Segundo: tener la "cúpula secuestrada" no es lawfare.
Será una vergüenza que el parlamento, que es quien tiene la potestad, no llegue a acuerdos para renovarlo. Lo mismo que es una vergüenza los nombramientos de los fiscales por el ejecutivo. Es filibusterismo, en el peor sentido de la palabra.
¿Quieren de verdad los partidos arreglar el tema judicial o quieren que sirva a sus intereses? Por el momento ambos han demostrado lo segundo.
¿El caso Neurona ha resultado ser Lawfare?
Re: ¿El caso Neurona ha resultado ser Lawfare?
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Re: ¿El caso Neurona ha resultado ser Lawfare?
La Justicia admite por primera vez que Colau ha sufrido una guerra judicial por parte de sus rivales
La magistrada señala al fondo buitre Vauras por emplear una querella contra la exalcaldesa con “fines ajenos a los del procedimiento penal” porque “no le eran favorables las políticas de vivienda” impulsadas desde el Ayuntamiento
https://www.eldiario.es/catalunya/justi ... 68148.html
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La justicia al servicio de un fondo buitre y ademas en campaña electoral.
La magistrada señala al fondo buitre Vauras por emplear una querella contra la exalcaldesa con “fines ajenos a los del procedimiento penal” porque “no le eran favorables las políticas de vivienda” impulsadas desde el Ayuntamiento
https://www.eldiario.es/catalunya/justi ... 68148.html
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La justicia al servicio de un fondo buitre y ademas en campaña electoral.
Re: ¿El caso Neurona ha resultado ser Lawfare?
¿ Pero cómo se puede negar y/o dudar de que en España ha existido, existe y existirá guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, acoso judicial (en inglés, lawfare), utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente ?...! por favor !
Me vais a permitir que le refresque la memoria a la caverna fascista, ultraconservadora y reaccionaria del solar patrio, citando algunos ejemplos palmarios de un ramillete de "impolutos jueces, fiscales, magistrados, etcétera", que demostraron en tiempos no muy lejanos, con sus abominables comportamientos a la hora de impartir justicia, que lo del Lawfare en la Justicia española está plenamente vigente.
Pero !ojo!...no solo hay casos de prevaricación y/o cohecho, no, también hay amenazas, coacciones, desfalco, falsificación de pruebas, extorsión, edictos arbitrarios, manipulación, sectarismo, etcétera, que presuntamente cometieron algunos jueces y fiscales, a favor de los execrables intereses del Partido Popular, y de su aliado en ocasiones, CIU, tanto en su etapa de gobierno con Aznar, como en la Oposición.
Joaquín Delgado García: Magistrado de la Sala Segunda del Supremo, a fecha septiembre de 1998. Ponente de la sentencia que condenó a 10 años de prisión a José Barrionuevo y a Rafael Vera. Cuatro magistrados emitieron votos particulares en los que se afirmaba, ¡atención!...que no se había respetado el derecho constitucional de los procesados a la presunción de inocencia.
Luis Pascual Estevill: Acusado de varios delitos de prevaricación, cohecho y delitos fiscales. CIU lo impuso como vocal del CGPJ. Dicha propuesta coincidió en el tiempo con el archivo, por parte de Estivill, de sumarios que afectaban a algún alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Se le acusó de connivencia con los abogados Vives de la Hinojosa y Piqué Vidal para el cobro de importantes cantidades de dinero por dejar en libertad, o encarcelar, a clientes o rivales de los citados bufetes. En pleno escándalo, el sector ultraconservador del CGPJ, patroneado por el magistrado radical José Luis Manzanares y con el apoyo pleno de la que luego sería ministra de Justicia en el Gobierno Aznar, Margarita Mariscal de Gante, impuso su permanencia en el Consejo para mantener, presuntamente, el control de nombramientos para el Supremo. En el TSJC y bajo la instrucción del magistrado Antoni Bruguera, se desarrolló durante 1997 una nueva causa por sobornos en el desempeño de su función judicial. En su día se estimó en unos 800 millones de pesetas el montante de sus “habilidades” procesales. Se le implicó en cobros de sobornos en relación con los sumarios Idapsa, Macosa, Bertrán de Caralt, Vitalicio, La Estrella y el del empresario Lorenzo Rosal.
Javier Gómez de Liaño: juez de la Audiencia Nacional, a fecha septiembre 1998. Solicitó el puesto en la Audiencia en maniobra secreta, y presuntamente pactada con Garzón, y tres fiscales, consistente en presentar su candidatura a falta de minutos para el cierre del plazo legal, evitando así que sectores sensatos de la judicatura presentaran un candidato de mayor antigüedad en la carrera. De este modo se produjo la circunstancia de que fuera Gómez de Liaño quién resolviera los recursos contra Garzón presentados por quienes se consideraban víctimas de su parcialidad. Hay muchos más datos y anomalías de este maquiavélico juez, pero ocuparía tres o cuatro post.
Ignacio Gordillo: Fiscal rebelde, “amotinado” y/o “indomable” de la Audiencia Nacional. Presionó al Gobierno anunciando su salida de la Audiencia en caso de castigarse a la fiscal Márquez de Prado. Fiscal, entre otros casos, de la maniobra judicial Sogecable que instruyó de forma singular y arbitraria el juez Liaño. Las razones de las extrañas decisiones de juez y fiscal del caso quedaron expuestas a la opinión pública en un auto del juez Garzón donde se denunciaba la existencia de un complot contra Jesús de Polanco en el que ambos participaban. Su pobre actuación en el juicio contra Ruiz Mateos propició la absolución de éste en una sentencia que dejaba clara la opinión del Tribunal sobre el pésimo trabajo de la Fiscalía.
Luis Jordana de Pozas: Fiscal de Madrid en la época de la fuga de Luis Roldán. En ese ambiente de inseguridad optó por endurecer la posición de la Fiscalía en el sumario Ibercorp, hasta conseguir autos de prisión contra Mariano Rubio y Manuel de la Concha, gobernador del Banco de España y Síndico de la Bolsa, respectivamente.
José Luis Manzanares: Ex vicepresidente del CGPJ, ex magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Principal responsable del mantenimiento a ultranza en el CGPJ del juez Estivill. Aseguró que la posible absolución de políticos del PSOE no sería indicativa de su inocencia. Ha hecho multitud de declaraciones públicas en las que presupone culpabilidad, incluso penal, a varios miembros de los gobiernos socialistas, incluyendo a su presidente, Felipe González. Afirmó que la crisis de la Audiencia Nacional se debía, en exclusiva, “al ataque contra jueces y fiscales independientes y honestos que investigaban el GAL”. En noviembre de 1997, el magistrado Manzanares obtuvo del Gobierno del Partido Popular su recompensa....fue nombrado miembro del Consejo de Estado.
Joaquín Navarro Esteban: Juez, periodista y político con una manifiesta tendencia al libelo culto contra los socialistas. Íntimo amigo de Gómez de Liaño, al que proclamó en reiteradas ocasiones como modelo de lo que debía de ser un juez. Fue citado por Baltasar Garzón como testigo en la recusación presentada por Sogecable contra Gómez de Liaño. Al día siguiente publicó un artículo en “El Mundo “en el que calificaba a Garzón de “cainita, mendaz, cínico y prevaricador “y reconocía haberle presionado para que no aceptara a trámite el incidente de recusación contra Liaño.
Ana María Pérez Marugán: Juez de Madrid. Llevaba el sumario conocido como Fondos Reservados. Investigó a lo largo de dos años el patrimonio de la cúpula de Interior acusada por Roldán. No citó a declarar a Baltasar Garzón, acusado también por el ex director de la Guardia Civil de haberse beneficiado de fondos reservados. No defendió ni concedió amparo a José Luis Corcuera ante la persecución (una completa colección de mentiras) de que fue objeto por parte del diario “El Mundo “.
Luis Poyatos: En su día fue candidato del PP a fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ultraconservador, fiscal temporal del Tribunal de Orden Público (TOP), presuntamente miembro de una secta calificada de ultra. Su candidatura fue retirada en medio de un gran escándalo.
