Solo es Política

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Edison escribió: ↑26 Jul 2021 09:26 Aquí se ha hablado de la esperanza de vida, mortalidad infantil y tal. Hasta donde yo sé todo esto ha mejorado esencialmente gracias a la investigación y el mayor conocimiento de las enfermedades, la formación de los médicos, los medicamentos que ahora existen y antes no (o los que antes mataban tanto como curaban, por ejemplo compuestos de mercurio que se usaban para tratar la sífilis o taponar las caries) la tecnología hospitalaria y el acceso a las vacunas.

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Edison escribió: ↑26 Jul 2021 09:26 No sé si el Congo necesita o no una presa, pero si conozco los desastres que se han hecho en el Ebro. En su momento uno de los principales objetivos era apoyar la producción de aluminio por electrólisis y fabricar más aviones, no se buscaba favorecer en nada la vida de las personas que vivían allí. A pesar de los enormes recursos que se le han dedicado, la producción hidroeléctrica aquí solo es 1/5 parte de la producción. Aunque en otros países con una ortografía diferente y otra población, la cosa puede cambiar. Por favor, no confundir la potencia generada con la potencia instalada, es como confundir la potencia contratada con lo que realmente consumes.

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El Estado deberá devolver más de 1.400 millones a las eléctricas por un decreto del PP anulado por el Supremo

El Tesoro Público va a tener que devolver más de 1.400 millones de euros a las compañías eléctricas por un decreto aprobado por el Gobierno del PP en 2015 que ha anulado recientemente el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha tumbado el denominado 'canon hidráulico' que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria como ministro de Industria, implantó para gravar el uso de aguas para la producción de energía eléctrica y atajar (según anunció en su momento) el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre los ingresos y los costes regulados del sistema eléctrico.

Esa estimación de 1.400 millones la dejó caer el lunes en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la comparecencia en la que dio cuenta de la escalada del recibo de la luz y rechazó intervenir los precios de la electricidad por ser contrario, dijo, a la normativa europea, lo que ha propiciado un nuevo choque entre el PSOE y sus socios de Unidas Podemos.

Ribera subrayó que "ocurrencias" como ese decreto del PP ahora anulado por el Supremo pueden tener un coste multimillonario para los consumidores (como pasó con los arbitrajes por los recortes a las renovables) o para las arcas públicas, como en este caso.

La cifra de 1.400 millones, que prácticamente triplica las previsiones iniciales, es una estimación provisional, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Y es un importante boquete para las cuentas públicas. Equivale al desembolso adicional en pensiones que, según Funcas, debe realizar el Estado por cada punto de subida del IPC. En agosto, la inflación se ha disparado a la mayor tasa en casi una década, precisamente, por la escalada de la luz. Este miércoles el mercado mayorista de electricidad va a batir su tercer máximo histórico consecutivo por la subida de la cotización del gas natural y los máximos históricos de los derechos de emisión.

Esa millonaria devolución para las eléctricas tiene su origen en una sentencia del pasado 15 de abril, cuando la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estimó en parte el recurso presentado por la patronal de la industria eléctrica Unesa contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se reguló el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.

Esta sentencia dictó la nulidad de la disposición transitoria segunda del citado decreto de 2015, que establecía el carácter retroactivo de los pagos de los ejercicios 2013 y 2014. Cuando trascendió la resolución, se interpretó que la devolución se limitaría a esos dos ejercicios, lo que supondría reintegrar a las eléctricas unos 500 millones de euros. Pero en realidad la cifra a devolver es muy superior y las empresas van a recuperar todo lo recaudado hasta ahora fundamentalmente a Iberdrola (líder destacado en la hidroeléctrica nacional), Endesa, Naturgy y Acciona. Esos fondos no van a parar al sistema eléctrico, sino al Tesoro Público, que ahora deberá articular la correspondiente partida presupuestaria para devolvérselo a las empresas, explican fuentes del Ministerio.

La sentencia del Supremo que estimó en parte del recurso de Unesa no solo tumbó la retroactividad del canon para los ejercicios 2013 y 2014. También la disposición adicional primera del decreto, relativa a la "revisión de concesiones", que según argumentaban las eléctricas en su demanda, implicaba "una infracción del principio de jerarquía normativa por extralimitación reglamentaria", según se lee en la sentencia.

