobernante, atravesaba divisiones internas constantes y perdía apoyos parlamentarios, lo que alimentaba una sensación cada vez más extendida de desorientación y pérdida de control. La presión simultánea de la derecha franquista, la izquierda, los nacionalistas y el terrorismo contribuía a extender la percepción de que el sistema democrático (aún reciente y frágil) podía verse seriamente comprometido.

Pese a la gravedad de la situación y a las crecientes presiones para que abandonara el cargo y facilitara un relevo político, Adolfo Suárez se resistía a dimitir. Seguía gozando de una enorme popularidad sustentada no sólo en su indudable carisma sino sobre todo en su papel decisivo como artífice de una transición que había puesto fin a cuatro décadas de dictadura. Por otro lado, al fracasar la moción de censura presentada por el PSOE en mayo de 1980, quedó descartada por el momento la posibilidad de que fuese desalojado del poder por la vía parlamentaria.

Es en este clima de crisis y deterioro institucional cuando comienzan a surgir distintas tramas golpistas en el seno del Ejército.

Una de ellas se articulaba en torno a la figura del teniente coronel Antonio Tejero y planteaba una acción rápida y audaz, ejecutada por una unidad de élite contra puntos neurálgicos del Estado (el Palacio de La Moncloa, las sedes de los ministerios con mayor capacidad decisoria, etc.). La operación debía desencadenar un efecto dominó en el resto de unidades militares, con el objetivo último de instaurar una junta militar que pusiera fin al sistema democrático recientemente establecido.

Más compleja y sofisticada era la llamada “trama de los coroneles”, llamada así porque la mayoría de sus integrantes ostentaban el empleo de coronel o teniente-coronel. Su estrategia no contemplaba una intervención inmediata, sino ir acumulando apoyos paulatinamente mientras la situación política continuaba deteriorándose. El plan consistía en intervenir en el plazo aproximado de uno o dos años, una vez desgastadas políticamente tanto la UCD como el PSOE, para instaurar una república de carácter presidencialista y nacionalista, con un papel protagonista para el Ejército, en el marco de una nueva Constitución que reconociera la existencia de partidos políticos sometidos a límites estrictos.


La Solución Armada


Ante un panorama tan delicado, los mandos militares del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, hoy Centro Nacional de Inteligencia) consideraron que la solución para España pasaba por un nuevo Gobierno capaz de dar un "golpe de timón" (expresión entonces muy en boga) y afrontar con mayor determinación los principales problemas del país, incluso a costa de adoptar medidas impopulares. Para ello, estimaban imprescindible contar con un respaldo político y parlamentario lo más amplio posible.

La fórmula diseñada consistía en un gobierno de concentración nacional en el que estuviera representado todo el arco parlamentario (con exclusión de los partidos nacionalistas), con cierta presencia militar y la incorporación de personalidades civiles independientes. Al frente del ejecutivo se situaría un general apartidista y de reconocido prestigio, capaz de concitar amplios apoyos.

La finalidad de tal gobierno no sería interrumpir el sistema democrático recién instaurado ni derogar la Constitución, sino constituirse como un ejecutivo transitorio que, durante un periodo limitado (dos o tres años), adoptara las medidas que, a juicio del CESID, resultaban urgentes: una campaña decidida de erradicación del terrorismo, una reforma constitucional que reordenara de forma drástica el proceso autonómico para limitarlo en la mayor medida posible, la pacificación de la conflictividad laboral y, finalmente, la definición del encaje internacional de España, en particular en relación con la OTAN. Concluido su mandato, se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones generales.

Entre los nombres considerados para encabezar ese hipotético Gobierno fue cobrando fuerza el del general Alfonso Armada, quien gozaba de prestigio en el Ejército, mantenía una estrecha relación con la Casa Real (había sido tutor y secretario personal de Juan Carlos I) y no estaba identificado con los sectores más ultras del estamento militar, circunstancia que podía facilitar su aceptación por parte de distintas fuerzas políticas.

El CESID sondeó discretamente a responsables políticos de diverso signo, así como a periodistas, directores de medios y empresarios, con el fin de evaluar la viabilidad de la denominada “Solución Armada”, y la acogida fue mayoritariamente favorable. En el ámbito partidista, sectores críticos de la UCD y dirigentes de Alianza Popular, del PSOE e incluso del Partido Comunista de España (aunque posteriormente Santiago Carrillo afirmaría desconocer tales contactos) habrían mostrado su disposición a aceptar un Gobierno de esas características, siempre que se les garantizara en él una cuota de poder acorde con sus expectativas.


Operación De Gaulle


Ahora bien, ¿cómo podía instaurarse un gobierno de esa naturaleza? ¿Cómo justificar la llegada al poder de una fórmula política que no emanaba de las urnas y que colisionaba frontalmente con el ejecutivo legítimo de Adolfo Suárez?

El CESID contempló entonces la denominada Operación De Gaulle. En 1958, el general Charles de Gaulle accedió al poder en Francia mediante una solución política de compromiso en el contexto de una grave crisis institucional vinculada a la insurrección de sectores del Ejército en Argelia. Extrapolando aquella experiencia al caso español, la Solución Armada sólo resultaría viable si se producía en España lo que, en la terminología del CESID, se definía como un SAM (Supuesto Anticonstitucional Máximo): una situación de crisis política e institucional de tal magnitud que únicamente pudiera resolverse mediante una fórmula excepcional, ajena al funcionamiento ordinario de las instituciones. Un ejemplo de SAM sería un golpe de Estado militar.