Adolfo Prego: Elegido en su día para sustituir en la Sala Segunda del Tribunal Supremo al magistrado José Luis Manzanares. En un intento del Gobierno del PP de que su nombramiento llegara a tiempo para que se integrase en el tribunal que debía juzgar el caso Marey, fueron resueltos en dos días trámites que siempre tardan entre dos y tres semanas. Por suerte, ni la Sala Segunda ni el CGPJ entraron en ese juego, y adoptaron las medidas necesarias para que su incorporación se produjera a ritmo normal.
Jesús Cardenal Fernández: Nombrado por sorpresa fiscal general del Estado el 10 de mayo de 1997. Era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ultraconservador y supernumerario del Opus Dei. Contrario al divorcio, al aborto y a la tolerancia de la homosexualidad. Incluyó en la Memoria Fiscal de 1994 el siguiente texto: “El clima de pluralismo solo beneficia (sobre todo por la acción de grupos de intelectuales en diarios, revistas, radios, teatro, cine y televisión) a los extremos viciosos o a la media mediocre. Ese descenso del nivel ético de la sociedad, ha sido asumido por la sociedad como consecuencia del pluralismo y la libertad “. Sustituyó a Ortiz Úrculo, que se enteró de su cese por la radio. En la misma operación se aprobó el traslado forzoso de la fiscal Márquez de Prado. Cuando fue nombrado fiscal general del Estado, IU le recibió al grito de “Vuelve la extrema derecha “. El CGPJ advirtió al Gobierno, en resolución del 14 de mayo de 1997, sobre las manifestaciones de Cardenal...” por entender que no son acordes con algunos principios básicos de la Constitución española “. A pesar de todo, Aznar siguió adelante con el nombramiento. Su primera medida, rechazada por el Consejo Fiscal, fue promover a Eduardo Fungairiño (líder de los llamados fiscales “indomables” y expedientado por falta muy grave) al cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, sin pasar por el acuerdo del Consejo Fiscal para su ascenso a fiscal de sala. Las asociaciones de fiscales presentaron recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La Junta de Fiscales de Sala, en una decisión única en la historia, difundió el 3 de junio de 1997 un comunicado de condena contra el Gobierno al entender que el nombramiento de Fungairiño “representa una quiebra grave del modelo constitucional del ministerio fiscal “. Aznar contestó ese mismo día en televisión diciendo que le parecía “divertida” la actitud de los fiscales. Todas las asociaciones pidieron la dimisión de Jesús Cardenal y de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.( la peor ministra de Justicia de la joven democracia española, de largo. Y esto no lo digo yo, lo dijeron en su día las asociaciones de jueces y demás colectivos judiciales ). Entre sus intervenciones de tinte “partidario” se cuenta el apoyo total que prestó a su fiscal Fungairiño en esa presunta “conjura”judicial que se conoció como caso Sogecable. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó en dos fases el archivo del sumario mientras el Tribunal Supremo procesó al juez Gómez de Liaño por prevaricación. Entre una y otra apoyó a la Fiscalía en la apertura de un sumario de Gómez de Liaño sobre el presunto “último crimen de los GAL”: la divulgación de un vídeo que afectaba a Pedro J. Ramírez. Un auto del juez Garzón devolvió el asunto al ámbito de los tribunales ordinarios. Días después impulsó y apoyó un texto de Fungairiño en relación con las dictaduras de Argentina y Chile, que legitimaba el golpe de Estado. Su cuarta crisis, siempre en el terreno del recorte de libertades, fue la orden dada a los fiscales y transmitida por el jefe de la inspección, Martínez Zato, de que “se abstuvieran de criticar al Gobierno, a la ministra de Justicia y al fiscal general”. Una vez más, las asociaciones de fiscales pidieron su dimisión y, una vez más, el Gobierno respaldó su gestión.
Baltasar Garzón Real: Juez de la Audiencia Nacional, líder de la parcela judicial que puso al PSOE contra las cuerdas. Inspirador del grupo formado por los fiscales Fungairiño, Gordillo, Rubira y Márquez de Prado, más conocidos como los “indomables “. La negativa del ministro Belloch a nombrarlo secretario de Estado de Interior, cargo que le pidió de forma vehemente, y el indisimulado cese de que fue objeto, condicionaron su actitud, cargándola de subjetividad. Creador de la “explosión controlada” del GAL, que convirtió en “asesinos“ frente a la opinión pública a la cúpula de Interior entre 1983 y 1987. Acusado de prevaricación por algunos de sus testigos, que afirmaron haber sido coaccionados e inducidos a mentir bajo amenaza de cárcel. Esta técnica fue la que siguió, según declaración de Amedo, para encarcelar al que fue su enemigo político, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. Varios de sus sumarios más secretos fueron publicados en serie (en escandaloso fracaso de su deber de custodia) en las portadas de “El Mundo” que dirigía su ex amigo Pedro J. Ramírez. Se le acusó de llevar la trama judicial de la movida anti-PSOE que coordinó Pedro J. con el amparo de Álvarez Cascos, y a la que se vincularon ex miembros de los servicios de inteligencia y el entorno Conde, entre otros. Al incorporarse a tareas ejecutivas en el Gobierno socialista, hizo reformas en su casa particular (no todas necesarias por razones de seguridad, según informó Rafael Vera, que supusieron el pago, con cargo a fondos reservados, de más de 14 millones de pesetas). Se incorporó al Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional el 18 de mayo de 1994, tras dimitir de su escaño de diputado. Poco después abría el sumario Segundo Marey, en el que procesaría a todos sus antiguos jefes. Hizo lo imposible (hasta llegar a un conflicto jurídico con el juez natural) por instruir el llamado caso Laos sobre la captura de Luis Roldán. Esto habría puesto en su punto de mira a Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia e Interior, el mismo que se negó a confiarle la Secretaría de Estado de Interior. Sus “habilidades “procesales pueden implicar la nulidad de algunos de los sumarios que instruye. Debe recordarse que, en mayo de 1997, el Supremo dejó en libertad a varios narcotraficantes (cogidos en flagrante delito) por un simple defecto de forma en la consecución de pruebas: la falta de autorización judicial para un “pinchazo” telefónico. Tras la entrevista entre Álvarez Cascos, Pedro J. Ramírez y el abogado de Amedo y Domínguez, Jorge Manrique, se produjo una misteriosa reunión entre Pedro J. y el juez Garzón en un hotel de la zona de Barajas, próxima a Madrid. Esas reuniones se producían a finales de 1994, A partir de esas fechas, Amedo y Domínguez llenaron sus sumarios del GAL con una larga lista de acusaciones contra responsables de Interior. Unas notas manuscritas de Amedo, publicadas por Diario16, explicaban que Garzón le impidió declarar sobre Barrionuevo para evitar el pase del sumario a la jurisdicción del Supremo. Esas notas aseguraban la manipulación del juez para meter en la cárcel a Rafael Vera. Ninguna instancia judicial procesó o pidió explicaciones al juez. Garzón, el juez estrella por antonomasia, fue tratado como un héroe por El Mundo, la COPE, en ocasiones el ABC y una buena parte de la ciudadanía. En julio de 1997 tuvo que “torear“ la recusación presentada por Cebrián contra el juez Gómez de Liaño como instructor del inspirado caso Sogecable. El juez Garzón aceptó practicar varias pruebas solicitadas por Cebrián, ante la furia (famosa en toda la Audiencia) del juez recurrido. La actitud de Garzón en este caso le valió varios avisos públicos por parte de El Mundo. El 4 de septiembre de 1997, Garzón dictó un auto por el que se inhibía en la resolución de la recusación contra Gómez de Liaño. En el texto afirmaba tener conocimientos previos de un complot contra Polanco en el que participaban el propio Gómez de Liaño junto con García-Trevijano, Jaime Campmany, Joaquín Navarro y los fiscales Márquez de Prado y Gordillo, entre otros. El auto fue una bomba en la vida nacional. El CGPJ exigió al fiscal general su intervención. Fuentes de toda solvencia aseguran que Garzón avisó varias veces a Liaño de que se estaba equivocando, y rechazó su participación en reuniones a las que fue invitado. Quisieron llevar a Garzón a una lucha contra el primer grupo español de comunicación, forzada por un entorno cutre: un antisistema como García-Trevijano, un ex falangista como Campmany y un juez obsesivo. Garzón podrá ser rencoroso, maniobrero y con tendencia al abuso de poder..., pero nadie podrá afirmar que sea ciego. El 10 de septiembre, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó por cuatro votos a tres la abstención del juez Garzón en el incidente de recusación contra Javier Gómez de Liaño. En septiembre de 1997 se difundió el rumor de su próxima marcha de la Audiencia Nacional y su posible aceptación de un trabajo en una institución universitaria de Estados Unidos. No se confirmó. Poco después volvió a dictar un auto de gran dureza, que devolvía a la jurisdicción ordinaria la investigación conocida como “vídeo de Pedro J. “que El Mundo quiso convertir en “el último crimen del GAL “. La revista Tiempo publicó una entrevista en exclusiva con Michel Domínguez en la que el ex policía lanzaba gravísimas acusaciones contra Baltasar Garzón. No se produjeron reacciones judiciales. En julio de 1998 dictó el cierre del diario Egin y la detención de sus principales responsables. Una declaración de Aznar parecía indicar que se influyó en la decisión del cierre...
