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El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su Gobierno a pagar 23 millones euros, la sentencia concluye que deben asumir la responsabilidad contable de una venta que resultó ventajosa para dos sociedades (Fidere Gestión y Fidere Vivienda) del fondo buitre Blackstone pero no para las arcas públicas. Consideran que permitieron la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas por 128 millones de euros, 25.752.103 millones por debajo de su valor real, sin llevar a cabo ni tasaciones fiables, ni publicidad adecuada y facilitando información privilegiada.

La sentencia, avanzada por la Cadena Ser este viernes, argumenta que es idenfendible que el Ayuntamiento de Madrid no llevase a cabo todas esas medidas para intentar sacar el máximo precio de esa venta, que se produjo en octubre de 2013.

Como principal responsable figura al entonces responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) Fermín Oslé, pero también son responsables directos Ana Botella (alcaldesa entre 2012 y 2015) y todos los concejales que estaban en la junta de la EMSV: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos ellos deberán asumir el pago solidario de los 23 millones.

La demanda, presentada en 2017, ha sido estimada parcialmente. En ella se reclamaba un daño patrimonial por encima de los 55 millones. Contra la sentencia cabe un recurso en el plazo de 15 días y los condenados ya han asegurado en un comunicado que recurrirán, asegurando que únicamente ratificaron "el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado" y recordando que "la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas solicitó la desestimación".

En noviembre de 2017 el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), y su entonces equipo por esta venta, reclamando el reintegro de 127 millones de euros en concepto del dinero que dejó de percibir la administración local por las operaciones. Se trataba de una demanda dentro del proceso civil que el tribunal tenía abierto.

Esta formulación de demanda se produjo después de que la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid reabriera por vía penal la causa de la venta. Una reapertura que vino dada tras los recursos de apelación presentados por el Grupo Municipal Socialista y la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMVS contra un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid de enero de 2017 que sobreseía provisionalmente la causa.

En consonancia con la Cámara de Cuentas

La sentencia del Tribunal de Cuentas coincide con un informe previo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 2016 según el cual esta venta se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".

La Cámara de Cuentas concluía que no sólo se incumplió la normativa interna sino varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) así como a los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".

También en 2016 Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos impulsaron una comisión de investigación con el rechazo del PP, que la calificó de "cacería", y en la que se negaron a dar explicaciones los implicados.

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En esa demanda el Ayuntamiento reclamaba una restitución del daño económico sufrido por las arcas municipales en dos procesos de venta realizados en octubre de 2013, en plena crisis económica, cuando el consistorio necesitaba hacer caja para tapar la deuda.

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Edison escribió:Pues eso: Condenan a Ana Botella y siete cargos de su Gobierno a pagar 23 millones por la venta de pisos públicos a fondos buitre

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El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su Gobierno a pagar 23 millones euros, la sentencia concluye que deben asumir la responsabilidad contable de una venta que resultó ventajosa para dos sociedades (Fidere Gestión y Fidere Vivienda) del fondo buitre Blackstone pero no para las arcas públicas. Consideran que permitieron la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas por 128 millones de euros, 25.752.103 millones por debajo de su valor real, sin llevar a cabo ni tasaciones fiables, ni publicidad adecuada y facilitando información privilegiada.

La sentencia, avanzada por la Cadena Ser este viernes, argumenta que es idenfendible que el Ayuntamiento de Madrid no llevase a cabo todas esas medidas para intentar sacar el máximo precio de esa venta, que se produjo en octubre de 2013.

Como principal responsable figura al entonces responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) Fermín Oslé, pero también son responsables directos Ana Botella (alcaldesa entre 2012 y 2015) y todos los concejales que estaban en la junta de la EMSV: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos ellos deberán asumir el pago solidario de los 23 millones.

La demanda, presentada en 2017, ha sido estimada parcialmente. En ella se reclamaba un daño patrimonial por encima de los 55 millones. Contra la sentencia cabe un recurso en el plazo de 15 días y los condenados ya han asegurado en un comunicado que recurrirán, asegurando que únicamente ratificaron "el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado" y recordando que "la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas solicitó la desestimación".

En noviembre de 2017 el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), y su entonces equipo por esta venta, reclamando el reintegro de 127 millones de euros en concepto del dinero que dejó de percibir la administración local por las operaciones. Se trataba de una demanda dentro del proceso civil que el tribunal tenía abierto.

Esta formulación de demanda se produjo después de que la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid reabriera por vía penal la causa de la venta. Una reapertura que vino dada tras los recursos de apelación presentados por el Grupo Municipal Socialista y la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMVS contra un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid de enero de 2017 que sobreseía provisionalmente la causa.

