Solo es Política

Ver citas anteriores

Las víctimas de un accidente de tráfico podrían tener que pagar impuestos por las indemnizaciones que reciban. Esta situación, que nunca antes se ha dado en España, será una realidad si sale adelante el anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal, impulsado por el Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros le dio el visto bueno en diciembre de 2020 y se encuentra en una fase prelegislativa, por lo que el departamento que encabeza Pilar Llop, se ha mostrado abierto a modificar ese proyecto, después de que este periódico publicase la información.

«Una vez más, el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colarnos una medida de tipo recaudatorio» denuncian desde Anava-RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. La asociación ha enviado sendas cartas de protesta tanto al Ministerio de Justicia como a la Dirección General de Seguros. Por ahora no han tenido una repuesta a su denuncia, respaldada también por la Fiscalía General de Seguridad Vial.

CAMBIO EN LAS AMISTOSAS
En concreto, claman contra la modificación que recoge la Disposición final segunda del anteproyecto de ley. En ella se mantiene sin cambios el apartado que dice que estarán exentas de tributar en el IRPF las indemnizaciones dictadas por un juzgado. Pero, como novedad, exige que en aquellas que se alcancen por un pacto amistoso entre las partes (normalmente con la aseguradora) intervenga «un tercero neutral» que haga de mediador y «que el acuerdo se eleve a escritura pública».

Son dos requisitos que nunca antes se han planteado, completamente indefinido el primero, y que supondrán gastos que detraer a la cantidad que correspondiese a la víctima o a sus familiares. La otra alternativa, no cumplir esas condiciones, supondría pagar impuestos por el dinero recibido «aunque ni siquiera se sabe si en un porcentaje fijo o escalado de acuerdo a los ingresos del contribuyente» precisa Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

DESCONOCIMIENTO DEL BAREMO
«La iniciativa muestra un desconocimiento absoluto de la Ley del Baremo de 2015, que establece que las indemnizaciones deben procurar el resarcimiento total de la víctima tras los perjuicios sufridos» aclara Castellanos. «Además, esa norma también promueve que se alcancen acuerdos entre las partes para descongestionar los tribunales, lo mismo que busca el anteproyecto de ley. En cambio, el efecto será el contrario".

Porque al accidentado, o a sus familiares, solo le quedarán dos opciones para no ver reducida, vía impuestos, la cantidad que recibe en compensación. Una, lograr que la aseguradora pague los gastos extras que supone contratar el arbitraje y formalizar la escritura. Fracasada esta vía, judicializar el procedimiento. Esto generaría «un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada Administración de Justicia».

AFAN RECAUDATORIO
El problema, afirma Castellanos, es que «alguien ha leído compensación patrimonial y ha pensado directamente en recaudar más». Porque, desde el punto de vista fiscal, estos pagos nunca se han considerado como un incremento patrimonial, sino como una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente. Daños que pueden ser de tipo personal, morales, en forma de lucro cesante o en los bienes, empezando por el caso de tener que reparar el automóvil propio.


El objetivo último del actual sistema es que quien sufre un siniestro de tráfico quede, en la medida en que lo permite la norma, en la misma posición que estaba antes de tener el accidente. «Es como si, en un seguro del hogar, se nos quema la cocina y teníamos contratada una póliza de 20.000 euros. Ese dinero que nos pagan nunca nos hará más 'ricos', es simplemente para que volvamos a tener cocina» pone como ejemplo el presidente de los abogados de las víctimas.

Al estar en fase de tramitación, todavía hay tiempo para frenar el proyecto, por lo que la asociación ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Justicia en la que también estén presentes el resto de asociaciones de víctimas de accidentes y de abogados de víctimas a nivel nacional.

Ver citas anteriores

Hacienda está preparando tres Modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721.

Los Modelos 172 y 173 los deberán presentar todas aquellas empresas residentes fiscales en España que participan del mundo de las criptodivisas. Así, los obligados serán residentes en España, con independencia del lugar donde presten los servicios y de la ubicación de las monedas o de sus titulares. Se prevé que estas funciones y obligaciones también puedan afectar a personas físicas.