Eduardo Fungairiño Bringas: Líder de los fiscales “indomables” o “amotinados” de la Audiencia Nacional. Candidato impulsado por el Gobierno de José María Aznar a fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Rechazado por el Consejo Fiscal en tres ocasiones, consiguiendo cero votos en cada una de ellas, incluyendo una votación de ascenso a fiscal de Sala, condición imprescindible para ser nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Expedientado y con sanción disciplinaria tras inspección realizada por el jefe de Inspección de la Fiscalía, Juan José Martínez Zato. El 30 de mayo de 1997, pocos días después de su último rechazo por el Consejo Fiscal, fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional por el Consejo de Ministros, a propuesta de Jesús Cardenal. Sólo un “especial interés” por parte de Aznar puede explicar que se provoque un “motín” fiscal por el Consejo de Ministros. Fungairiño fue fiscal clave en el marcaje judicial a que algunos jueces de la Audiencia Nacional sometieron al socialismo español. Nunca ningún Gobierno, eso que se lo pusieron difícil, atentó de forma más flagrante contra la independencia y dignidad de la carrera fiscal. Fungairiño tomó posesión de su nuevo cargo el 5 de junio de 1997. Su padrino (nunca mejor dicho) tuvo que ser el propio fiscal general, ante la ausencia de un fiscal de Sala voluntario para esa tradicional tarea. Fue rápido y consecuente con lo de que él se esperaba: apoyó sin límites el papel del juez Liaño en la presunta conspiración judicial contra Polanco conocida como caso Sogecable y, tras su “fracaso”, apoyó e impulsó la intervención de Gómez de Liaño en la conversión del vídeo de Pedro J., en el “último crimen del GAL” y en una conspiración contra la justicia. En diciembre de 1997 se hizo público un escrito sobre “jurisdicción de los tribunales españoles” en relación con los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, en el que Fungairiño legitimaba en origen el golpe de Estado por tratarse de “una sustitución temporal del orden constitucional...mediante Acta Institucional que tenía por objeto, precisamente, subsanar las deficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública”. Semejante panfleto fue apoyado por Cardenal y justificado por el Gobierno Aznar. La Sala Tercera del Tribunal Supremo decidió la legalidad del nombramiento de Fungairiño por 21 votos contra 13. El repaso del origen de los votos da pie a una interpretación política de la decisión. Un mal precedente que dejó la Fiscalía al capricho del Ejecutivo.
Y por último, tan solo una pregunta: una vez visto el “dechado de imparcialidad, ética, independencia política y respeto a la ley”, de todos estos “honrados defensores” del Estado de Derecho”...¿ no se os cae la cara de vergüenza a la caverna fascista del solar patrio defender como si no hubiera un mañana a esa patulea de jueces, magistrados, fiscales, etcétera, que aplican la justicia de manera partidista, reaccionaria y sectaria, y por el contrario, atacáis como una jauría de perros rabiosos a aquellos/aquellas que denuncian semejantes atrocidades ?
Me vais a permitir que le refresque la memoria a la caverna fascista, ultraconservadora y reaccionaria del solar patrio, citando algunos ejemplos palmarios de un ramillete de "impolutos jueces, fiscales, magistrados, etcétera", que demostraron en tiempos no muy lejanos, con sus abominables comportamientos a la hora de impartir justicia, que lo del Lawfare en la Justicia española está plenamente vigente.
Pero !ojo!...no solo hay casos de prevaricación y/o cohecho, no, también hay amenazas, coacciones, desfalco, falsificación de pruebas, extorsión, edictos arbitrarios, manipulación, sectarismo, etcétera, que presuntamente cometieron algunos jueces y fiscales, a favor de los execrables intereses del Partido Popular, y de su aliado en ocasiones, CIU, tanto en su etapa de gobierno con Aznar, como en la Oposición.
Joaquín Delgado García: Magistrado de la Sala Segunda del Supremo, a fecha septiembre de 1998. Ponente de la sentencia que condenó a 10 años de prisión a José Barrionuevo y a Rafael Vera. Cuatro magistrados emitieron votos particulares en los que se afirmaba, ¡atención!...que no se había respetado el derecho constitucional de los procesados a la presunción de inocencia.
Luis Pascual Estevill: Acusado de varios delitos de prevaricación, cohecho y delitos fiscales. CIU lo impuso como vocal del CGPJ. Dicha propuesta coincidió en el tiempo con el archivo, por parte de Estivill, de sumarios que afectaban a algún alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Se le acusó de connivencia con los abogados Vives de la Hinojosa y Piqué Vidal para el cobro de importantes cantidades de dinero por dejar en libertad, o encarcelar, a clientes o rivales de los citados bufetes. En pleno escándalo, el sector ultraconservador del CGPJ, patroneado por el magistrado radical José Luis Manzanares y con el apoyo pleno de la que luego sería ministra de Justicia en el Gobierno Aznar, Margarita Mariscal de Gante, impuso su permanencia en el Consejo para mantener, presuntamente, el control de nombramientos para el Supremo. En el TSJC y bajo la instrucción del magistrado Antoni Bruguera, se desarrolló durante 1997 una nueva causa por sobornos en el desempeño de su función judicial. En su día se estimó en unos 800 millones de pesetas el montante de sus “habilidades” procesales. Se le implicó en cobros de sobornos en relación con los sumarios Idapsa, Macosa, Bertrán de Caralt, Vitalicio, La Estrella y el del empresario Lorenzo Rosal.
Javier Gómez de Liaño: juez de la Audiencia Nacional, a fecha septiembre 1998. Solicitó el puesto en la Audiencia en maniobra secreta, y presuntamente pactada con Garzón, y tres fiscales, consistente en presentar su candidatura a falta de minutos para el cierre del plazo legal, evitando así que sectores sensatos de la judicatura presentaran un candidato de mayor antigüedad en la carrera. De este modo se produjo la circunstancia de que fuera Gómez de Liaño quién resolviera los recursos contra Garzón presentados por quienes se consideraban víctimas de su parcialidad. Hay muchos más datos y anomalías de este maquiavélico juez, pero ocuparía tres o cuatro post.
Ignacio Gordillo: Fiscal rebelde, “amotinado” y/o “indomable” de la Audiencia Nacional. Presionó al Gobierno anunciando su salida de la Audiencia en caso de castigarse a la fiscal Márquez de Prado. Fiscal, entre otros casos, de la maniobra judicial Sogecable que instruyó de forma singular y arbitraria el juez Liaño. Las razones de las extrañas decisiones de juez y fiscal del caso quedaron expuestas a la opinión pública en un auto del juez Garzón donde se denunciaba la existencia de un complot contra Jesús de Polanco en el que ambos participaban. Su pobre actuación en el juicio contra Ruiz Mateos propició la absolución de éste en una sentencia que dejaba clara la opinión del Tribunal sobre el pésimo trabajo de la Fiscalía.
Luis Jordana de Pozas: Fiscal de Madrid en la época de la fuga de Luis Roldán. En ese ambiente de inseguridad optó por endurecer la posición de la Fiscalía en el sumario Ibercorp, hasta conseguir autos de prisión contra Mariano Rubio y Manuel de la Concha, gobernador del Banco de España y Síndico de la Bolsa, respectivamente.
