El sábado 2 de marzo de 1974, a falta de cinco minutos para las nueve y media de la mañana, el gobierno franquista ejecutó a Salvador Puig Antich. Tenía 26 años y era militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL). Han pasado cincuenta años, pero sus cuatro hermanas siguen luchando, sin éxito, porque la justicia española reabre el caso. Ni siquiera con la nueva ley de memoria española se ha logrado lo que reclama la familia desde hace medio siglo. "Nosotros siempre hemos reivindicado un juicio justo y que España rectifique, porque El Salvador no era un asesino", afirma Montserrat Puig Antich. La justicia siempre ha mirado hacia otro lado, pero la familia ha vencido en la calle: "Gracias a muchas personas que han investigado y han explicado lo que han descubierto, no pasará a la historia como un asesino. Y eso nos compensa tantos años de lucha", afirma Montserrat Puig Antich.
"Mi padre fue una pieza importante del engranaje que provocó la muerte de Salvador Puig. Esto no podemos cambiarlo, pero lo que sí podemos hacer es explicarlo. Porque, si no lo hacemos, se olvida la historia. Hubo una manipulación, falta de garantías y una alteración de la verdad", reflexiona Tomás Gil Márquez, quien fue policía durante 43 años y profesor de derecho constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona durante 35 años. Su padre era Juan Gil Mesa, el comisario jefe de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social que en septiembre de 1973 se encargó de la detención y el interrogatorio de Salvador Puig Antich.
"Qué putada". Con estas dos últimas palabras Salvador Puig Antich resumió el peso de una enorme injusticia minutos antes que el garrote vil le robara la vida, o eso es lo que ha quedado 50 años después de un destino que aún le duele a la sociedad catalana, por su crueldad y por una pasividad sociopolítica que costó muy cara. El anarquista catalán fue ejecutado la mañana del 2 de marzo de 1974 acusado de haber matado a un policia durante un tiroteo con fuego cruzado, un episodio que más tarde se ha confirmado como un montaje policial lleno de irregularidades y malas praxis.
Su ejecución fue la última con el sistema del garrote vil de un régimen franquista en las últimas i deseoso de sacar pecho —también la de Heinz Ches—. El consejo de guerra dictaminó que Salvador mató al agente Francisco Anguas Barragán, aunque él siempre sostuvo que no había disparado. No tuvo un juicio justo ni ninguna garantía procesal: a sus abogados les denegaron cualquier prueba y se vulneraron sus derechos fundamentales. Investigaciones posteriores han comprobado que todo fue una farsa para inculparlo. El caso Puig Antich se ha intentado reabrir dos veces, sin éxito.