En el 172, las empresas e individuos afectados deben declarar los saldos de monedas virtuales propios y de sus clientes. En concreto, los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros. Se trata de los saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

El 173 crea la obligación de que las empresas informen sobre todas las operaciones que realicen, tanto en España como en el extranjero: adquisición, transmisión, permuta y transferencia, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación. Idéntica obligación tendrán aquellos que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales.

Se crea el Modelo 721 a imagen del temido 720, siendo en este caso los titulares, beneficiarios a autorizados los que tienen la obligación de presentar el formulario informativo de la divisa virtual y no el que presta servicios. Deberán declararse las criptomonedas "situadas" en el extranjero, que se entenderá para cuando se dispone u opera con ellas a través de proveedores de servicios no residentes en España. Se presupone que la obligación sólo afectará a los saldos superiores a 50.000 euros.

Ver citas anteriores

José escribió: ↑14 Ene 2022 13:12 Ya que estamos, y dado que me habéis reventado y cerrado el otro hilo sobre la inflación y las consecuencias económicas que sufrirá España:

Ver citas anteriores

Hacienda está preparando tres Modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721.

Los Modelos 172 y 173 los deberán presentar todas aquellas empresas residentes fiscales en España que participan del mundo de las criptodivisas. Así, los obligados serán residentes en España, con independencia del lugar donde presten los servicios y de la ubicación de las monedas o de sus titulares. Se prevé que estas funciones y obligaciones también puedan afectar a personas físicas.

En el 172, las empresas e individuos afectados deben declarar los saldos de monedas virtuales propios y de sus clientes. En concreto, los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros. Se trata de los saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

El 173 crea la obligación de que las empresas informen sobre todas las operaciones que realicen, tanto en España como en el extranjero: adquisición, transmisión, permuta y transferencia, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación. Idéntica obligación tendrán aquellos que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales.

Se crea el Modelo 721 a imagen del temido 720, siendo en este caso los titulares, beneficiarios a autorizados los que tienen la obligación de presentar el formulario informativo de la divisa virtual y no el que presta servicios. Deberán declararse las criptomonedas "situadas" en el extranjero, que se entenderá para cuando se dispone u opera con ellas a través de proveedores de servicios no residentes en España. Se presupone que la obligación sólo afectará a los saldos superiores a 50.000 euros.

Aquí no se va a salvar nadie del atraco fiscal. Eso si, creativos son para sacar un impuesto nuevo a la semana. Estas deben ser las "cosas chulas" que hacía el Gobierno, a las que se refería la esperanza de la izquierda, Yolanda Díaz.

Ver citas anteriores

El Sopapo escribió: ↑14 Ene 2022 13:57
http://www.soloespolitica.com/foro/view ... =7&t=39458

Ver citas anteriores

SanTelmo escribió: ↑14 Ene 2022 12:46 Colado a escondidas, en un proyecto de 160 páginas. Los españoles tenemos accidentes por encima de nuestras posibilidades.

Ver citas anteriores

Las víctimas de un accidente de tráfico podrían tener que pagar impuestos por las indemnizaciones que reciban. Esta situación, que nunca antes se ha dado en España, será una realidad si sale adelante el anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal, impulsado por el Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros le dio el visto bueno en diciembre de 2020 y se encuentra en una fase prelegislativa, por lo que el departamento que encabeza Pilar Llop, se ha mostrado abierto a modificar ese proyecto, después de que este periódico publicase la información.

«Una vez más, el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colarnos una medida de tipo recaudatorio» denuncian desde Anava-RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. La asociación ha enviado sendas cartas de protesta tanto al Ministerio de Justicia como a la Dirección General de Seguros. Por ahora no han tenido una repuesta a su denuncia, respaldada también por la Fiscalía General de Seguridad Vial.

CAMBIO EN LAS AMISTOSAS
En concreto, claman contra la modificación que recoge la Disposición final segunda del anteproyecto de ley. En ella se mantiene sin cambios el apartado que dice que estarán exentas de tributar en el IRPF las indemnizaciones dictadas por un juzgado. Pero, como novedad, exige que en aquellas que se alcancen por un pacto amistoso entre las partes (normalmente con la aseguradora) intervenga «un tercero neutral» que haga de mediador y «que el acuerdo se eleve a escritura pública».