Esa revisión se dejaba al albur de lo fijado en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, también aprobada por el Gobierno de Rajoy, y que establecía que las concesiones "deberán ser adaptadas a la nueva regulación" de conformidad con la Ley de Aguas y con el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Visto bueno del titular

El problema, explican fuentes del sector, es que este último reglamento dice en su artículo 116 que una concesión solo puede modificarse "si el peticionario aceptase las condiciones propuestas". Es decir, el concesionario tiene que dar su visto bueno al cambio y la Administración, de oficio, no puede revisar la concesión si el concesionario no lo acepta. Pero las Confederaciones Hidrográficas no han revisado las concesiones y se han limitado a cobrar el canon que ahora ha anulado el Supremo. Del total ingresado, el 98% va a parar al Tesoro Público y el restante 2%, a los propios organismos de Cuenca.

A esos 1.400 millones, que corresponden al periodo 2013-2020, habría que sumar los correspondientes intereses generados en este período de tiempo y, en su caso, lo cobrado este 2021. Además, hay que tener en cuenta que los organismos de Cuenca ya se han gastado, como mínimo, ese 2%, en la propia gestión ordinaria del tributo "y deben ser compensadas por ello", apunta el Ministerio, que califica esta situación de "legado envenenado".

Las confederaciones, reconoce Transición Ecológica, "no han revisado las numerosas concesiones para aprovechamiento hidroeléctrico que se han otorgado en las distintas cuencas por la dificultad de tramitar estos procedimientos, por la paradoja de que las condiciones de la concesión han de ser aceptadas por el concesionario, aceptación que no parece propia de un tributo cuyo presupuesto es la realización del hecho imponible".

El canon está vinculado a la producción hidroeléctrica de cada central. Esta fuente de generación, que utiliza un bien público, está en el centro de la polémica por su papel en el mercado mayorista de electricidad (ha sido la gran dominadora en agosto, por ahora el mes más caro de la historia), aprovechando los altos precios del gas y del carbono, a los que no hace frente, aunque el Gobierno ha planteado recortar sus ingresos y los de las nucleares por el encarecimiento del CO2.

En las últimas semanas el Ministerio ha abierto expedientes informativos por el "escandaloso" vaciado de varios pantanos, en expresión de Ribera, que el lunes anunció una reforma legal para regular el desembalse de estas infraestructuras. También se ha puesto sobre la mesa que una empresa pública gestione las concesiones hidroeléctricas que caduquen.

Advertencias de las confederaciones

Las propias confederaciones ya venían advirtiendo en las cuentas anuales que próximamente se publicarán en el BOE de que van a tener que devolver ese dinero. Así lo reconoce la del Duero, la que más recauda por ese canon. En sus últimas cuentas señala que "presumiblemente se ha de devolver el importe de lo ingresado" en el periodo 2013-2020, que cifra en más de 485 millones.

Otro tanto apunta la del Miño-Sil (CHMS): "Podría llegar acordarse la devolución de los ingresos percibidos entre los años 2015 y 2020 en concepto de canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica", advierte. "Se podría acordar que la devolución de la totalidad de los ingresos se realizase por la CHMS, previa transferencia de los fondos ingresados en el Tesoro. Por ello, nos encontramos ante un pasivo contingente equivalente a la cantidad ingresada en el Tesoro (362.069.793,05 €), y un activo contingente por idéntico importe", añade la entidad, que indica que "en el ejercicio 2021 los ingresos por este canon ascienden a 47.399.925,59 euros".

Algunas eléctricas ya han reclamado que se les devuelva parte del dinero. Es el caso de Endesa, que el pasado 21 de mayo "ha solicitado la devolución las liquidaciones de los ejercicios 2013 y 2014, correspondientes al canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, ascendiendo su importe a 3.355.839,79€", explica la Confederación del Guadiana en sus cuentas de 2020.

Las eléctricas trataron de tumbar el canon en el Tribunal de Justicia de la UE, que avaló su naturaleza de impuesto medioambiental. Pero el tribunal europeo no entró en si contravenía o no otra normativa española. Ahora resulta que no se podía aplicar si las compañías eléctricas no se avenían a aceptar el cambio en las concesiones. Así lo ha determinado el Supremo al estimar el recurso de Unesa. La patronal, rebautizada hace unos años como Aelec, tiene como secretario general a Pascual Sala Atienza, hijo del jurista Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

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Edison escribió: ↑01 Sep 2021 16:54 Lo mejor de todo es que además se les deben 1400 millones gracias al Supremo. El canon hidráulico del gobierno de Rajoy establecía que las concesiones "tendrán que ser adaptadas a la nueva regulación", si el peticionario aceptara las condiciones propuestas. Es decir, la administración pública no puede hacer cambios en las concesiones sin el visto bueno de las empresas.