El plan perseguía así un doble objetivo. Por un lado, reconducir las distintas tramas golpistas ya existentes (la articulada en torno a Antonio Tejero y la denominada “trama de los coroneles”) hacia una operación única, bajo control del propio CESID, que escenificara un intento de golpe mediante la toma del Congreso, neutralizando de forma definitiva esas iniciativas. Por otro, aprovechar ese intento para que el general Alfonso Armada pudiera presentarse como solución a la crisis, postulándose como presidente de un Gobierno de concentración nacional respaldado por la mayoría de fuerzas parlamentarias, las cuales ignorarían su connivencia con los golpistas. El Congreso lo investiría presidente y, ya en el cargo, Armada designaría a sus ministros entre los partidos que hubieran apoyado su investidura. De este modo, un “golpe duro” de carácter militar serviría para legitimar un posterior “golpe blando” de naturaleza política.

Para ejecutar este planteamiento, el CESID designó como cabezas visibles del “golpe duro” al teniente coronel Tejero y al capitán general Jaime Milans del Bosch, notorio monárquico, quienes responderían únicamente ante Armada. Éste, a su vez, se coordinaría con la Casa Real para que Juan Carlos I, en su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas, pudiera mantener el control de la situación. La información fue rigurosamente compartimentada: sólo la Casa Real conocía el verdadero alcance del plan, mientras que a Tejero se le ocultó que el objetivo último del golpe era legitimar ante la opinión pública la Solución Armada. Esa circunstancia, como veremos, acabaría frustrando la operación.

En medio de estos preparativos, y de manera inesperada, se produjo la dimisión de Suárez, motivada por las intensas presiones acumuladas durante meses y por el malestar, ya notorio, de amplios sectores militares hacia su Gobierno (“dimito para que la democracia no sea de nuevo un breve paréntesis en la historia de España”, declaró en su comunicado). Sin embargo, la operación había alcanzado un punto difícilmente reversible, y tampoco parecía probable que el nuevo ejecutivo que iba a encabezar Leopoldo Calvo-Sotelo pudiera adoptar por sí solo las medidas que, a juicio del CESID, de determinados mandos militares, de la Casa Real y del Gobierno de los EE UU, España necesitaba con urgencia.


El golpe


Finalmente, el 23 de febrero de 1981, a las 18:22, el teniente coronel Antonio Tejero, al frente de 288 guardias civiles, ocupó el Congreso de los Diputados en plena sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del gobierno. De forma simultánea, las unidades acorazadas bajo el mando del capitán general Jaime Milans del Bosch salieron a las calles de Valencia (tanques sin munición que, de manera llamativa, respetaban incluso los semáforos), mientras la División Acorazada Brunete tomaba diversos puntos estratégicos de Madrid, entre ellos varias emisoras de radio y las instalaciones de RTVE. Los golpistas afirmaban actuar en nombre del rey y parecían convencidos de contar con su respaldo, pues en ningún momento intentaron cortar las comunicaciones del Palacio de la Zarzuela para impedir una eventual desautorización por parte de la Casa Real.

Entretanto, el secretario de Estado de los EE UU, Alexander Haig, declaró ante la prensa que el golpe constituía un “asunto interno” de España, sugiriendo así que su gobierno no consideraba necesaria una intervención para impedirlo.

En el interior del hemiciclo, los asaltantes comunicaron a los diputados que sólo restaba esperar a “la autoridad competente, militar por supuesto”, para que impartiera las órdenes oportunas. En efecto, alrededor de la medianoche el general Alfonso Armada acudió al Congreso para reunirse en privado con Tejero y transmitirle que debía retirarse, a fin de que él pudiera ser investido presidente del Gobierno por el Parlamento. Armada llevaba consigo una lista manuscrita con los nombres de quienes integrarían su ejecutivo, que leyó en voz alta durante la conversación. Fuera del despacho donde se celebró la reunión, la doctora Carmen Echave pudo escuchar parte del diálogo y anotó en su libreta la composición del Gobierno proyectado y las carteras asignadas:

Felipe González: vicepresidente para Asuntos Políticos

José María López de Letona (banquero): vicepresidente para Asuntos Económicos

Gregorio Peces-Barba (PSOE): Justicia

Enrique Múgica (PSOE): Sanidad

Javier Solana (PSOE): Transportes

Jordi Solé Tura (PCE): Trabajo

Ramón Tamames (PCE): Economía

Manuel Fraga (AP): Defensa

Pío Cabanillas (UCD): Hacienda

José Luis Álvarez Álvarez (UCD): Obras Públicas

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD): Educación

Agustín Rodríguez Sahagún (UCD): Industria

José María de Areilza (UCD): Asuntos Exteriores

Carlos Ferrer Salat (presidente de la CEOE): Comercio

Luis María Ansón (director de la Agencia EFE): Información

Antonio Garrigues Walker (abogado): Cultura

José Antonio Sáenz de Santamaría (general del Ejército): Autonomías

Manuel Saavedra Palmeiro (general del Ejército): Interior.


El fracaso de la operación


Al escuchar la relación de ministros proyectada, Antonio Tejero se negó en redondo a retirarse. Afirmó que no se estaba “jugando el tipo para instaurar un gobierno con los comunistas”, y de poco sirvieron los intentos telefónicos de Jaime Milans del Bosch para persuadirlo de que acatara la propuesta de Alfonso Armada. La discusión alcanzó tal grado de tensión que Tejero expulsó a Armada del Congreso, desbaratando así toda la operación.

A partir de ese momento, varios de los implicados comenzaron a comprender que era necesario replegarse y cortar cualquier vínculo con la acción de Tejero e incluso con el propio Armada. En ese contexto se enmarca la intensa actividad de Juan Carlos I, quien telefoneó a los capitanes generales para recabar su posicionamiento en contra del golpe, así como su intervención televisada (¡a la 1:14 de la madrugada!) en la que comunicó al país su rechazo a la asonada y su defensa del orden constitucional.