Son dos requisitos que nunca antes se han planteado, completamente indefinido el primero, y que supondrán gastos que detraer a la cantidad que correspondiese a la víctima o a sus familiares. La otra alternativa, no cumplir esas condiciones, supondría pagar impuestos por el dinero recibido «aunque ni siquiera se sabe si en un porcentaje fijo o escalado de acuerdo a los ingresos del contribuyente» precisa Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

DESCONOCIMIENTO DEL BAREMO
«La iniciativa muestra un desconocimiento absoluto de la Ley del Baremo de 2015, que establece que las indemnizaciones deben procurar el resarcimiento total de la víctima tras los perjuicios sufridos» aclara Castellanos. «Además, esa norma también promueve que se alcancen acuerdos entre las partes para descongestionar los tribunales, lo mismo que busca el anteproyecto de ley. En cambio, el efecto será el contrario".

Porque al accidentado, o a sus familiares, solo le quedarán dos opciones para no ver reducida, vía impuestos, la cantidad que recibe en compensación. Una, lograr que la aseguradora pague los gastos extras que supone contratar el arbitraje y formalizar la escritura. Fracasada esta vía, judicializar el procedimiento. Esto generaría «un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada Administración de Justicia».

AFAN RECAUDATORIO
El problema, afirma Castellanos, es que «alguien ha leído compensación patrimonial y ha pensado directamente en recaudar más». Porque, desde el punto de vista fiscal, estos pagos nunca se han considerado como un incremento patrimonial, sino como una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente. Daños que pueden ser de tipo personal, morales, en forma de lucro cesante o en los bienes, empezando por el caso de tener que reparar el automóvil propio.


El objetivo último del actual sistema es que quien sufre un siniestro de tráfico quede, en la medida en que lo permite la norma, en la misma posición que estaba antes de tener el accidente. «Es como si, en un seguro del hogar, se nos quema la cocina y teníamos contratada una póliza de 20.000 euros. Ese dinero que nos pagan nunca nos hará más 'ricos', es simplemente para que volvamos a tener cocina» pone como ejemplo el presidente de los abogados de las víctimas.

Al estar en fase de tramitación, todavía hay tiempo para frenar el proyecto, por lo que la asociación ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Justicia en la que también estén presentes el resto de asociaciones de víctimas de accidentes y de abogados de víctimas a nivel nacional.

https://www.elmundo.es/motor/2022/01/13 ... b45bc.html

Ver citas anteriores

Edison escribió: ↑15 Ene 2022 10:19 https://www.elconfidencial.com/economia ... 8_2261220/

Ver citas anteriores

SanTelmo escribió: ↑15 Ene 2022 10:24

Ver citas anteriores

Edison escribió: ↑15 Ene 2022 10:19 https://www.elconfidencial.com/economia ... 8_2261220/

Lo mismo es eso que cobrar IRPF de una indemnización porque alguien se ha quedado en silla de ruedas.

Ver citas anteriores

Kalea escribió: ↑15 Ene 2022 11:12

Ver citas anteriores

SanTelmo escribió: ↑15 Ene 2022 10:24

Ver citas anteriores

Edison escribió: ↑15 Ene 2022 10:19 https://www.elconfidencial.com/economia ... 8_2261220/

Lo mismo es eso que cobrar IRPF de una indemnización porque alguien se ha quedado en silla de ruedas.

Esto llega mas lejos porque ésta era la única argumentación que quedaba a todos aquellos que reciben una indemnización por responsabilidad patrimonial, que era una indemnización por responsabilidad civil igual que las que se perciben por accidentes de tráfico. Ahora ya pueden cobrar IRPF de forma legal incluso por las negligencias que la propia administración comete.

Ver citas anteriores

SanTelmo escribió: ↑15 Ene 2022 13:38

Ver citas anteriores

Kalea escribió: ↑15 Ene 2022 11:12

Ver citas anteriores

SanTelmo escribió: ↑15 Ene 2022 10:24

Ver citas anteriores

Edison escribió: ↑15 Ene 2022 10:19 https://www.elconfidencial.com/economia ... 8_2261220/

Lo mismo es eso que cobrar IRPF de una indemnización porque alguien se ha quedado en silla de ruedas.

Esto llega mas lejos porque ésta era la única argumentación que quedaba a todos aquellos que reciben una indemnización por responsabilidad patrimonial, que era una indemnización por responsabilidad civil igual que las que se perciben por accidentes de tráfico. Ahora ya pueden cobrar IRPF de forma legal incluso por las negligencias que la propia administración comete.