Yo también voy a exigir que se me devuelva lo que he pagado en impuestos porque no he dado permiso para que me los cobren.

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Artículo 116.
Las condiciones en que puede otorgarse la concesión se notificarán al peticionario único o al designado entre los presentados al trámite de competencia, para que en el plazo de quince días hábiles manifieste su conformidad con las mismas o formule las observaciones que estime pertinentes.

Si el peticionario no contestase al ofrecimiento de condiciones en el plazo indicado, se reiterará aquél de nuevo, para que lo haga en el plazo de diez días, con la advertencia de que, en caso de no contestar, se entenderá que desiste de la petición, de concesión, archivándose el expediente o prosiguiendo el mismo con los restantes peticionarios, si los hubiera.

Si el peticionario aceptase las condiciones propuestas, el Organismo de cuenca otorgará la concesión de acuerdo con las mismas, desde cuyo momento surtirá efectos.

Si el peticionario formulase observaciones y el Organismo de cuenca las aceptase, éste otorgará la concesión y, si no las aceptase, fijará al peticionario un plazo de ocho días para que las acepte de plano, advirtiéndole que, de no hacerlo o no contestar en el plazo indicado, se procederá a denegar su petición prosiguiendo el expediente con los restantes peticionarios, si los hubiera.

El plazo para resolver las peticiones de concesión del dominio público hidráulico no podrá exceder de dieciocho meses. Transcurrido dicho plazo podrá entenderse desestimada la petición. Las resoluciones de los organismos de cuenca dependientes de la Administración General del Estado serán recurribles ante el Director general de Calidad de las Aguas.

En cualquier caso, la resolución se comunicará a los interesados en la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo y se publicará la concesión en los Boletines Oficiales de las provincias a que afecten las obras.

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Hacienda deberá devolver cientos de millones de euros a diversas eléctricas al anular el Tribunal Supremo la retroactividad del canon hidráulico -aplicado sobre el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica- que creó el gobierno de Mariano Rajoy en el 2015 y se aplicó retroactivamente al 2013 y el 2014.
...
En las sentencias no se cuestiona el canon en sí. Este canon se sumó a los tributos creados en el marco de la reforma eléctrica abordada por el PP, en la que también figuraba el impuesto del 7% a la generación, y cuya recaudación tenía por fin hacer frente al déficit del sistema eléctrico.

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a Xunta tiene la intención de imponer la sanción máxima a las empresas concesionarias responsables del vaciado de cuatro embalses de las provincias de Lugo y Ourense: Cenza, As Portas, Salas y Belesar, todos competencia de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS). Se aferra a que las compañías Naturgy —que gestiona Belesar y Salas— e Iberdrola —las de As Portas y Cenza— pudieron afectar a la fauna piscícola al desaguar «sen que o servizo provincial correspondente puidera fixar as medidas preventivas» y, por tanto, «sen agardar polo pronunciamento da Administración autonómica», apunta la Consellería de Medio Ambiente en un comunicado.

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Roronoa Zoro escribió: ↑07 Sep 2021 09:43 Es que si se pone una multa tiene que ser en función de lo que dicha compañia ha ganado por hacer eso que ha hecho. Porque sino de lo contrario es como si a cualquiera de nosotros nos ponen una multa de 5 centimos por ir a 200km/h

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Edison escribió: ↑07 Sep 2021 09:44

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Roronoa Zoro escribió: ↑07 Sep 2021 09:43 Es que si se pone una multa tiene que ser en función de lo que dicha compañia ha ganado por hacer eso que ha hecho. Porque sino de lo contrario es como si a cualquiera de nosotros nos ponen una multa de 5 centimos por ir a 200km/h

¡No me digas!

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Las eléctricas se encuentran en el punto de mira y a pesar de que el consejero delegado de la italiana Endesa, José Bogas, estima que el precio de la luz, que se sitúa en máximos históricos llegando a superar los 140 euros el megavatio hora, empezará a bajar a partir del segundo trimestre del año, la realidad es que ninguna de las compañías del sector tiene la certeza de que esto vaya a ocurrir.

De hecho, ante el señalamiento público que se está realizando a las empresas eléctricas por los desorbitados precios en el mercado, Endesa echa balones fuera y explica a ElPlural que prefieren no pronunciarse sobre opiniones políticas: “Aunque estemos de acuerdo o no. Cada uno es libre de opinar. Las eléctricas no decidimos el precio de la luz ni los impuestos. Las razones de lo que está pasando con el precio de la luz están fuera de España, no dentro de España”, aseguran.