Durante el posterior consejo de guerra, Armada solicitó autorización al Rey para utilizar en su defensa determinadas conversaciones mantenidas entre ambos en los días previos al 23-F. La petición fue denegada, y Armada fue condenado a treinta años de prisión, de los que cumplió finalmente siete (fue indultado por el gobierno de Felipe González). Años más tarde, en unas conversaciones privadas con la vedete Bárbara Rey, Juan Carlos I aludía al silencio mantenido por Armada durante su encarcelamiento, destacando que “nunca ha dicho ni una palabra”.

El golpe fracasó… pero no por completo. Es cierto que Armada no llegó a ser investido presidente, que no se constituyó el gobierno de concentración nacional proyectado y que probablemente no se aplicaron todas las medidas previstas por quienes impulsaron la operación. Sin embargo, apenas dos días después de la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el 25 de febrero de 1981, su gobierno inició el proceso de incorporación de España a la OTAN. En junio de 1982, la UCD y el PSOE aprobaron la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), con el propósito de limitar el desarrollo de los estatutos de autonomía (si bien gran parte de la norma sería posteriormente declarada inconstitucional). Y en 1983, ya bajo el ejecutivo del PSOE, se crearon los GAL, inaugurándose la denominada “guerra sucia” contra ETA.


Los documentos aún sin desclasificar


Todos estos pormenores son desconocidos en buena medida por el gran público, entre otras razones porque los documentos más sensibles relacionados con aquellos hechos continúan clasificados. Entre ellos se encuentran, según distintas fuentes, los siguientes:

• Un informe de aproximadamente veinte folios, redactado y firmado de puño y letra por el general Alfonso Armada, en el que se detallarían los extremos del plan y la composición íntegra del gobierno proyectado.

• Una carta escrita por el propio Armada antes del juicio, fechada el 23 de marzo de 1981, en la que solicitaba a Juan Carlos I (invocando “el honor de mis hijos y de mi familia”) autorización para utilizar durante el consejo de guerra parte del “contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual”, mantenida días antes del golpe.

• Diversos edictos redactados por los golpistas para ser difundidos públicamente en caso de éxito de la asonada.

• Un informe en el que Enrique Múgica detallaba al PSOE el contenido de su reunión con Armada en Lérida.

• El denominado informe «Delta Sur», que evaluaba la actitud de cada mando del CESID ante un eventual cambio de régimen.

• Informes de vigilancia que incluirían fotografías de reuniones conspirativas celebradas en distintos puntos de Madrid.

• Grabaciones de las conversaciones telefónicas realizadas de oficio por el CESID durante la noche del 23 de febrero, entre el Palacio de la Zarzuela, la sede de la Junta de Jefes del Estado Mayor y las distintas capitanías generales, entre otros interlocutores.

Tal vez algún día la ciudadanía española pueda acceder a esta documentación y conocer con precisión el verdadero alcance del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.


©JRGA

Yo ni quito ni pongo rey, pero me ha parecido interesante darle a masticar el texto a una IA, a ver qué opina de su fiabilidad, específicamente:

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ANÁLISIS DE FIABILIDAD: "EL GOLPE DESCONOCIDO"

Lo que el artículo hace bien

La estructura narrativa es coherente y la mayoría del contexto histórico básico es correcto: la inflación y el desempleo de 1980, la violencia de ETA (con 1980 como año más letal), la debilidad de la UCD, la existencia de tramas golpistas, la figura de Tejero, Milans del Bosch y Armada, y el papel de Armada como posible presidente de un gobierno de concentración. Todo esto está respaldado por la historiografía.


Problemas y puntos cuestionables

1. Datos que requieren matización

El artículo afirma que ETA cometió 98 víctimas en 1980. La cifra varía según las fuentes: algunas hablan de 93, otras de 98. Es un detalle menor, pero la precisión importa en historia.

Sobre el accidente de Los Rodeos (1977, 583 muertos): la cifra es correcta, pero la conexión causal directa entre la bomba del MPAIAC y el accidente es más compleja de lo que el artículo sugiere. La bomba estalló en Las Palmas; el desvío fue una decisión de las autoridades de tráfico aéreo, y la colisión en Tenerife se debió a una combinación de factores (confusión en las comunicaciones, niebla, errores del piloto de KLM). Presentarlo como consecuencia directa del MPAIAC simplifica en exceso la causalidad.


2. Afirmaciones de difícil o nula verificación

El artículo describe con notable detalle la "Operación De Gaulle" como un plan del CESID conscientemente orquestado para usar a Tejero como "golpe duro" que legitimara la "Solución Armada". Esta interpretación existe en la literatura sobre el 23-F (es compatible con lo que relatan autores como Javier Cercas o Pilar Urbano), pero el artículo la presenta como hecho establecido, cuando en realidad es una tesis historiográfica debatida, no una certeza. Los documentos clave siguen clasificados.

La afirmación de que el PCE y el PSOE habrían mostrado disposición a aceptar el gobierno de concentración de Armada es delicada. Santiago Carrillo siempre lo negó. La forma en que el artículo lo menciona puede dar la impresión de que Carrillo mintió, cuando la verdad es que no está acreditado.

Se afirma que la doctora Carmen Echave escuchó la lista de ministros y la anotó. Este episodio está recogido en varias fuentes secundarias, pero sigue siendo un testimonio no contrastado documentalmente.


3. El papel del Rey: afirmación muy cargada sin evidencia suficiente

El artículo sostiene que Juan Carlos I estaba coordinado con Armada y que "sólo la Casa Real conocía el verdadero alcance del plan". Esto es una tesis muy grave que, si bien algunos historiadores han insinuado, no está probada. Presentarla como un hecho —y no como una hipótesis— es un problema de rigor.