José Luis Manzanares: Ex vicepresidente del CGPJ, ex magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Principal responsable del mantenimiento a ultranza en el CGPJ del juez Estivill. Aseguró que la posible absolución de políticos del PSOE no sería indicativa de su inocencia. Ha hecho multitud de declaraciones públicas en las que presupone culpabilidad, incluso penal, a varios miembros de los gobiernos socialistas, incluyendo a su presidente, Felipe González. Afirmó que la crisis de la Audiencia Nacional se debía, en exclusiva, “al ataque contra jueces y fiscales independientes y honestos que investigaban el GAL”. En noviembre de 1997, el magistrado Manzanares obtuvo del Gobierno del Partido Popular su recompensa....fue nombrado miembro del Consejo de Estado.
Joaquín Navarro Esteban: Juez, periodista y político con una manifiesta tendencia al libelo culto contra los socialistas. Íntimo amigo de Gómez de Liaño, al que proclamó en reiteradas ocasiones como modelo de lo que debía de ser un juez. Fue citado por Baltasar Garzón como testigo en la recusación presentada por Sogecable contra Gómez de Liaño. Al día siguiente publicó un artículo en “El Mundo “en el que calificaba a Garzón de “cainita, mendaz, cínico y prevaricador “y reconocía haberle presionado para que no aceptara a trámite el incidente de recusación contra Liaño.
Ana María Pérez Marugán: Juez de Madrid. Llevaba el sumario conocido como Fondos Reservados. Investigó a lo largo de dos años el patrimonio de la cúpula de Interior acusada por Roldán. No citó a declarar a Baltasar Garzón, acusado también por el ex director de la Guardia Civil de haberse beneficiado de fondos reservados. No defendió ni concedió amparo a José Luis Corcuera ante la persecución (una completa colección de mentiras) de que fue objeto por parte del diario “El Mundo “.
Luis Poyatos: En su día fue candidato del PP a fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ultraconservador, fiscal temporal del Tribunal de Orden Público (TOP), presuntamente miembro de una secta calificada de ultra. Su candidatura fue retirada en medio de un gran escándalo.
Adolfo Prego: Elegido en su día para sustituir en la Sala Segunda del Tribunal Supremo al magistrado José Luis Manzanares. En un intento del Gobierno del PP de que su nombramiento llegara a tiempo para que se integrase en el tribunal que debía juzgar el caso Marey, fueron resueltos en dos días trámites que siempre tardan entre dos y tres semanas. Por suerte, ni la Sala Segunda ni el CGPJ entraron en ese juego, y adoptaron las medidas necesarias para que su incorporación se produjera a ritmo normal.
Jesús Cardenal Fernández: Nombrado por sorpresa fiscal general del Estado el 10 de mayo de 1997. Era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ultraconservador y supernumerario del Opus Dei. Contrario al divorcio, al aborto y a la tolerancia de la homosexualidad. Incluyó en la Memoria Fiscal de 1994 el siguiente texto: “El clima de pluralismo solo beneficia (sobre todo por la acción de grupos de intelectuales en diarios, revistas, radios, teatro, cine y televisión) a los extremos viciosos o a la media mediocre. Ese descenso del nivel ético de la sociedad, ha sido asumido por la sociedad como consecuencia del pluralismo y la libertad “. Sustituyó a Ortiz Úrculo, que se enteró de su cese por la radio. En la misma operación se aprobó el traslado forzoso de la fiscal Márquez de Prado. Cuando fue nombrado fiscal general del Estado, IU le recibió al grito de “Vuelve la extrema derecha “. El CGPJ advirtió al Gobierno, en resolución del 14 de mayo de 1997, sobre las manifestaciones de Cardenal...” por entender que no son acordes con algunos principios básicos de la Constitución española “. A pesar de todo, Aznar siguió adelante con el nombramiento. Su primera medida, rechazada por el Consejo Fiscal, fue promover a Eduardo Fungairiño (líder de los llamados fiscales “indomables” y expedientado por falta muy grave) al cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, sin pasar por el acuerdo del Consejo Fiscal para su ascenso a fiscal de sala. Las asociaciones de fiscales presentaron recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La Junta de Fiscales de Sala, en una decisión única en la historia, difundió el 3 de junio de 1997 un comunicado de condena contra el Gobierno al entender que el nombramiento de Fungairiño “representa una quiebra grave del modelo constitucional del ministerio fiscal “. Aznar contestó ese mismo día en televisión diciendo que le parecía “divertida” la actitud de los fiscales. Todas las asociaciones pidieron la dimisión de Jesús Cardenal y de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.( la peor ministra de Justicia de la joven democracia española, de largo. Y esto no lo digo yo, lo dijeron en su día las asociaciones de jueces y demás colectivos judiciales ). Entre sus intervenciones de tinte “partidario” se cuenta el apoyo total que prestó a su fiscal Fungairiño en esa presunta “conjura”judicial que se conoció como caso Sogecable. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó en dos fases el archivo del sumario mientras el Tribunal Supremo procesó al juez Gómez de Liaño por prevaricación. Entre una y otra apoyó a la Fiscalía en la apertura de un sumario de Gómez de Liaño sobre el presunto “último crimen de los GAL”: la divulgación de un vídeo que afectaba a Pedro J. Ramírez. Un auto del juez Garzón devolvió el asunto al ámbito de los tribunales ordinarios. Días después impulsó y apoyó un texto de Fungairiño en relación con las dictaduras de Argentina y Chile, que legitimaba el golpe de Estado. Su cuarta crisis, siempre en el terreno del recorte de libertades, fue la orden dada a los fiscales y transmitida por el jefe de la inspección, Martínez Zato, de que “se abstuvieran de criticar al Gobierno, a la ministra de Justicia y al fiscal general”. Una vez más, las asociaciones de fiscales pidieron su dimisión y, una vez más, el Gobierno respaldó su gestión.
Baltasar Garzón Real: Juez de la Audiencia Nacional, líder de la parcela judicial que puso al PSOE contra las cuerdas. Inspirador del grupo formado por los fiscales Fungairiño, Gordillo, Rubira y Márquez de Prado, más conocidos como los “indomables “. La negativa del ministro Belloch a nombrarlo secretario de Estado de Interior, cargo que le pidió de forma vehemente, y el indisimulado cese de que fue objeto, condicionaron su actitud, cargándola de subjetividad. Creador de la “explosión controlada” del GAL, que convirtió en “asesinos“ frente a la opinión pública a la cúpula de Interior entre 1983 y 1987. Acusado de prevaricación por algunos de sus testigos, que afirmaron haber sido coaccionados e inducidos a mentir bajo amenaza de cárcel. Esta técnica fue la que siguió, según declaración de Amedo, para encarcelar al que fue su enemigo político, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. Varios de sus sumarios más secretos fueron publicados en serie (en escandaloso fracaso de su deber de custodia) en las portadas de “El Mundo” que dirigía su ex amigo Pedro J. Ramírez. Se le acusó de llevar la trama judicial de la movida anti-PSOE que coordinó Pedro J. con el amparo de Álvarez Cascos, y a la que se vincularon ex miembros de los servicios de inteligencia y el entorno Conde, entre otros. Al incorporarse a tareas ejecutivas en el Gobierno socialista, hizo reformas en su casa particular (no todas necesarias por razones de seguridad, según informó Rafael Vera, que supusieron el pago, con cargo a fondos reservados, de más de 14 millones de pesetas). Se incorporó al Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional el 18 de mayo de 1994, tras dimitir de su escaño de diputado. Poco después abría el sumario Segundo Marey, en el que procesaría a todos sus antiguos jefes. Hizo lo imposible (hasta llegar a un conflicto jurídico con el juez natural) por instruir el llamado caso Laos sobre la captura de Luis Roldán. Esto habría puesto en su punto de mira a Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia e Interior, el mismo que se negó a confiarle la Secretaría de Estado de Interior. Sus “habilidades “procesales pueden implicar la nulidad de algunos de los sumarios que instruye. Debe recordarse que, en mayo de 1997, el Supremo dejó en libertad a varios narcotraficantes (cogidos en flagrante delito) por un simple defecto de forma en la consecución de pruebas: la falta de autorización judicial para un “pinchazo” telefónico. Tras la entrevista entre Álvarez Cascos, Pedro J. Ramírez y el abogado de Amedo y Domínguez, Jorge Manrique, se produjo una misteriosa reunión entre Pedro J. y el juez Garzón en un hotel de la zona de Barajas, próxima a Madrid. Esas reuniones se producían a finales de 1994, A partir de esas fechas, Amedo y Domínguez llenaron