Bueno, en el caso de la responsabilidad patrimonial, rara es la que se hace de modo amistoso y no termina en un juzgado. Yo por lo menos nunca he visto algo así, que no quiere decir que no existan casos.

Ver citas anteriores

SanTelmo escribió: ↑14 Ene 2022 12:46 Colado a escondidas, en un proyecto de 160 páginas. Los españoles tenemos accidentes por encima de nuestras posibilidades.

Ver citas anteriores

Las víctimas de un accidente de tráfico podrían tener que pagar impuestos por las indemnizaciones que reciban. Esta situación, que nunca antes se ha dado en España, será una realidad si sale adelante el anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal, impulsado por el Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros le dio el visto bueno en diciembre de 2020 y se encuentra en una fase prelegislativa, por lo que el departamento que encabeza Pilar Llop, se ha mostrado abierto a modificar ese proyecto, después de que este periódico publicase la información.

«Una vez más, el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colarnos una medida de tipo recaudatorio» denuncian desde Anava-RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. La asociación ha enviado sendas cartas de protesta tanto al Ministerio de Justicia como a la Dirección General de Seguros. Por ahora no han tenido una repuesta a su denuncia, respaldada también por la Fiscalía General de Seguridad Vial.

CAMBIO EN LAS AMISTOSAS
En concreto, claman contra la modificación que recoge la Disposición final segunda del anteproyecto de ley. En ella se mantiene sin cambios el apartado que dice que estarán exentas de tributar en el IRPF las indemnizaciones dictadas por un juzgado. Pero, como novedad, exige que en aquellas que se alcancen por un pacto amistoso entre las partes (normalmente con la aseguradora) intervenga «un tercero neutral» que haga de mediador y «que el acuerdo se eleve a escritura pública».

Son dos requisitos que nunca antes se han planteado, completamente indefinido el primero, y que supondrán gastos que detraer a la cantidad que correspondiese a la víctima o a sus familiares. La otra alternativa, no cumplir esas condiciones, supondría pagar impuestos por el dinero recibido «aunque ni siquiera se sabe si en un porcentaje fijo o escalado de acuerdo a los ingresos del contribuyente» precisa Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

DESCONOCIMIENTO DEL BAREMO
«La iniciativa muestra un desconocimiento absoluto de la Ley del Baremo de 2015, que establece que las indemnizaciones deben procurar el resarcimiento total de la víctima tras los perjuicios sufridos» aclara Castellanos. «Además, esa norma también promueve que se alcancen acuerdos entre las partes para descongestionar los tribunales, lo mismo que busca el anteproyecto de ley. En cambio, el efecto será el contrario".

Porque al accidentado, o a sus familiares, solo le quedarán dos opciones para no ver reducida, vía impuestos, la cantidad que recibe en compensación. Una, lograr que la aseguradora pague los gastos extras que supone contratar el arbitraje y formalizar la escritura. Fracasada esta vía, judicializar el procedimiento. Esto generaría «un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada Administración de Justicia».

AFAN RECAUDATORIO
El problema, afirma Castellanos, es que «alguien ha leído compensación patrimonial y ha pensado directamente en recaudar más». Porque, desde el punto de vista fiscal, estos pagos nunca se han considerado como un incremento patrimonial, sino como una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente. Daños que pueden ser de tipo personal, morales, en forma de lucro cesante o en los bienes, empezando por el caso de tener que reparar el automóvil propio.


El objetivo último del actual sistema es que quien sufre un siniestro de tráfico quede, en la medida en que lo permite la norma, en la misma posición que estaba antes de tener el accidente. «Es como si, en un seguro del hogar, se nos quema la cocina y teníamos contratada una póliza de 20.000 euros. Ese dinero que nos pagan nunca nos hará más 'ricos', es simplemente para que volvamos a tener cocina» pone como ejemplo el presidente de los abogados de las víctimas.