Que el Rey después telefoneara a los capitanes generales y apareciera en televisión para desautorizar el golpe puede interpretarse de varias maneras; el artículo da por buena sólo una de ellas (que fue una "retirada estratégica" al fracasar el plan) sin advertir que es una interpretación, no un hecho demostrado.

La anécdota de las conversaciones del Rey con Bárbara Rey aparece aquí como prueba indirecta de la implicación regia. Procede de grabaciones privadas cuya autenticidad y contexto exacto son discutibles, y usarlas como evidencia historiográfica es metodológicamente débil.


4. Falacias lógicas

Post hoc ergo propter hoc: El artículo concluye que el golpe "no fracasó del todo" porque después se produjo la entrada en la OTAN, la LOAPA y la creación de los GAL. Que estos hechos ocurrieran después del 23-F no demuestra que fueran consecuencia de los objetivos del golpe. Es una correlación temporal que se presenta implícitamente como causalidad.

Selección de evidencia favorable: El artículo construye una narrativa muy coherente eligiendo los datos que encajan con la tesis del "golpe blando" orquestado, sin confrontarla con las interpretaciones alternativas ni con las debilidades de esa misma tesis.


5. Sesgo de encuadre

Frases como "la tesis según la cual la intentona fue obra de un reducido grupo de militares nostálgicos (...) no se sostiene a la luz de los hechos históricos conocidos" son presentadas como conclusiones objetivas, cuando en realidad forman parte de un debate historiográfico abierto. Hay historiadores serios que defienden versiones mucho más matizadas sobre el grado de planificación del golpe y el papel real del CESID.


6. Sobre Alexander Haig

El artículo afirma que el secretario de Estado de EE.UU. declaró que el golpe era "un asunto interno" de España. Esto está documentado, pero el artículo lo incluye de manera que insinúa una connivencia activa de EE.UU. con el golpe, lo cual va más allá de lo que esa declaración permite concluir.


Resumen

- Contexto histórico general (crisis económica, ETA, etc.): CORRECTO
- Hechos básicos del golpe (Tejero, hora, número de GC, etc.): MAYORMENTE CORRECTO
- Tesis principal (golpe orquestado por CESID): tesis legítima pero presentada como hecho probado
- Papel del Rey: muy especulativo; las pruebas citadas son débiles
- Causalidad entre el golpe y sus consecuencias (OTAN, LOAPA, GAL): fallo lógico (post hoc)
- Reconocimiento del debate historiográfico: insuficiente
- Anécdota de Bárbara Rey como prueba: metodológicamente débil


Conclusión

El artículo es una exposición bien escrita e informada de una interpretación historiográfica plausible sobre el 23-F —la del "doble golpe"—, que comparten autores respetables. Pero adolece de presentar hipótesis como hechos, de usar pruebas débiles para apoyar afirmaciones graves sobre el Rey, y de incurrir en la falacia post hoc al vincular el golpe con sus supuestas consecuencias. Conviene tomarlo como un texto de divulgación con un punto de vista definido, no como un relato neutro y definitivo.

Me abstendré de opinar porque en general mi opinión es que muchos de los que hablan de hipótesis alternativas del 23-F quieren cambiar España reinterpretando la historia y no dejando votar a los españoles. Cosa que me cuesta ver como legítima.

[Asimov]

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Eso es lo que mantengo desde hace años, que la transición no fue más que un timo para blanquear la dictadura, cambiando el nombre a democracia, unos pequeños cambios, y gobernar y dominar el Estado los mismo

Qué barbaridad.

Lo de antes era una dictadura en la que había presos políticos y exiliados. No había alternancia política, ni libertades, ni derechos políticos o sindicales. Los españoles no podían votar a quien les diese la gana, ni manifestarse, ni hacer huelga, ni decir nada en contra del gobierno. Tampoco podían fundar o pertenecer a un partido político o sindicato. Había estados de sitio y de excepción, y la policía torturaba y asesinaba con total impunidad.

En 1978 todo eso cambió, quizás no tanto como a algunos nos hubiese gustado, pero sí lo suficiente como para que la situación fuese radicalmente diferente a la anterior. Y desde entonces el sistema político español es homologable al del resto de países europeos.

Y sí, todas las democracias burguesas son en último término una dictadura del capital, pero al menos formalmente son democracias burguesas y no dictaduras fascistas como lo que sufríamos antes de 1978.

[Asimov]

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Hace unos meses escribí este artículo sobre el tema del 23:F:

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El golpe desconocido

Por razones no demasiado claras, el gobierno de Pedro Sánchez realizó el pasado 25 de febrero una desclasificación de documentos secretos asegurando que se trataba de “los documentos del 23-F”. Sin embargo, lo que se hizo público fue una serie de documentos que, para buena parte de la opinión pública, resultaron bastante decepcionantes. Y es que entre ellos se han incluido desde documentos que ya eran públicos desde hacía tiempo hasta documentos anónimos de escasa relevancia. En realidad, los documentos que se han publicado no son los documentos del 23-F como tales, sino más bien unos documentos relacionados con el golpe que no aportan prácticamente información novedosa alguna, pero que sin duda han permitido al gobierno escenificar un gesto de transparencia con evidente rentabilidad propagandística.

¿Por qué no se han desclasificado entonces todos los documentos del 23-F? Fundamentalmente porque la opinión pública desconoce qué sucedió realmente ese día, y no llega a comprender del todo el verdadero alcance del golpe de Estado. Y es que la tesis según la cual la intentona fue obra de un reducido grupo de militares nostálgicos que pretendían restaurar una dictadura semejante a la franquista, por muy generalizada que esté entre la población española e incluso entre no pocos periodistas, no se sostiene a la luz de los hechos históricos conocidos.

La realidad fue bastante más compleja, y para entenderla plenamente es imprescindible situarse en el contexto de 1980.