Sin embargo, el background de la compañía no dice lo mismo. La italiana fue multada en 2019 por parte de la CNMC con 5,8 millones de euros por dos infracciones graves de la ley del sector eléctrico: presentar ofertas en el mercado diario de dos centrales por encima de su coste marginal, lo que obligó al operador a programarlas por restricciones técnicas lo que supuso un encarecimiento del precio de la electricidad. Los sucesos se produjeron entre octubre de 2016 y enero de 2017 en las centrales de ciclo combinado de Besós3 y Besós5 en Cataluña, una zona que presenta habitualmente problemas de seguridad zonal.

En concreto esta actuación se tradujo en valores anormales y desproporcionados que alteraron el despacho de generación de electricidad e impidieron la programación de las centrales en el mercado diario durante varios días. Sin embargo, la italiana Endesa pretende no rememorar el pasado, escudándose en un poético Carpe Diem: "Las cuestiones que han ocurrido en un determinado momento no tienen que ver con los precios del mercado de hoy. Son unas circunstancias ajenas al Gobierno y al mercado eléctrico”, aseguran a este periódico.

No obstante, en aquel momento, concretamente en 2019, las circunstancias no eran tan diferentes a las actuales puesto que en ese año los precios de la generación ya estaban sometidos a una subasta y había un problema de generación de emisiones de CO2 en el planeta. Es por ello que desde la CNMC se consideró que se habían cometido dos infracciones graves del artículo 65.34 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Vaciado de embalses

Al problema de la subida del precio en la factura eléctrica se une otro, el del vaciado de los embalses por parte de algunas de estas compañías. A este respecto, la italiana Endesa explica a EL PLURAL que "la compañía no tiene ningún embalse en el que se haya practicado este vaciado ni ninguna de nuestras infraestructuras están siendo investigada en la actualidad". "Las peculiaridades de nuestra planta de generación hidráulica hace que Endesa no tenga este tipo de embalses. Los embalses -de la compañía- están en cuencas donde el abastecimiento humano y el riego agrícola son los criterios fundamentales y estamos sujetos a lo que las confederaciones hidrográficas nos dicen respecto al vaciado de esos embalses. Es decir, no tenemos embalses que podamos llenar y vaciar a nuestro antojo. No podemos hacer lo que han hecho otras compañías”, sostienen, en clara referencia a Iberdrola.

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley por el que obligará a las empresas energéticas a devolver los beneficios que están obteniendo por el excesivo precio que está alcanzando el gas en los mercados internacionales. De esta forma el Gobierno espera recaudar alrededor de 2.600 millones de euros, que destinará a rebajar el precio de la factura de la luz de los consumidores y contribuir así a cumplir el compromiso adquirido por el presidente Pedro Sánchez de que la cuantía máxima del recibo de la luz del 2021 esté en línea con lo abonado en el 2018, unos 600 euros en el caso de un consumidor medio de baja tensión.

Este recorte de beneficios será temporal y se toma, según explicó ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para que las eléctricas contribuyan a amortiguar el impacto que la escalada de los precios del gas en los mercados internacionales está teniendo en la factura eléctrica de los consumidores españoles. Estará vigente hasta el 31 de marzo del 2022, que es cuando los expertos estiman que puede frenarse el actual rally alcista de los mercados.

Es la primera de una batería de siete medidas con las que se busca reducir la factura de la luz de los consumidores un 22% hasta final de año, para compensar las históricas subidas a las que han tenido que hacer frente los últimos meses.

“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española”, reconoció ayer Teresa Ribera.

Se topará la subida del recibo del gas a un máximo del 4,4% durante el próximo trimestre

Por ello, además de intervenir en la factura de la luz, el Gobierno ha querido anticiparse al incremento de la factura del gas con la llegada de la temporada de frío, que se estima podría situarse entre el 29% y el 40% . Pero se le ha puesto un tope de subida del 4,6% para el próximo trimestre.

Los recortes de impuestos también serán temporales. Se mantiene la decisión tomada en junio de rebajar el IVA de la factura de la luz del 21% al 10% hasta final de año y se amplía hasta esa misma fecha la suspensión del impuesto que grava con un 7% la generación eléctrica y que ya había sido suspendido por tres meses en junio. Como novedad, rebaja al máximo permitido por la regulación europea el impuesto especial sobre la electricidad del 5,1% al 0,5%. Para hacer frente a esta merma de ingresos públicos el Gobierno lanzará una subasta extraordinaria de permisos de emisión de CO2, con los que recaudará 900 millones de euros que irán integramente destinados a rebajar la factura de la luz de los contribuyentes.