sus sumarios del GAL con una larga lista de acusaciones contra responsables de Interior. Unas notas manuscritas de Amedo, publicadas por Diario16, explicaban que Garzón le impidió declarar sobre Barrionuevo para evitar el pase del sumario a la jurisdicción del Supremo. Esas notas aseguraban la manipulación del juez para meter en la cárcel a Rafael Vera. Ninguna instancia judicial procesó o pidió explicaciones al juez. Garzón, el juez estrella por antonomasia, fue tratado como un héroe por El Mundo, la COPE, en ocasiones el ABC y una buena parte de la ciudadanía. En julio de 1997 tuvo que “torear“ la recusación presentada por Cebrián contra el juez Gómez de Liaño como instructor del inspirado caso Sogecable. El juez Garzón aceptó practicar varias pruebas solicitadas por Cebrián, ante la furia (famosa en toda la Audiencia) del juez recurrido. La actitud de Garzón en este caso le valió varios avisos públicos por parte de El Mundo. El 4 de septiembre de 1997, Garzón dictó un auto por el que se inhibía en la resolución de la recusación contra Gómez de Liaño. En el texto afirmaba tener conocimientos previos de un complot contra Polanco en el que participaban el propio Gómez de Liaño junto con García-Trevijano, Jaime Campmany, Joaquín Navarro y los fiscales Márquez de Prado y Gordillo, entre otros. El auto fue una bomba en la vida nacional. El CGPJ exigió al fiscal general su intervención. Fuentes de toda solvencia aseguran que Garzón avisó varias veces a Liaño de que se estaba equivocando, y rechazó su participación en reuniones a las que fue invitado. Quisieron llevar a Garzón a una lucha contra el primer grupo español de comunicación, forzada por un entorno cutre: un antisistema como García-Trevijano, un ex falangista como Campmany y un juez obsesivo. Garzón podrá ser rencoroso, maniobrero y con tendencia al abuso de poder..., pero nadie podrá afirmar que sea ciego. El 10 de septiembre, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó por cuatro votos a tres la abstención del juez Garzón en el incidente de recusación contra Javier Gómez de Liaño. En septiembre de 1997 se difundió el rumor de su próxima marcha de la Audiencia Nacional y su posible aceptación de un trabajo en una institución universitaria de Estados Unidos. No se confirmó. Poco después volvió a dictar un auto de gran dureza, que devolvía a la jurisdicción ordinaria la investigación conocida como “vídeo de Pedro J. “que El Mundo quiso convertir en “el último crimen del GAL “. La revista Tiempo publicó una entrevista en exclusiva con Michel Domínguez en la que el ex policía lanzaba gravísimas acusaciones contra Baltasar Garzón. No se produjeron reacciones judiciales. En julio de 1998 dictó el cierre del diario Egin y la detención de sus principales responsables. Una declaración de Aznar parecía indicar que se influyó en la decisión del cierre...
Eduardo Fungairiño Bringas: Líder de los fiscales “indomables” o “amotinados” de la Audiencia Nacional. Candidato impulsado por el Gobierno de José María Aznar a fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Rechazado por el Consejo Fiscal en tres ocasiones, consiguiendo cero votos en cada una de ellas, incluyendo una votación de ascenso a fiscal de Sala, condición imprescindible para ser nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Expedientado y con sanción disciplinaria tras inspección realizada por el jefe de Inspección de la Fiscalía, Juan José Martínez Zato. El 30 de mayo de 1997, pocos días después de su último rechazo por el Consejo Fiscal, fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional por el Consejo de Ministros, a propuesta de Jesús Cardenal. Sólo un “especial interés” por parte de Aznar puede explicar que se provoque un “motín” fiscal por el Consejo de Ministros. Fungairiño fue fiscal clave en el marcaje judicial a que algunos jueces de la Audiencia Nacional sometieron al socialismo español. Nunca ningún Gobierno, eso que se lo pusieron difícil, atentó de forma más flagrante contra la independencia y dignidad de la carrera fiscal. Fungairiño tomó posesión de su nuevo cargo el 5 de junio de 1997. Su padrino (nunca mejor dicho) tuvo que ser el propio fiscal general, ante la ausencia de un fiscal de Sala voluntario para esa tradicional tarea. Fue rápido y consecuente con lo de que él se esperaba: apoyó sin límites el papel del juez Liaño en la presunta conspiración judicial contra Polanco conocida como caso Sogecable y, tras su “fracaso”, apoyó e impulsó la intervención de Gómez de Liaño en la conversión del vídeo de Pedro J., en el “último crimen del GAL” y en una conspiración contra la justicia. En diciembre de 1997 se hizo público un escrito sobre “jurisdicción de los tribunales españoles” en relación con los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, en el que Fungairiño legitimaba en origen el golpe de Estado por tratarse de “una sustitución temporal del orden constitucional...mediante Acta Institucional que tenía por objeto, precisamente, subsanar las deficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública”. Semejante panfleto fue apoyado por Cardenal y justificado por el Gobierno Aznar. La Sala Tercera del Tribunal Supremo decidió la legalidad del nombramiento de Fungairiño por 21 votos contra 13. El repaso del origen de los votos da pie a una interpretación política de la decisión. Un mal precedente que dejó la Fiscalía al capricho del Ejecutivo.
Y por último, tan solo una pregunta: una vez visto el “dechado de imparcialidad, ética, independencia política y respeto a la ley”, de todos estos “honrados defensores” del Estado de Derecho”...¿ no se os cae la cara de vergüenza a la caverna fascista del solar patrio defender como si no hubiera un mañana a esa patulea de jueces, magistrados, fiscales, etcétera, que aplican la justicia de manera partidista, reaccionaria y sectaria, y por el contrario, atacáis como una jauría de perros rabiosos a aquellos/aquellas que denuncian semejantes atrocidades ?
«Átame las alpargatas, morena mía, y dame mi fusil, que voy a matar más fascistas que flores tienen mayo y abril».
Re: ¿El caso Neurona ha resultado ser Lawfare?
Ocho años de acusaciones sin pruebas contra Podemos: ni facturas falsas ni financiación ilegal ni sobresueldos
La cúpula policial con Mariano Rajoy tuvo un papel crucial en la guerra sucia contra el partido casi desde su irrupción en 2014, en una estrategia de la que también fue víctima la jueza Victoria Rosell y que ha discurrido en paralelo a la investigación recién archivada del caso Neurona
— La Gürtel de Podemos no existía: crónica de tres años del caso que arrancó por unos rumores
Todas las causas abiertas contra Podemos y sus dirigentes han sido archivadas David Velasco
Podemos nació en las primeras semanas de 2014 y se convirtió en la gran sorpresa con cinco diputados en las elecciones europeas de ese año. Y casi paralelamente empezaron sus problemas en los tribunales mucho antes de que el partido gestionase ninguna institución. Durante casi una década diferentes instancias, la judicial, la periodística y también los cuerpos policiales han tratado de poner en duda la limpieza de sus cuentas.
El juez archiva el caso Neurona después de tres años de investigación contra Podemos por sus finanzas
Más de una decena de denuncias, acusaciones policiales e imputaciones se amontonan en los archivos de los juzgados sin que ninguna haya reunido pruebas para llegar a juicio. El caso Neurona, después de tres años de investigación y centenares de titulares de prensa radio y televisión, es el último en seguir ese camino después del informe PISA, la persecución a la jueza Victoria Rosell y últimamente las denuncias de Vox por delito de odio.
“Podemos tiene cuatro casos de corrupción sin haber gestionado un solo euro público”. Pablo Casado, entonces portavoz del comité de campaña del PP, se pronunciaba de ese modo en una entrevista en Onda Cero en febrero de 2015, aun con Mariano Rajoy en La Moncloa. Para entonces, dos personas que saben bien a qué huele el banquillo de los acusados habían abierto fuego judicial contra el partido con pólvora mojada: Emilio Rodríguez Menéndez y Miguel Bernad.
El primero es un abogado que se hizo famoso por fugarse varias veces de la Justicia y ser condenado, recientemente, por estafa. El segundo lideraba un pseudosindicato, Manos Limpias, condenado por participar en extorsiones judiciales. A finales de 2014 acudieron al Tribunal Supremo para denunciar que Iglesias, entonces eurodiputado, y otros miembros de Podemos blanqueaban dinero del chavismo por haber trabajado para la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). También por la facturación supuestamente ilegal de la productora con la que gestionaban el programa ‘La Tuerka’, donde se dio a conocer el exlíder del partido.