España en 1980


España sufría por entonces los efectos persistentes de la crisis del petróleo de los años 70: una inflación situada en torno al 15–20%, un desempleo en aumento y una conflictividad laboral constante que erosionaban la estabilidad económica y social. Al mismo tiempo, el terrorismo y la violencia política se habían extendido por todo el país, alcanzando en el País Vasco niveles especialmente graves. ETA se encontraba en su momento más sangriento (1980 fue el año con mayor número de asesinatos cometidos por la organización, con 98 víctimas), mientras actuaban también otros grupos terroristas de extrema izquierda como los GRAPO o Terra Lliure. Paralelamente, operaban diversas redes parapoliciales y organizaciones de extrema derecha, entre ellas el Batallón Vasco Español, la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) o los Guerrilleros de Cristo Rey, grupos cuyos ataques terroristas se vieron favorecidos por la pasividad, cuando no la connivencia, de unas fuerzas de seguridad heredadas del franquismo.

Al menos una parte de toda esta actividad terrorista era utilizada como una herramienta de chantaje por parte de determinados poderes internacionales. Por aquellas fechas, el gobierno de EE UU presionaba cada vez con mayor insistencia para que España ingresara en la OTAN, una opción a la que el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se resistía en ese momento ("aún no sé si ETA está pagada con rublos o con dólares", dijo en alguna ocasión para justificar su negativa a unirse a la alianza atlántica), y el entonces ministro de la Presidencia en 1979, José Manuel Otero Novas, desveló posteriormente la amenaza explícita de EE UU de que apoyaría al MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario) y la independencia de las islas Canarias si España no se integraba en el bloque atlántico. Conviene recordar que la actividad terrorista del MPAIAC se hallaba entonces en aumento, y que además fue responsable de colocar un artefacto explosivo cuya amenaza provocó el desvío de vuelos que confluyeron en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) desencadenando el accidente de 1977 en el que murieron 583 personas.

A este conjunto de tensiones se sumaba el auge de los nacionalismos periféricos. Los nacionalismos vasco y catalán habían impulsado un proceso autonómico que estaba culminando en la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña, cuyos amplios marcos competenciales eran interpretados por los sectores más centralistas como una amenaza para la unidad del Estado. Era un modelo que comenzaba a extenderse al resto de regiones del país.


Ruido de sables


Todo ello se desarrollaba en un contexto de creciente debilidad política del gobierno. La Unión de Centro Democrático (UCD), formación gobernante, atravesaba divisiones internas constantes y perdía apoyos parlamentarios, lo que alimentaba una sensación cada vez más extendida de desorientación y pérdida de control. La presión simultánea de la derecha franquista, la izquierda, los nacionalistas y el terrorismo contribuía a extender la percepción de que el sistema democrático (aún reciente y frágil) podía verse seriamente comprometido.

Pese a la gravedad de la situación y a las crecientes presiones para que abandonara el cargo y facilitara un relevo político, Adolfo Suárez se resistía a dimitir. Seguía gozando de una enorme popularidad sustentada no sólo en su indudable carisma sino sobre todo en su papel decisivo como artífice de una transición que había puesto fin a cuatro décadas de dictadura. Por otro lado, al fracasar la moción de censura presentada por el PSOE en mayo de 1980, quedó descartada por el momento la posibilidad de que fuese desalojado del poder por la vía parlamentaria.

Es en este clima de crisis y deterioro institucional cuando comienzan a surgir distintas tramas golpistas en el seno del Ejército.

Una de ellas se articulaba en torno a la figura del teniente coronel Antonio Tejero y planteaba una acción rápida y audaz, ejecutada por una unidad de élite contra puntos neurálgicos del Estado (el Palacio de La Moncloa, las sedes de los ministerios con mayor capacidad decisoria, etc.). La operación debía desencadenar un efecto dominó en el resto de unidades militares, con el objetivo último de instaurar una junta militar que pusiera fin al sistema democrático recientemente establecido.

Más compleja y sofisticada era la llamada “trama de los coroneles”, llamada así porque la mayoría de sus integrantes ostentaban el empleo de coronel o teniente-coronel. Su estrategia no contemplaba una intervención inmediata, sino ir acumulando apoyos paulatinamente mientras la situación política continuaba deteriorándose. El plan consistía en intervenir en el plazo aproximado de uno o dos años, una vez desgastadas políticamente tanto la UCD como el PSOE, para instaurar una república de carácter presidencialista y nacionalista, con un papel protagonista para el Ejército, en el marco de una nueva Constitución que reconociera la existencia de partidos políticos sometidos a límites estrictos.


La Solución Armada


Ante un panorama tan delicado, los mandos militares del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, hoy Centro Nacional de Inteligencia) consideraron que la solución para España pasaba por un nuevo Gobierno capaz de dar un "golpe de timón" (expresión entonces muy en boga) y afrontar con mayor determinación los principales problemas del país, incluso a costa de adoptar medidas impopulares. Para ello, estimaban imprescindible contar con un respaldo político y parlamentario lo más amplio posible.

La fórmula diseñada consistía en un gobierno de concentración nacional en el que estuviera representado todo el arco parlamentario (con exclusión de los partidos nacionalistas), con cierta presencia militar y la incorporación de personalidades civiles independientes. Al frente del ejecutivo se situaría un general apartidista y de reconocido prestigio, capaz de concitar amplios apoyos.

La finalidad de tal gobierno no sería interrumpir el sistema democrático recién instaurado ni derogar la Constitución, sino constituirse como un ejecutivo transitorio que, durante un periodo limitado (dos o tres años), adoptara las medidas que, a juicio del CESID, resultaban urgentes: una campaña decidida de erradicación del terrorismo, una reforma constitucional que reordenara de forma drástica el proceso autonómico para limitarlo en la mayor medida posible, la pacificación de la conflictividad laboral y, finalmente, la definición del encaje internacional de España, en particular en relación con la OTAN. Concluido su mandato, se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones generales.