Ribera reiteró en diversas ocasiones a lo largo de su intervención que todas las medidas que ayer ponía el Gobierno sobre la mesa cumplían con la legalidad vigente en Europa y no intervenían en ningún caso en la formación de precios de los mercados mayoristas porque el Gobierno español no tiene potestad para ello. Sí la tiene para intervenir en los precios finales del recibo de la luz de los consumidores finales y en esa línea se han planteado las medidas “con vocación de permanencia”, según la ministra.

Entre ellas están algunas de las más reclamadas por sus socios de Gobierno como la reforma de la tarifa regulada (PVPC), que afecta a más de 10 millones de consumidores y que en la actualidad es la vapuleada cada día por la volatilidad del mercado mayorista. Cuando este real decreto se publique en el BOE el cálculo del precio para los consumidores incorporará la referencia de precio de la subasta mayorista con una ponderación máxima del 10% para atenuar así el efecto del mercado.

Los grandes grupos deberán subastar electricidad para aumentar la liquidez del mercado

Con ese mismo objetivo se plantea la decisión de“achicar”, según lo define Ribera, el mercado mayorista. Para ello, el Gobierno va a obligar a las grandes comercializadoras –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP– a ofertar 15.830 gigavatios/hora, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en el 2020, en subastas fuera del mercado mayorista para que pequeñas comercializadoras e industrias puedan pujar a precios razonables y firmar contratos a plazo por un año o más que contribuyan a dar estabilidad a los precios. Finalmente, se modificará el artículo 155 de la ley de Aguas, para definir “el uso racional del recurso” y poner límites a los súbitos desembalses que algunas empresas hidrográficas han realizado durante el verano, a los que Ribera se refirió como “episodios que a todos nos han dado vergüenza este verano”.

Todas estas medidas tendrán repercusión inmediata en la factura de la luz de este mes de septiembre , según Ribera. Pero serán las familias vulnerables las que tengan un trato preferente. Para ello, se modificará la ley del sector eléctrico con la que se incluirá la creación del suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con bono social eléctrico que prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, garantizando una potencia de 3,5 kilovatios durante ese periodo.

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Edison escribió: ↑15 Sep 2021 07:48 El Gobierno revuelve a las eléctricas al obligarlas a devolver 2.300 millones

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley por el que obligará a las empresas energéticas a devolver los beneficios que están obteniendo por el excesivo precio que está alcanzando el gas en los mercados internacionales. De esta forma el Gobierno espera recaudar alrededor de 2.600 millones de euros, que destinará a rebajar el precio de la factura de la luz de los consumidores y contribuir así a cumplir el compromiso adquirido por el presidente Pedro Sánchez de que la cuantía máxima del recibo de la luz del 2021 esté en línea con lo abonado en el 2018, unos 600 euros en el caso de un consumidor medio de baja tensión.

Este recorte de beneficios será temporal y se toma, según explicó ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para que las eléctricas contribuyan a amortiguar el impacto que la escalada de los precios del gas en los mercados internacionales está teniendo en la factura eléctrica de los consumidores españoles. Estará vigente hasta el 31 de marzo del 2022, que es cuando los expertos estiman que puede frenarse el actual rally alcista de los mercados.

Es la primera de una batería de siete medidas con las que se busca reducir la factura de la luz de los consumidores un 22% hasta final de año, para compensar las históricas subidas a las que han tenido que hacer frente los últimos meses.

“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española”, reconoció ayer Teresa Ribera.

Se topará la subida del recibo del gas a un máximo del 4,4% durante el próximo trimestre

Por ello, además de intervenir en la factura de la luz, el Gobierno ha querido anticiparse al incremento de la factura del gas con la llegada de la temporada de frío, que se estima podría situarse entre el 29% y el 40% . Pero se le ha puesto un tope de subida del 4,6% para el próximo trimestre.

Los recortes de impuestos también serán temporales. Se mantiene la decisión tomada en junio de rebajar el IVA de la factura de la luz del 21% al 10% hasta final de año y se amplía hasta esa misma fecha la suspensión del impuesto que grava con un 7% la generación eléctrica y que ya había sido suspendido por tres meses en junio. Como novedad, rebaja al máximo permitido por la regulación europea el impuesto especial sobre la electricidad del 5,1% al 0,5%. Para hacer frente a esta merma de ingresos públicos el Gobierno lanzará una subasta extraordinaria de permisos de emisión de CO2, con los que recaudará 900 millones de euros que irán integramente destinados a rebajar la factura de la luz de los contribuyentes.