El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, dictó entonces un auto cuyos argumentos se han reproducido en una docena de ocasiones para archivar este tipo de pleitos. Esa primera querella, afirmó el Supremo, “se limita a transcribir un artículo periodístico” sin aportar “datos objetivos y accesibles”. Un principio, un nudo y un desenlace que, casi una década después del nacimiento del partido, se siguen repitiendo: acusaciones basadas en informaciones periodísticas o documentos policiales que nunca pasan el filtro de una investigación judicial.
La munición con la que se disparaba al partido era de fogueo pero suficiente para lanzarse al contraataque contra una formación que, en poco más de dos años de vida, había planteado una moción de censura contra Mariano Rajoy, había buscado capitalizar políticamente el descontento del 15M e, incluso, había sacado un ‘tramabús’ a la calle señalando a políticos y periodistas como integrantes de una estructura corrupta. El entonces presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, también presentó sin éxito una querella contra Iglesias tras ver su cara en ese ‘tramabús’ que circuló por distintas ciudades españolas.
Parte de esa munición surgió de las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior que entonces dirigía el hoy procesado Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entonces y amigo íntimo del presidente Mariano Rajoy. Una estrategia que había comenzado casi en cuanto el partido logró su primer triunfo electoral en las europeas de 2014, tal y como reveló años después el diario del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los actores clave de la guerra sucia contra la formación. El mismo grupo secreto de policías que durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy se había dedicado a combatir extrajudicialmente el proceso soberanista en Catalunya tenía ahora en Podemos un nuevo enemigo al que combatir de forma prospectiva y sin control judicial.
Años después, las anotaciones de Villarejo desvelaron que a los cuatro meses de aquellos comicios ya estaba manteniendo encuentros con periodistas para facilitarles información del partido. Pero la mayor evidencia de la guerra sucia contra Podemos por parte de aquella cúpula policial llegó tras las generales de 2015, cuando los 69 diputados que logró la formación —que se convirtió en tercera fuerza política— podían imposibilitar un nuevo Gobierno del PP. Okdiario y El Confidencial informaron del contenido del llamado informe P.I.S.A. (Pablo Iglesias Sociedad Anónima): un texto sin firma ni sello que pretendía demostrar la financiación irregular del partido con dinero procedente de Venezuela e Irán.
Su contenido fue despreciado, primero, por la Audiencia Nacional y, después, por el Tribunal Supremo. Pero en ese momento, cualquier información que vinculara a la marca de Iglesias con el chavismo resultaba vital para la brigada política y los enemigos del partido. Tanto es así que uno de sus miembros, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, llegó a trasladarse a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Hugo Chávez, al que ofreció ayuda para él y su familia a cambio de supuestas pruebas sobre los vínculos de Podemos con Caracas. El informe policial que resultó de aquel encuentro nunca llegó a un juzgado pero fue publicado por el diario ABC.
La investigación del caso Villarejo ha acreditado la participación del comisario en aquellas maniobras junto a otros miembros de ese grupo de mandos policiales. Sin embargo, los funcionarios serán únicamente juzgados por la operación para favorecer al PP a través del sabotaje de la más grave causa de corrupción de la formación: el caso Gürtel. Pero, entretanto, esos informes apócrifos, sin atribución a una unidad policial, ni firma de funcionarios sí han servido durante años para alimentar las portadas de determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos en el debate político.
Por ejemplo, esa misma brigada política filtró en mayo de 2016 a OkDiario una supuesta orden de pago de 272.325 dólares por parte del Gobierno venezolano a favor de Iglesias a través de una cuenta en un paraíso fiscal y cuando el partido ya estaba fundado. El documento resultó ser falso, tal y como acreditó la entidad bancaria Euro Pacific Bank. Para elaborarlo, la Policía contó con Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que recibió el permiso de residencia por su colaboración con el Ministerio del Interior español, según confesó él mismo en un juzgado madrileño.
De forma más reciente, en 2022, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón intentó resucitar las diligencias abiertas en su día a raíz del citado informe PISA para tratar de poner en marcha otra investigación sobre la supuesta financiación irregular de Podemos a partir del testimonio del exgeneral venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal’. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acusó al juez de utilizar “artificios” para intentar sortear los límites legales y seguir adelante con las pesquisas. Según los jueces, el antiguo jefe de la Inteligencia militar de Chávez solo pretendía “retrasar” su extradición a Estados Unidos. El juez acató esa orden y detuvo la investigación.
García Castellón es el mismo juez que reconvirtió una investigación sobre la presunta participación de Villarejo en la difusión del material del teléfono robado a una excolaboradora de Iglesias, Dina Bousselham, en un caso sobre el entonces vicepresidente del Gobierno. El magistrado estableció como prioridad determinar si él había dañado su tarjeta del móvil a pesar de que ella lo exculpaba. Durante dos años, ordenó todo tipo de diligencias, sin consultar a la Fiscalía, entre las que figuró incluso una comisión rogatoria internacional. El Supremo rechazó la exposición razonada contra Iglesias. Ante la imposibilidad de imputarlo, el juez cerró la instrucción del caso.
Al margen de la brigada política, uno de los principales casos de guerra sucia contra Podemos fue el que afectó a Victoria Rosell, jueza de profesión y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género hasta hace unos días, con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. El Supremo confirmó en noviembre de 2021 la existencia de una conspiración para tumbar a quien, en ese momento, era diputada de Podemos a través de la manipulación de una causa judicial que ella había instruido cuando estaba en activo.
La persecución, otra vez a medio camino entre la política y los tribunales, comenzó tras las elecciones de 2015. El juez que la ejecutó, Salvador Alba, está en la cárcel desde hace poco más de un año. Pero, entre medias, la admisión en el Supremo de una querella contra la diputada presentada por el que fuera ministro del PP José Manuel Soria provocó que Rosell dimitiera de su cargo electo y que no concurriera en las elecciones de junio de 2016, convocadas ante la falta de acuerdo para formar Gobierno. A partir de entonces las bases de la conspiración comenzaron a tambalearse, pero el objetivo de apartar de la política al que era uno de los perfiles más relevantes de Podemos se había logrado.
Tres años de caso Neurona
El caso más transversal a las distintas etapas del partido y que más se ha prolongado en el tiempo es el conocido como ‘caso Neurona’: la macrocausa judicial que arrancó hace más de tres años en un juzgado de Madrid para investigar las cuentas de Podemos, que llegó a tener una decena de piezas separadas y que ha quedado sobreseída hace apenas unos días.
El caso arrancó a finales de 2019, cuando Podemos negociaba su entrada en el Gobierno de coalición y cuando un antiguo abogado del partido, José Manuel Calvente, acababa de ser despedido bajo acusaciones de acoso sexual que la formación nunca pudo probar. El letrado acudió a la Guardia Civil para denunciar irregularidades de todo tipo en la contabilidad de Podemos: una ‘caja B’, sobresueldos ilegales, dinero negro en la reforma de la sede central y miedo entre los trabajadores para no decir nada.
Para la formación de Ione Belarra, tal y como han dicho en público todos sus dirigentes en repetidas ocasiones a lo largo de estos tres años, el caso Neurona es uno de los mayores ejemplos de ‘lawfare’ contra un partido que ha vivido la política española reciente. Tanto por el desarrollo de la causa, que mantuvo imputado al propio partido durante más de dos años, como por su capitalización por parte de la derecha, que llegó a hablar de ‘la Gürtel de Podemos’ y, en el caso de Vox, a personarse como acusación popular.
El propio Calvente reconoció en su primera declaración judicial que una parte de sus acusaciones venían de “rumores” que había escuchado cuando trabajaba en el partido, y que muchos de sus testimonios no querían ir al juzgado para evitar represalias. Aún así el instructor, Juan José Escalonilla, puso en marcha batería tras batería de diligencias, abriendo y cerrando piezas separadas a medida que las imputaciones se sustentaban en las palabras de Calvente o en informes policiales que el tiempo ha desvelado como dudosos.