Entre los nombres considerados para encabezar ese hipotético Gobierno fue cobrando fuerza el del general Alfonso Armada, quien gozaba de prestigio en el Ejército, mantenía una estrecha relación con la Casa Real (había sido tutor y secretario personal de Juan Carlos I) y no estaba identificado con los sectores más ultras del estamento militar, circunstancia que podía facilitar su aceptación por parte de distintas fuerzas políticas.

El CESID sondeó discretamente a responsables políticos de diverso signo, así como a periodistas, directores de medios y empresarios, con el fin de evaluar la viabilidad de la denominada “Solución Armada”, y la acogida fue mayoritariamente favorable. En el ámbito partidista, sectores críticos de la UCD y dirigentes de Alianza Popular, del PSOE e incluso del Partido Comunista de España (aunque posteriormente Santiago Carrillo afirmaría desconocer tales contactos) habrían mostrado su disposición a aceptar un Gobierno de esas características, siempre que se les garantizara en él una cuota de poder acorde con sus expectativas.


Operación De Gaulle


Ahora bien, ¿cómo podía instaurarse un gobierno de esa naturaleza? ¿Cómo justificar la llegada al poder de una fórmula política que no emanaba de las urnas y que colisionaba frontalmente con el ejecutivo legítimo de Adolfo Suárez?

El CESID contempló entonces la denominada Operación De Gaulle. En 1958, el general Charles de Gaulle accedió al poder en Francia mediante una solución política de compromiso en el contexto de una grave crisis institucional vinculada a la insurrección de sectores del Ejército en Argelia. Extrapolando aquella experiencia al caso español, la Solución Armada sólo resultaría viable si se producía en España lo que, en la terminología del CESID, se definía como un SAM (Supuesto Anticonstitucional Máximo): una situación de crisis política e institucional de tal magnitud que únicamente pudiera resolverse mediante una fórmula excepcional, ajena al funcionamiento ordinario de las instituciones. Un ejemplo de SAM sería un golpe de Estado militar.

El plan perseguía así un doble objetivo. Por un lado, reconducir las distintas tramas golpistas ya existentes (la articulada en torno a Antonio Tejero y la denominada “trama de los coroneles”) hacia una operación única, bajo control del propio CESID, que escenificara un intento de golpe mediante la toma del Congreso, neutralizando de forma definitiva esas iniciativas. Por otro, aprovechar ese intento para que el general Alfonso Armada pudiera presentarse como solución a la crisis, postulándose como presidente de un Gobierno de concentración nacional respaldado por la mayoría de fuerzas parlamentarias, las cuales ignorarían su connivencia con los golpistas. El Congreso lo investiría presidente y, ya en el cargo, Armada designaría a sus ministros entre los partidos que hubieran apoyado su investidura. De este modo, un “golpe duro” de carácter militar serviría para legitimar un posterior “golpe blando” de naturaleza política.

Para ejecutar este planteamiento, el CESID designó como cabezas visibles del “golpe duro” al teniente coronel Tejero y al capitán general Jaime Milans del Bosch, notorio monárquico, quienes responderían únicamente ante Armada. Éste, a su vez, se coordinaría con la Casa Real para que Juan Carlos I, en su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas, pudiera mantener el control de la situación. La información fue rigurosamente compartimentada: sólo la Casa Real conocía el verdadero alcance del plan, mientras que a Tejero se le ocultó que el objetivo último del golpe era legitimar ante la opinión pública la Solución Armada. Esa circunstancia, como veremos, acabaría frustrando la operación.

En medio de estos preparativos, y de manera inesperada, se produjo la dimisión de Suárez, motivada por las intensas presiones acumuladas durante meses y por el malestar, ya notorio, de amplios sectores militares hacia su Gobierno (“dimito para que la democracia no sea de nuevo un breve paréntesis en la historia de España”, declaró en su comunicado). Sin embargo, la operación había alcanzado un punto difícilmente reversible, y tampoco parecía probable que el nuevo ejecutivo que iba a encabezar Leopoldo Calvo-Sotelo pudiera adoptar por sí solo las medidas que, a juicio del CESID, de determinados mandos militares, de la Casa Real y del Gobierno de los EE UU, España necesitaba con urgencia.


El golpe


Finalmente, el 23 de febrero de 1981, a las 18:22, el teniente coronel Antonio Tejero, al frente de 288 guardias civiles, ocupó el Congreso de los Diputados en plena sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del gobierno. De forma simultánea, las unidades acorazadas bajo el mando del capitán general Jaime Milans del Bosch salieron a las calles de Valencia (tanques sin munición que, de manera llamativa, respetaban incluso los semáforos), mientras la División Acorazada Brunete tomaba diversos puntos estratégicos de Madrid, entre ellos varias emisoras de radio y las instalaciones de RTVE. Los golpistas afirmaban actuar en nombre del rey y parecían convencidos de contar con su respaldo, pues en ningún momento intentaron cortar las comunicaciones del Palacio de la Zarzuela para impedir una eventual desautorización por parte de la Casa Real.

Entretanto, el secretario de Estado de los EE UU, Alexander Haig, declaró ante la prensa que el golpe constituía un “asunto interno” de España, sugiriendo así que su gobierno no consideraba necesaria una intervención para impedirlo.