Ribera reiteró en diversas ocasiones a lo largo de su intervención que todas las medidas que ayer ponía el Gobierno sobre la mesa cumplían con la legalidad vigente en Europa y no intervenían en ningún caso en la formación de precios de los mercados mayoristas porque el Gobierno español no tiene potestad para ello. Sí la tiene para intervenir en los precios finales del recibo de la luz de los consumidores finales y en esa línea se han planteado las medidas “con vocación de permanencia”, según la ministra.

Entre ellas están algunas de las más reclamadas por sus socios de Gobierno como la reforma de la tarifa regulada (PVPC), que afecta a más de 10 millones de consumidores y que en la actualidad es la vapuleada cada día por la volatilidad del mercado mayorista. Cuando este real decreto se publique en el BOE el cálculo del precio para los consumidores incorporará la referencia de precio de la subasta mayorista con una ponderación máxima del 10% para atenuar así el efecto del mercado.

Los grandes grupos deberán subastar electricidad para aumentar la liquidez del mercado

Con ese mismo objetivo se plantea la decisión de“achicar”, según lo define Ribera, el mercado mayorista. Para ello, el Gobierno va a obligar a las grandes comercializadoras –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP– a ofertar 15.830 gigavatios/hora, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en el 2020, en subastas fuera del mercado mayorista para que pequeñas comercializadoras e industrias puedan pujar a precios razonables y firmar contratos a plazo por un año o más que contribuyan a dar estabilidad a los precios. Finalmente, se modificará el artículo 155 de la ley de Aguas, para definir “el uso racional del recurso” y poner límites a los súbitos desembalses que algunas empresas hidrográficas han realizado durante el verano, a los que Ribera se refirió como “episodios que a todos nos han dado vergüenza este verano”.

Todas estas medidas tendrán repercusión inmediata en la factura de la luz de este mes de septiembre , según Ribera. Pero serán las familias vulnerables las que tengan un trato preferente. Para ello, se modificará la ley del sector eléctrico con la que se incluirá la creación del suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con bono social eléctrico que prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, garantizando una potencia de 3,5 kilovatios durante ese periodo.

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El Gobierno limitará la subida del gas, pero repercutirá en diferido lo no cobrado

El ahorro se devolverá a las comercializadoras a partir de abril

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Miguel O escribió: ↑15 Sep 2021 07:59

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Edison escribió: ↑15 Sep 2021 07:48 El Gobierno revuelve a las eléctricas al obligarlas a devolver 2.300 millones

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley por el que obligará a las empresas energéticas a devolver los beneficios que están obteniendo por el excesivo precio que está alcanzando el gas en los mercados internacionales. De esta forma el Gobierno espera recaudar alrededor de 2.600 millones de euros, que destinará a rebajar el precio de la factura de la luz de los consumidores y contribuir así a cumplir el compromiso adquirido por el presidente Pedro Sánchez de que la cuantía máxima del recibo de la luz del 2021 esté en línea con lo abonado en el 2018, unos 600 euros en el caso de un consumidor medio de baja tensión.

Este recorte de beneficios será temporal y se toma, según explicó ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para que las eléctricas contribuyan a amortiguar el impacto que la escalada de los precios del gas en los mercados internacionales está teniendo en la factura eléctrica de los consumidores españoles. Estará vigente hasta el 31 de marzo del 2022, que es cuando los expertos estiman que puede frenarse el actual rally alcista de los mercados.

Es la primera de una batería de siete medidas con las que se busca reducir la factura de la luz de los consumidores un 22% hasta final de año, para compensar las históricas subidas a las que han tenido que hacer frente los últimos meses.

“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española”, reconoció ayer Teresa Ribera.

Se topará la subida del recibo del gas a un máximo del 4,4% durante el próximo trimestre

Por ello, además de intervenir en la factura de la luz, el Gobierno ha querido anticiparse al incremento de la factura del gas con la llegada de la temporada de frío, que se estima podría situarse entre el 29% y el 40% . Pero se le ha puesto un tope de subida del 4,6% para el próximo trimestre.