Las piezas centradas en aspectos como la contabilidad o las entradas y salidas del dinero se fueron archivando, dando paso a otras que afectaron al ámbito personal de los dirigentes de Podemos, como el conocido como ‘caso Niñera’. La investigación penal a varias colaboradoras de la entonces ministra Irene Montero por si habían malversado dinero público al cuidar de una de sus hijas cuando era un bebé. Al final, más allá de unas fotos donde alguna de ellas sujetaba a la pequeña, el propio juez reconoció que ni siquiera había pruebas de que esos cuidados hubieran existido.
Todo esto ha servido para que Podemos denuncie desde hace años que Escalonilla se lanzó a una “investigación prospectiva”. El último en hacerlo ha sido el exdiputado Juanma del Olmo, uno de los imputados, en esta entrevista con El País. El partido entiende que la causa no ha conseguido demostrar ninguna irregularidad pero sí ha relacionado su imagen con la de episodios más populares y reales de la corrupción española, como la ‘caja B’ del PP cuya existencia sí ha sido demostrada judicialmente.
Del Olmo estuvo imputado hasta hace unos días, cuando el instructor del caso decidió dar carpetazo al asunto. Lo hizo cuando ya solo quedaba una pieza separada, la que daba nombre a la causa: la que investigaba si Podemos había pagado más de 300.000 euros a la consultora mexicana Neurona por trabajos no realizados, o que en realidad habían resultado más baratos, en las elecciones generales de 2019. Esa pieza se atascó durante más de un año a la espera de que alguien quisiera hacer un informe pericial para ver si, efectivamente, habían existido sobreprecios. El perito Aleix Sanmartín confirmó que, incluso, Podemos había pagado ese trabajo por debajo del precio de mercado y el caso ha ido al sobreseimiento provisional, todavía pendiente de posibles recursos.
Todos estos casos se han cruzado con otras querellas y pleitos sin recorrido judicial pero con mucha estela mediática y política. Por ejemplo, las varias denuncias por delito de odio que el Tribunal Supremo ha rechazado contra dirigentes de partido, entre ellos la propia Ione Belarra, por relacionar al partido de extrema derecha con el nazismo. O la querella, de la que nunca más se supo tras el acto de conciliación, que presentaron contra Victoria Rosell, por unas declaraciones que hizo en TVE.
Ninguna de estas querellas, en muchas ocasiones lanzadas por rivales políticos o por asociaciones y abogados cercanos a la extrema derecha, han pasado el filtro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Desde la prevaricación hasta el blanqueo de capitales pasando por el fraude fiscal, el odio y las injurias, todas han naufragado en la sala que preside Manuel Marchena, por norma general con Pablo Iglesias como protagonista acompañado de dirigentes y antiguos miembros como Ione Belarra, Irene Montero, Juan Carlos Monedero o Iñigo Errejón, abarcando desde la financiación de Podemos hasta la gestión de la pandemia desde el Gobierno.
Acciones judiciales que ni siquiera han llegado a juicio y que siempre han terminado en el archivo o el sobreseimiento con una misma premisa: no hay pruebas, más allá, de recortes de prensa, especulaciones o declaraciones sin sustento documental de ninguna trama de corrupción en el partido que el año que viene cumplirá una década en el tablero político español.
https://www.eldiario.es/politica/ocho-a ... 70052.html
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SIC
La cúpula policial con Mariano Rajoy tuvo un papel crucial en la guerra sucia contra el partido casi desde su irrupción en 2014, en una estrategia de la que también fue víctima la jueza Victoria Rosell y que ha discurrido en paralelo a la investigación recién archivada del caso Neurona
— La Gürtel de Podemos no existía: crónica de tres años del caso que arrancó por unos rumores
Todas las causas abiertas contra Podemos y sus dirigentes han sido archivadas David Velasco
Podemos nació en las primeras semanas de 2014 y se convirtió en la gran sorpresa con cinco diputados en las elecciones europeas de ese año. Y casi paralelamente empezaron sus problemas en los tribunales mucho antes de que el partido gestionase ninguna institución. Durante casi una década diferentes instancias, la judicial, la periodística y también los cuerpos policiales han tratado de poner en duda la limpieza de sus cuentas.
El juez archiva el caso Neurona después de tres años de investigación contra Podemos por sus finanzas
Más de una decena de denuncias, acusaciones policiales e imputaciones se amontonan en los archivos de los juzgados sin que ninguna haya reunido pruebas para llegar a juicio. El caso Neurona, después de tres años de investigación y centenares de titulares de prensa radio y televisión, es el último en seguir ese camino después del informe PISA, la persecución a la jueza Victoria Rosell y últimamente las denuncias de Vox por delito de odio.
“Podemos tiene cuatro casos de corrupción sin haber gestionado un solo euro público”. Pablo Casado, entonces portavoz del comité de campaña del PP, se pronunciaba de ese modo en una entrevista en Onda Cero en febrero de 2015, aun con Mariano Rajoy en La Moncloa. Para entonces, dos personas que saben bien a qué huele el banquillo de los acusados habían abierto fuego judicial contra el partido con pólvora mojada: Emilio Rodríguez Menéndez y Miguel Bernad.
El primero es un abogado que se hizo famoso por fugarse varias veces de la Justicia y ser condenado, recientemente, por estafa. El segundo lideraba un pseudosindicato, Manos Limpias, condenado por participar en extorsiones judiciales. A finales de 2014 acudieron al Tribunal Supremo para denunciar que Iglesias, entonces eurodiputado, y otros miembros de Podemos blanqueaban dinero del chavismo por haber trabajado para la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). También por la facturación supuestamente ilegal de la productora con la que gestionaban el programa ‘La Tuerka’, donde se dio a conocer el exlíder del partido.
El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, dictó entonces un auto cuyos argumentos se han reproducido en una docena de ocasiones para archivar este tipo de pleitos. Esa primera querella, afirmó el Supremo, “se limita a transcribir un artículo periodístico” sin aportar “datos objetivos y accesibles”. Un principio, un nudo y un desenlace que, casi una década después del nacimiento del partido, se siguen repitiendo: acusaciones basadas en informaciones periodísticas o documentos policiales que nunca pasan el filtro de una investigación judicial.
La munición con la que se disparaba al partido era de fogueo pero suficiente para lanzarse al contraataque contra una formación que, en poco más de dos años de vida, había planteado una moción de censura contra Mariano Rajoy, había buscado capitalizar políticamente el descontento del 15M e, incluso, había sacado un ‘tramabús’ a la calle señalando a políticos y periodistas como integrantes de una estructura corrupta. El entonces presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, también presentó sin éxito una querella contra Iglesias tras ver su cara en ese ‘tramabús’ que circuló por distintas ciudades españolas.
Parte de esa munición surgió de las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior que entonces dirigía el hoy procesado Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entonces y amigo íntimo del presidente Mariano Rajoy. Una estrategia que había comenzado casi en cuanto el partido logró su primer triunfo electoral en las europeas de 2014, tal y como reveló años después el diario del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los actores clave de la guerra sucia contra la formación. El mismo grupo secreto de policías que durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy se había dedicado a combatir extrajudicialmente el proceso soberanista en Catalunya tenía ahora en Podemos un nuevo enemigo al que combatir de forma prospectiva y sin control judicial.
Años después, las anotaciones de Villarejo desvelaron que a los cuatro meses de aquellos comicios ya estaba manteniendo encuentros con periodistas para facilitarles información del partido. Pero la mayor evidencia de la guerra sucia contra Podemos por parte de aquella cúpula policial llegó tras las generales de 2015, cuando los 69 diputados que logró la formación —que se convirtió en tercera fuerza política— podían imposibilitar un nuevo Gobierno del PP. Okdiario y El Confidencial informaron del contenido del llamado informe P.I.S.A. (Pablo Iglesias Sociedad Anónima): un texto sin firma ni sello que pretendía demostrar la financiación irregular del partido con dinero procedente de Venezuela e Irán.
Su contenido fue despreciado, primero, por la Audiencia Nacional y, después, por el Tribunal Supremo. Pero en ese momento, cualquier información que vinculara a la marca de Iglesias con el chavismo resultaba vital para la brigada política y los enemigos del partido. Tanto es así que uno de sus miembros, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, llegó a trasladarse a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Hugo Chávez, al que ofreció ayuda para él y su familia a cambio de supuestas pruebas sobre los vínculos de Podemos con Caracas. El informe policial que resultó de aquel encuentro nunca llegó a un juzgado pero fue publicado por el diario ABC.