En el interior del hemiciclo, los asaltantes comunicaron a los diputados que sólo restaba esperar a “la autoridad competente, militar por supuesto”, para que impartiera las órdenes oportunas. En efecto, alrededor de la medianoche el general Alfonso Armada acudió al Congreso para reunirse en privado con Tejero y transmitirle que debía retirarse, a fin de que él pudiera ser investido presidente del Gobierno por el Parlamento. Armada llevaba consigo una lista manuscrita con los nombres de quienes integrarían su ejecutivo, que leyó en voz alta durante la conversación. Fuera del despacho donde se celebró la reunión, la doctora Carmen Echave pudo escuchar parte del diálogo y anotó en su libreta la composición del Gobierno proyectado y las carteras asignadas:

Felipe González: vicepresidente para Asuntos Políticos

José María López de Letona (banquero): vicepresidente para Asuntos Económicos

Gregorio Peces-Barba (PSOE): Justicia

Enrique Múgica (PSOE): Sanidad

Javier Solana (PSOE): Transportes

Jordi Solé Tura (PCE): Trabajo

Ramón Tamames (PCE): Economía

Manuel Fraga (AP): Defensa

Pío Cabanillas (UCD): Hacienda

José Luis Álvarez Álvarez (UCD): Obras Públicas

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD): Educación

Agustín Rodríguez Sahagún (UCD): Industria

José María de Areilza (UCD): Asuntos Exteriores

Carlos Ferrer Salat (presidente de la CEOE): Comercio

Luis María Ansón (director de la Agencia EFE): Información

Antonio Garrigues Walker (abogado): Cultura

José Antonio Sáenz de Santamaría (general del Ejército): Autonomías

Manuel Saavedra Palmeiro (general del Ejército): Interior.


El fracaso de la operación


Al escuchar la relación de ministros proyectada, Antonio Tejero se negó en redondo a retirarse. Afirmó que no se estaba “jugando el tipo para instaurar un gobierno con los comunistas”, y de poco sirvieron los intentos telefónicos de Jaime Milans del Bosch para persuadirlo de que acatara la propuesta de Alfonso Armada. La discusión alcanzó tal grado de tensión que Tejero expulsó a Armada del Congreso, desbaratando así toda la operación.

A partir de ese momento, varios de los implicados comenzaron a comprender que era necesario replegarse y cortar cualquier vínculo con la acción de Tejero e incluso con el propio Armada. En ese contexto se enmarca la intensa actividad de Juan Carlos I, quien telefoneó a los capitanes generales para recabar su posicionamiento en contra del golpe, así como su intervención televisada (¡a la 1:14 de la madrugada!) en la que comunicó al país su rechazo a la asonada y su defensa del orden constitucional.

Durante el posterior consejo de guerra, Armada solicitó autorización al Rey para utilizar en su defensa determinadas conversaciones mantenidas entre ambos en los días previos al 23-F. La petición fue denegada, y Armada fue condenado a treinta años de prisión, de los que cumplió finalmente siete (fue indultado por el gobierno de Felipe González). Años más tarde, en unas conversaciones privadas con la vedete Bárbara Rey, Juan Carlos I aludía al silencio mantenido por Armada durante su encarcelamiento, destacando que “nunca ha dicho ni una palabra”.

El golpe fracasó… pero no por completo. Es cierto que Armada no llegó a ser investido presidente, que no se constituyó el gobierno de concentración nacional proyectado y que probablemente no se aplicaron todas las medidas previstas por quienes impulsaron la operación. Sin embargo, apenas dos días después de la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el 25 de febrero de 1981, su gobierno inició el proceso de incorporación de España a la OTAN. En junio de 1982, la UCD y el PSOE aprobaron la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), con el propósito de limitar el desarrollo de los estatutos de autonomía (si bien gran parte de la norma sería posteriormente declarada inconstitucional). Y en 1983, ya bajo el ejecutivo del PSOE, se crearon los GAL, inaugurándose la denominada “guerra sucia” contra ETA.


Los documentos aún sin desclasificar


Todos estos pormenores son desconocidos en buena medida por el gran público, entre otras razones porque los documentos más sensibles relacionados con aquellos hechos continúan clasificados. Entre ellos se encuentran, según distintas fuentes, los siguientes:

• Un informe de aproximadamente veinte folios, redactado y firmado de puño y letra por el general Alfonso Armada, en el que se detallarían los extremos del plan y la composición íntegra del gobierno proyectado.

• Una carta escrita por el propio Armada antes del juicio, fechada el 23 de marzo de 1981, en la que solicitaba a Juan Carlos I (invocando “el honor de mis hijos y de mi familia”) autorización para utilizar durante el consejo de guerra parte del “contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual”, mantenida días antes del golpe.

• Diversos edictos redactados por los golpistas para ser difundidos públicamente en caso de éxito de la asonada.

• Un informe en el que Enrique Múgica detallaba al PSOE el contenido de su reunión con Armada en Lérida.

• El denominado informe «Delta Sur», que evaluaba la actitud de cada mando del CESID ante un eventual cambio de régimen.

• Informes de vigilancia que incluirían fotografías de reuniones conspirativas celebradas en distintos puntos de Madrid.

• Grabaciones de las conversaciones telefónicas realizadas de oficio por el CESID durante la noche del 23 de febrero, entre el Palacio de la Zarzuela, la sede de la Junta de Jefes del Estado Mayor y las distintas capitanías generales, entre otros interlocutores.

Tal vez algún día la ciudadanía española pueda acceder a esta documentación y conocer con precisión el verdadero alcance del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.


©JRGA

Yo ni quito ni pongo rey, pero me ha parecido interesante darle a masticar el texto a una IA, a ver qué opina de su fiabilidad, específicamente:

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ANÁLISIS DE FIABILIDAD: "EL GOLPE DESCONOCIDO"

Lo que el artículo hace bien

La estructura narrativa es coherente y la mayoría del contexto histórico básico es correcto: la inflación y el desempleo de 1980, la violencia de ETA (con 1980 como año más letal), la debilidad de la UCD, la existencia de tramas golpistas, la figura de Tejero, Milans del Bosch y Armada, y el papel de Armada como posible presidente de un gobierno de concentración. Todo esto está respaldado por la historiografía.