Al estar en fase de tramitación, todavía hay tiempo para frenar el proyecto, por lo que la asociación ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Justicia en la que también estén presentes el resto de asociaciones de víctimas de accidentes y de abogados de víctimas a nivel nacional.

https://www.elmundo.es/motor/2022/01/13 ... b45bc.html

Ver citas anteriores

ElPizarreño escribió: ↑16 Ene 2022 00:00

Ver citas anteriores

SanTelmo escribió: ↑14 Ene 2022 12:46 Colado a escondidas, en un proyecto de 160 páginas. Los españoles tenemos accidentes por encima de nuestras posibilidades.

Ver citas anteriores

Las víctimas de un accidente de tráfico podrían tener que pagar impuestos por las indemnizaciones que reciban. Esta situación, que nunca antes se ha dado en España, será una realidad si sale adelante el anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal, impulsado por el Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros le dio el visto bueno en diciembre de 2020 y se encuentra en una fase prelegislativa, por lo que el departamento que encabeza Pilar Llop, se ha mostrado abierto a modificar ese proyecto, después de que este periódico publicase la información.

«Una vez más, el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colarnos una medida de tipo recaudatorio» denuncian desde Anava-RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. La asociación ha enviado sendas cartas de protesta tanto al Ministerio de Justicia como a la Dirección General de Seguros. Por ahora no han tenido una repuesta a su denuncia, respaldada también por la Fiscalía General de Seguridad Vial.

CAMBIO EN LAS AMISTOSAS
En concreto, claman contra la modificación que recoge la Disposición final segunda del anteproyecto de ley. En ella se mantiene sin cambios el apartado que dice que estarán exentas de tributar en el IRPF las indemnizaciones dictadas por un juzgado. Pero, como novedad, exige que en aquellas que se alcancen por un pacto amistoso entre las partes (normalmente con la aseguradora) intervenga «un tercero neutral» que haga de mediador y «que el acuerdo se eleve a escritura pública».

Son dos requisitos que nunca antes se han planteado, completamente indefinido el primero, y que supondrán gastos que detraer a la cantidad que correspondiese a la víctima o a sus familiares. La otra alternativa, no cumplir esas condiciones, supondría pagar impuestos por el dinero recibido «aunque ni siquiera se sabe si en un porcentaje fijo o escalado de acuerdo a los ingresos del contribuyente» precisa Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

DESCONOCIMIENTO DEL BAREMO
«La iniciativa muestra un desconocimiento absoluto de la Ley del Baremo de 2015, que establece que las indemnizaciones deben procurar el resarcimiento total de la víctima tras los perjuicios sufridos» aclara Castellanos. «Además, esa norma también promueve que se alcancen acuerdos entre las partes para descongestionar los tribunales, lo mismo que busca el anteproyecto de ley. En cambio, el efecto será el contrario".

Porque al accidentado, o a sus familiares, solo le quedarán dos opciones para no ver reducida, vía impuestos, la cantidad que recibe en compensación. Una, lograr que la aseguradora pague los gastos extras que supone contratar el arbitraje y formalizar la escritura. Fracasada esta vía, judicializar el procedimiento. Esto generaría «un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada Administración de Justicia».

AFAN RECAUDATORIO
El problema, afirma Castellanos, es que «alguien ha leído compensación patrimonial y ha pensado directamente en recaudar más». Porque, desde el punto de vista fiscal, estos pagos nunca se han considerado como un incremento patrimonial, sino como una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente. Daños que pueden ser de tipo personal, morales, en forma de lucro cesante o en los bienes, empezando por el caso de tener que reparar el automóvil propio.


El objetivo último del actual sistema es que quien sufre un siniestro de tráfico quede, en la medida en que lo permite la norma, en la misma posición que estaba antes de tener el accidente. «Es como si, en un seguro del hogar, se nos quema la cocina y teníamos contratada una póliza de 20.000 euros. Ese dinero que nos pagan nunca nos hará más 'ricos', es simplemente para que volvamos a tener cocina» pone como ejemplo el presidente de los abogados de las víctimas.

Al estar en fase de tramitación, todavía hay tiempo para frenar el proyecto, por lo que la asociación ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Justicia en la que también estén presentes el resto de asociaciones de víctimas de accidentes y de abogados de víctimas a nivel nacional.

https://www.elmundo.es/motor/2022/01/13 ... b45bc.html

Conclusión, si llegar a un acuerdo con la aseguradora me va a suponer tener que pagar los costes de escritura pública, no acepto la oferta de la aseguradora y que el juzgado me la reconozca. A saturar más los Tribunales.