Los recortes de impuestos también serán temporales. Se mantiene la decisión tomada en junio de rebajar el IVA de la factura de la luz del 21% al 10% hasta final de año y se amplía hasta esa misma fecha la suspensión del impuesto que grava con un 7% la generación eléctrica y que ya había sido suspendido por tres meses en junio. Como novedad, rebaja al máximo permitido por la regulación europea el impuesto especial sobre la electricidad del 5,1% al 0,5%. Para hacer frente a esta merma de ingresos públicos el Gobierno lanzará una subasta extraordinaria de permisos de emisión de CO2, con los que recaudará 900 millones de euros que irán integramente destinados a rebajar la factura de la luz de los contribuyentes.

Ribera reiteró en diversas ocasiones a lo largo de su intervención que todas las medidas que ayer ponía el Gobierno sobre la mesa cumplían con la legalidad vigente en Europa y no intervenían en ningún caso en la formación de precios de los mercados mayoristas porque el Gobierno español no tiene potestad para ello. Sí la tiene para intervenir en los precios finales del recibo de la luz de los consumidores finales y en esa línea se han planteado las medidas “con vocación de permanencia”, según la ministra.

Entre ellas están algunas de las más reclamadas por sus socios de Gobierno como la reforma de la tarifa regulada (PVPC), que afecta a más de 10 millones de consumidores y que en la actualidad es la vapuleada cada día por la volatilidad del mercado mayorista. Cuando este real decreto se publique en el BOE el cálculo del precio para los consumidores incorporará la referencia de precio de la subasta mayorista con una ponderación máxima del 10% para atenuar así el efecto del mercado.

Los grandes grupos deberán subastar electricidad para aumentar la liquidez del mercado

Con ese mismo objetivo se plantea la decisión de“achicar”, según lo define Ribera, el mercado mayorista. Para ello, el Gobierno va a obligar a las grandes comercializadoras –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP– a ofertar 15.830 gigavatios/hora, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en el 2020, en subastas fuera del mercado mayorista para que pequeñas comercializadoras e industrias puedan pujar a precios razonables y firmar contratos a plazo por un año o más que contribuyan a dar estabilidad a los precios. Finalmente, se modificará el artículo 155 de la ley de Aguas, para definir “el uso racional del recurso” y poner límites a los súbitos desembalses que algunas empresas hidrográficas han realizado durante el verano, a los que Ribera se refirió como “episodios que a todos nos han dado vergüenza este verano”.

Todas estas medidas tendrán repercusión inmediata en la factura de la luz de este mes de septiembre , según Ribera. Pero serán las familias vulnerables las que tengan un trato preferente. Para ello, se modificará la ley del sector eléctrico con la que se incluirá la creación del suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con bono social eléctrico que prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, garantizando una potencia de 3,5 kilovatios durante ese periodo.

Ojo. Que no os tomen el pelo. No es mas que otra estafa como las que han hecho en otras ocasiones del tipo deficit de tarifa que les permitirá sangraros. Se les devolverá todo y seguramente con intereses. Las electricas no pierden un céntimo.



https://www.elconfidencial.com/economia ... o_3289047/

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El Gobierno limitará la subida del gas, pero repercutirá en diferido lo no cobrado

El ahorro se devolverá a las comercializadoras a partir de abril

Estan engañando al pueblo. Simplemente se aseguran una excusa para mantener el recibo caro en el futuro. El gobierno esta del lado de las eléctricas y solo intentan ocultar el robo. Como siempre. Que no os engañen.

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Edison escribió: ↑15 Sep 2021 08:14

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Miguel O escribió: ↑15 Sep 2021 07:59

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Edison escribió: ↑15 Sep 2021 07:48 El Gobierno revuelve a las eléctricas al obligarlas a devolver 2.300 millones

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley por el que obligará a las empresas energéticas a devolver los beneficios que están obteniendo por el excesivo precio que está alcanzando el gas en los mercados internacionales. De esta forma el Gobierno espera recaudar alrededor de 2.600 millones de euros, que destinará a rebajar el precio de la factura de la luz de los consumidores y contribuir así a cumplir el compromiso adquirido por el presidente Pedro Sánchez de que la cuantía máxima del recibo de la luz del 2021 esté en línea con lo abonado en el 2018, unos 600 euros en el caso de un consumidor medio de baja tensión.

Este recorte de beneficios será temporal y se toma, según explicó ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para que las eléctricas contribuyan a amortiguar el impacto que la escalada de los precios del gas en los mercados internacionales está teniendo en la factura eléctrica de los consumidores españoles. Estará vigente hasta el 31 de marzo del 2022, que es cuando los expertos estiman que puede frenarse el actual rally alcista de los mercados.

Es la primera de una batería de siete medidas con las que se busca reducir la factura de la luz de los consumidores un 22% hasta final de año, para compensar las históricas subidas a las que han tenido que hacer frente los últimos meses.