Problemas y puntos cuestionables

1. Datos que requieren matización

El artículo afirma que ETA cometió 98 víctimas en 1980. La cifra varía según las fuentes: algunas hablan de 93, otras de 98. Es un detalle menor, pero la precisión importa en historia.

Sobre el accidente de Los Rodeos (1977, 583 muertos): la cifra es correcta, pero la conexión causal directa entre la bomba del MPAIAC y el accidente es más compleja de lo que el artículo sugiere. La bomba estalló en Las Palmas; el desvío fue una decisión de las autoridades de tráfico aéreo, y la colisión en Tenerife se debió a una combinación de factores (confusión en las comunicaciones, niebla, errores del piloto de KLM). Presentarlo como consecuencia directa del MPAIAC simplifica en exceso la causalidad.


2. Afirmaciones de difícil o nula verificación

El artículo describe con notable detalle la "Operación De Gaulle" como un plan del CESID conscientemente orquestado para usar a Tejero como "golpe duro" que legitimara la "Solución Armada". Esta interpretación existe en la literatura sobre el 23-F (es compatible con lo que relatan autores como Javier Cercas o Pilar Urbano), pero el artículo la presenta como hecho establecido, cuando en realidad es una tesis historiográfica debatida, no una certeza. Los documentos clave siguen clasificados.

La afirmación de que el PCE y el PSOE habrían mostrado disposición a aceptar el gobierno de concentración de Armada es delicada. Santiago Carrillo siempre lo negó. La forma en que el artículo lo menciona puede dar la impresión de que Carrillo mintió, cuando la verdad es que no está acreditado.

Se afirma que la doctora Carmen Echave escuchó la lista de ministros y la anotó. Este episodio está recogido en varias fuentes secundarias, pero sigue siendo un testimonio no contrastado documentalmente.


3. El papel del Rey: afirmación muy cargada sin evidencia suficiente

El artículo sostiene que Juan Carlos I estaba coordinado con Armada y que "sólo la Casa Real conocía el verdadero alcance del plan". Esto es una tesis muy grave que, si bien algunos historiadores han insinuado, no está probada. Presentarla como un hecho —y no como una hipótesis— es un problema de rigor.

Que el Rey después telefoneara a los capitanes generales y apareciera en televisión para desautorizar el golpe puede interpretarse de varias maneras; el artículo da por buena sólo una de ellas (que fue una "retirada estratégica" al fracasar el plan) sin advertir que es una interpretación, no un hecho demostrado.

La anécdota de las conversaciones del Rey con Bárbara Rey aparece aquí como prueba indirecta de la implicación regia. Procede de grabaciones privadas cuya autenticidad y contexto exacto son discutibles, y usarlas como evidencia historiográfica es metodológicamente débil.


4. Falacias lógicas

Post hoc ergo propter hoc: El artículo concluye que el golpe "no fracasó del todo" porque después se produjo la entrada en la OTAN, la LOAPA y la creación de los GAL. Que estos hechos ocurrieran después del 23-F no demuestra que fueran consecuencia de los objetivos del golpe. Es una correlación temporal que se presenta implícitamente como causalidad.

Selección de evidencia favorable: El artículo construye una narrativa muy coherente eligiendo los datos que encajan con la tesis del "golpe blando" orquestado, sin confrontarla con las interpretaciones alternativas ni con las debilidades de esa misma tesis.


5. Sesgo de encuadre

Frases como "la tesis según la cual la intentona fue obra de un reducido grupo de militares nostálgicos (...) no se sostiene a la luz de los hechos históricos conocidos" son presentadas como conclusiones objetivas, cuando en realidad forman parte de un debate historiográfico abierto. Hay historiadores serios que defienden versiones mucho más matizadas sobre el grado de planificación del golpe y el papel real del CESID.


6. Sobre Alexander Haig

El artículo afirma que el secretario de Estado de EE.UU. declaró que el golpe era "un asunto interno" de España. Esto está documentado, pero el artículo lo incluye de manera que insinúa una connivencia activa de EE.UU. con el golpe, lo cual va más allá de lo que esa declaración permite concluir.


Resumen

- Contexto histórico general (crisis económica, ETA, etc.): CORRECTO
- Hechos básicos del golpe (Tejero, hora, número de GC, etc.): MAYORMENTE CORRECTO
- Tesis principal (golpe orquestado por CESID): tesis legítima pero presentada como hecho probado
- Papel del Rey: muy especulativo; las pruebas citadas son débiles
- Causalidad entre el golpe y sus consecuencias (OTAN, LOAPA, GAL): fallo lógico (post hoc)
- Reconocimiento del debate historiográfico: insuficiente
- Anécdota de Bárbara Rey como prueba: metodológicamente débil


Conclusión

El artículo es una exposición bien escrita e informada de una interpretación historiográfica plausible sobre el 23-F —la del "doble golpe"—, que comparten autores respetables. Pero adolece de presentar hipótesis como hechos, de usar pruebas débiles para apoyar afirmaciones graves sobre el Rey, y de incurrir en la falacia post hoc al vincular el golpe con sus supuestas consecuencias. Conviene tomarlo como un texto de divulgación con un punto de vista definido, no como un relato neutro y definitivo.

Me abstendré de opinar porque en general mi opinión es que muchos de los que hablan de hipótesis alternativas del 23-F quieren cambiar España reinterpretando la historia y no dejando votar a los españoles. Cosa que me cuesta ver como legítima.

Hombre, pues muchas gracias, me gusta el análisis realizado por esa IA y estoy mayormente de acuerdo con ella. En efecto, en ese artículo no pretendo ser neutral ni esconder mi opinión, todo lo contrario: he plasmado en él lo que, a mi juicio y al de muchos otros expertos en el tema, sucedió aquel día.