La investigación del caso Villarejo ha acreditado la participación del comisario en aquellas maniobras junto a otros miembros de ese grupo de mandos policiales. Sin embargo, los funcionarios serán únicamente juzgados por la operación para favorecer al PP a través del sabotaje de la más grave causa de corrupción de la formación: el caso Gürtel. Pero, entretanto, esos informes apócrifos, sin atribución a una unidad policial, ni firma de funcionarios sí han servido durante años para alimentar las portadas de determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos en el debate político.
Por ejemplo, esa misma brigada política filtró en mayo de 2016 a OkDiario una supuesta orden de pago de 272.325 dólares por parte del Gobierno venezolano a favor de Iglesias a través de una cuenta en un paraíso fiscal y cuando el partido ya estaba fundado. El documento resultó ser falso, tal y como acreditó la entidad bancaria Euro Pacific Bank. Para elaborarlo, la Policía contó con Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que recibió el permiso de residencia por su colaboración con el Ministerio del Interior español, según confesó él mismo en un juzgado madrileño.
De forma más reciente, en 2022, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón intentó resucitar las diligencias abiertas en su día a raíz del citado informe PISA para tratar de poner en marcha otra investigación sobre la supuesta financiación irregular de Podemos a partir del testimonio del exgeneral venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal’. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acusó al juez de utilizar “artificios” para intentar sortear los límites legales y seguir adelante con las pesquisas. Según los jueces, el antiguo jefe de la Inteligencia militar de Chávez solo pretendía “retrasar” su extradición a Estados Unidos. El juez acató esa orden y detuvo la investigación.
García Castellón es el mismo juez que reconvirtió una investigación sobre la presunta participación de Villarejo en la difusión del material del teléfono robado a una excolaboradora de Iglesias, Dina Bousselham, en un caso sobre el entonces vicepresidente del Gobierno. El magistrado estableció como prioridad determinar si él había dañado su tarjeta del móvil a pesar de que ella lo exculpaba. Durante dos años, ordenó todo tipo de diligencias, sin consultar a la Fiscalía, entre las que figuró incluso una comisión rogatoria internacional. El Supremo rechazó la exposición razonada contra Iglesias. Ante la imposibilidad de imputarlo, el juez cerró la instrucción del caso.
Al margen de la brigada política, uno de los principales casos de guerra sucia contra Podemos fue el que afectó a Victoria Rosell, jueza de profesión y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género hasta hace unos días, con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. El Supremo confirmó en noviembre de 2021 la existencia de una conspiración para tumbar a quien, en ese momento, era diputada de Podemos a través de la manipulación de una causa judicial que ella había instruido cuando estaba en activo.
La persecución, otra vez a medio camino entre la política y los tribunales, comenzó tras las elecciones de 2015. El juez que la ejecutó, Salvador Alba, está en la cárcel desde hace poco más de un año. Pero, entre medias, la admisión en el Supremo de una querella contra la diputada presentada por el que fuera ministro del PP José Manuel Soria provocó que Rosell dimitiera de su cargo electo y que no concurriera en las elecciones de junio de 2016, convocadas ante la falta de acuerdo para formar Gobierno. A partir de entonces las bases de la conspiración comenzaron a tambalearse, pero el objetivo de apartar de la política al que era uno de los perfiles más relevantes de Podemos se había logrado.
Tres años de caso Neurona
El caso más transversal a las distintas etapas del partido y que más se ha prolongado en el tiempo es el conocido como ‘caso Neurona’: la macrocausa judicial que arrancó hace más de tres años en un juzgado de Madrid para investigar las cuentas de Podemos, que llegó a tener una decena de piezas separadas y que ha quedado sobreseída hace apenas unos días.
El caso arrancó a finales de 2019, cuando Podemos negociaba su entrada en el Gobierno de coalición y cuando un antiguo abogado del partido, José Manuel Calvente, acababa de ser despedido bajo acusaciones de acoso sexual que la formación nunca pudo probar. El letrado acudió a la Guardia Civil para denunciar irregularidades de todo tipo en la contabilidad de Podemos: una ‘caja B’, sobresueldos ilegales, dinero negro en la reforma de la sede central y miedo entre los trabajadores para no decir nada.
Para la formación de Ione Belarra, tal y como han dicho en público todos sus dirigentes en repetidas ocasiones a lo largo de estos tres años, el caso Neurona es uno de los mayores ejemplos de ‘lawfare’ contra un partido que ha vivido la política española reciente. Tanto por el desarrollo de la causa, que mantuvo imputado al propio partido durante más de dos años, como por su capitalización por parte de la derecha, que llegó a hablar de ‘la Gürtel de Podemos’ y, en el caso de Vox, a personarse como acusación popular.
El propio Calvente reconoció en su primera declaración judicial que una parte de sus acusaciones venían de “rumores” que había escuchado cuando trabajaba en el partido, y que muchos de sus testimonios no querían ir al juzgado para evitar represalias. Aún así el instructor, Juan José Escalonilla, puso en marcha batería tras batería de diligencias, abriendo y cerrando piezas separadas a medida que las imputaciones se sustentaban en las palabras de Calvente o en informes policiales que el tiempo ha desvelado como dudosos.
Las piezas centradas en aspectos como la contabilidad o las entradas y salidas del dinero se fueron archivando, dando paso a otras que afectaron al ámbito personal de los dirigentes de Podemos, como el conocido como ‘caso Niñera’. La investigación penal a varias colaboradoras de la entonces ministra Irene Montero por si habían malversado dinero público al cuidar de una de sus hijas cuando era un bebé. Al final, más allá de unas fotos donde alguna de ellas sujetaba a la pequeña, el propio juez reconoció que ni siquiera había pruebas de que esos cuidados hubieran existido.
Todo esto ha servido para que Podemos denuncie desde hace años que Escalonilla se lanzó a una “investigación prospectiva”. El último en hacerlo ha sido el exdiputado Juanma del Olmo, uno de los imputados, en esta entrevista con El País. El partido entiende que la causa no ha conseguido demostrar ninguna irregularidad pero sí ha relacionado su imagen con la de episodios más populares y reales de la corrupción española, como la ‘caja B’ del PP cuya existencia sí ha sido demostrada judicialmente.
Del Olmo estuvo imputado hasta hace unos días, cuando el instructor del caso decidió dar carpetazo al asunto. Lo hizo cuando ya solo quedaba una pieza separada, la que daba nombre a la causa: la que investigaba si Podemos había pagado más de 300.000 euros a la consultora mexicana Neurona por trabajos no realizados, o que en realidad habían resultado más baratos, en las elecciones generales de 2019. Esa pieza se atascó durante más de un año a la espera de que alguien quisiera hacer un informe pericial para ver si, efectivamente, habían existido sobreprecios. El perito Aleix Sanmartín confirmó que, incluso, Podemos había pagado ese trabajo por debajo del precio de mercado y el caso ha ido al sobreseimiento provisional, todavía pendiente de posibles recursos.
Todos estos casos se han cruzado con otras querellas y pleitos sin recorrido judicial pero con mucha estela mediática y política. Por ejemplo, las varias denuncias por delito de odio que el Tribunal Supremo ha rechazado contra dirigentes de partido, entre ellos la propia Ione Belarra, por relacionar al partido de extrema derecha con el nazismo. O la querella, de la que nunca más se supo tras el acto de conciliación, que presentaron contra Victoria Rosell, por unas declaraciones que hizo en TVE.
Ninguna de estas querellas, en muchas ocasiones lanzadas por rivales políticos o por asociaciones y abogados cercanos a la extrema derecha, han pasado el filtro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Desde la prevaricación hasta el blanqueo de capitales pasando por el fraude fiscal, el odio y las injurias, todas han naufragado en la sala que preside Manuel Marchena, por norma general con Pablo Iglesias como protagonista acompañado de dirigentes y antiguos miembros como Ione Belarra, Irene Montero, Juan Carlos Monedero o Iñigo Errejón, abarcando desde la financiación de Podemos hasta la gestión de la pandemia desde el Gobierno.
Acciones judiciales que ni siquiera han llegado a juicio y que siempre han terminado en el archivo o el sobreseimiento con una misma premisa: no hay pruebas, más allá, de recortes de prensa, especulaciones o declaraciones sin sustento documental de ninguna trama de corrupción en el partido que el año que viene cumplirá una década en el tablero político español.
https://www.eldiario.es/politica/ocho-a ... 70052.html
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