“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española”, reconoció ayer Teresa Ribera.

Se topará la subida del recibo del gas a un máximo del 4,4% durante el próximo trimestre

Por ello, además de intervenir en la factura de la luz, el Gobierno ha querido anticiparse al incremento de la factura del gas con la llegada de la temporada de frío, que se estima podría situarse entre el 29% y el 40% . Pero se le ha puesto un tope de subida del 4,6% para el próximo trimestre.

Los recortes de impuestos también serán temporales. Se mantiene la decisión tomada en junio de rebajar el IVA de la factura de la luz del 21% al 10% hasta final de año y se amplía hasta esa misma fecha la suspensión del impuesto que grava con un 7% la generación eléctrica y que ya había sido suspendido por tres meses en junio. Como novedad, rebaja al máximo permitido por la regulación europea el impuesto especial sobre la electricidad del 5,1% al 0,5%. Para hacer frente a esta merma de ingresos públicos el Gobierno lanzará una subasta extraordinaria de permisos de emisión de CO2, con los que recaudará 900 millones de euros que irán integramente destinados a rebajar la factura de la luz de los contribuyentes.

Ribera reiteró en diversas ocasiones a lo largo de su intervención que todas las medidas que ayer ponía el Gobierno sobre la mesa cumplían con la legalidad vigente en Europa y no intervenían en ningún caso en la formación de precios de los mercados mayoristas porque el Gobierno español no tiene potestad para ello. Sí la tiene para intervenir en los precios finales del recibo de la luz de los consumidores finales y en esa línea se han planteado las medidas “con vocación de permanencia”, según la ministra.

Entre ellas están algunas de las más reclamadas por sus socios de Gobierno como la reforma de la tarifa regulada (PVPC), que afecta a más de 10 millones de consumidores y que en la actualidad es la vapuleada cada día por la volatilidad del mercado mayorista. Cuando este real decreto se publique en el BOE el cálculo del precio para los consumidores incorporará la referencia de precio de la subasta mayorista con una ponderación máxima del 10% para atenuar así el efecto del mercado.

Los grandes grupos deberán subastar electricidad para aumentar la liquidez del mercado

Con ese mismo objetivo se plantea la decisión de“achicar”, según lo define Ribera, el mercado mayorista. Para ello, el Gobierno va a obligar a las grandes comercializadoras –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP– a ofertar 15.830 gigavatios/hora, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en el 2020, en subastas fuera del mercado mayorista para que pequeñas comercializadoras e industrias puedan pujar a precios razonables y firmar contratos a plazo por un año o más que contribuyan a dar estabilidad a los precios. Finalmente, se modificará el artículo 155 de la ley de Aguas, para definir “el uso racional del recurso” y poner límites a los súbitos desembalses que algunas empresas hidrográficas han realizado durante el verano, a los que Ribera se refirió como “episodios que a todos nos han dado vergüenza este verano”.

Todas estas medidas tendrán repercusión inmediata en la factura de la luz de este mes de septiembre , según Ribera. Pero serán las familias vulnerables las que tengan un trato preferente. Para ello, se modificará la ley del sector eléctrico con la que se incluirá la creación del suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con bono social eléctrico que prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, garantizando una potencia de 3,5 kilovatios durante ese periodo.

Ojo. Que no os tomen el pelo. No es mas que otra estafa como las que han hecho en otras ocasiones del tipo deficit de tarifa que les permitirá sangraros. Se les devolverá todo y seguramente con intereses. Las electricas no pierden un céntimo.



https://www.elconfidencial.com/economia ... o_3289047/

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El Gobierno limitará la subida del gas, pero repercutirá en diferido lo no cobrado

El ahorro se devolverá a las comercializadoras a partir de abril

Estan engañando al pueblo. Simplemente se aseguran una excusa para mantener el recibo caro en el futuro. El gobierno esta del lado de las eléctricas y solo intentan ocultar el robo. Como siempre. Que no os engañen.

Claro, pero esto será cuando ganen el PP y VOX. De momento lo que has puesto se refiere solo al gas.

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Las empresas eléctricas no han tardado en reaccionar a la batería de medidas anunciadas por el Gobierno para intentar abaratar el precio de la luz. A través de un comunicado publicado este martes, estas compañías han amenazado con cerrar las centrales nucleares del país, de las que son propietarias, si el Ejecutivo sigue adelante con su plan.

Según argumentan las eléctricas, el plan presentado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros hace “imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”. “Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes”, señalan las eléctricas en el comunicado.