En consonancia con la Cámara de Cuentas

La sentencia del Tribunal de Cuentas coincide con un informe previo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 2016 según el cual esta venta se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".

La Cámara de Cuentas concluía que no sólo se incumplió la normativa interna sino varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) así como a los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".

También en 2016 Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos impulsaron una comisión de investigación con el rechazo del PP, que la calificó de "cacería", y en la que se negaron a dar explicaciones los implicados.

Más o menos lo mismo, en eldiario.es

Lo que ha dicho la SER, con un comentario que me ha parecido conveniente destacar:

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En esa demanda el Ayuntamiento reclamaba una restitución del daño económico sufrido por las arcas municipales en dos procesos de venta realizados en octubre de 2013, en plena crisis económica, cuando el consistorio necesitaba hacer caja para tapar la deuda.

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Ganímedes escribió:

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Edison escribió:Pues eso: Condenan a Ana Botella y siete cargos de su Gobierno a pagar 23 millones por la venta de pisos públicos a fondos buitre

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El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su Gobierno a pagar 23 millones euros, la sentencia concluye que deben asumir la responsabilidad contable de una venta que resultó ventajosa para dos sociedades (Fidere Gestión y Fidere Vivienda) del fondo buitre Blackstone pero no para las arcas públicas. Consideran que permitieron la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas por 128 millones de euros, 25.752.103 millones por debajo de su valor real, sin llevar a cabo ni tasaciones fiables, ni publicidad adecuada y facilitando información privilegiada.

La sentencia, avanzada por la Cadena Ser este viernes, argumenta que es idenfendible que el Ayuntamiento de Madrid no llevase a cabo todas esas medidas para intentar sacar el máximo precio de esa venta, que se produjo en octubre de 2013.

Como principal responsable figura al entonces responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) Fermín Oslé, pero también son responsables directos Ana Botella (alcaldesa entre 2012 y 2015) y todos los concejales que estaban en la junta de la EMSV: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos ellos deberán asumir el pago solidario de los 23 millones.

La demanda, presentada en 2017, ha sido estimada parcialmente. En ella se reclamaba un daño patrimonial por encima de los 55 millones. Contra la sentencia cabe un recurso en el plazo de 15 días y los condenados ya han asegurado en un comunicado que recurrirán, asegurando que únicamente ratificaron "el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado" y recordando que "la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas solicitó la desestimación".

En noviembre de 2017 el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), y su entonces equipo por esta venta, reclamando el reintegro de 127 millones de euros en concepto del dinero que dejó de percibir la administración local por las operaciones. Se trataba de una demanda dentro del proceso civil que el tribunal tenía abierto.

Esta formulación de demanda se produjo después de que la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid reabriera por vía penal la causa de la venta. Una reapertura que vino dada tras los recursos de apelación presentados por el Grupo Municipal Socialista y la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMVS contra un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid de enero de 2017 que sobreseía provisionalmente la causa.

En consonancia con la Cámara de Cuentas

La sentencia del Tribunal de Cuentas coincide con un informe previo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 2016 según el cual esta venta se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".

La Cámara de Cuentas concluía que no sólo se incumplió la normativa interna sino varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) así como a los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".

También en 2016 Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos impulsaron una comisión de investigación con el rechazo del PP, que la calificó de "cacería", y en la que se negaron a dar explicaciones los implicados.

Más o menos lo mismo, en eldiario.es

Lo que ha dicho la SER, con un comentario que me ha parecido conveniente destacar:

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En esa demanda el Ayuntamiento reclamaba una restitución del daño económico sufrido por las arcas municipales en dos procesos de venta realizados en octubre de 2013, en plena crisis económica, cuando el consistorio necesitaba hacer caja para tapar la deuda.

Imposible, debe de ser un error, ¿no quedamos en que la justicia no era independiente?

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mezquita escribió:Me parece perfecto que se vendan activos en tiempo de crisis para hacer caja por debajo de su valor, y como se seguirá haciendo gobierne quien gobierne en tiempos de necesidad . Fondos Buitres que a pesar de las siglas, no son más que inversiones extranjeras que se dedican a comprar paquetes de inmuebles a bajo coste, cuando el mercado es favorable. :fumando: Enviado

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Edison escribió: El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su Gobierno a pagar 23 millones euros, la sentencia concluye que deben asumir la responsabilidad contable de una venta que resultó ventajosa para dos sociedades (Fidere Gestión y Fidere Vivienda) del fondo buitre Blackstone pero no para las arcas públicas. Consideran que permitieron la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas por 128 millones de euros, 25.752.103 millones por debajo de su valor real, sin llevar a cabo ni tasaciones fiables, ni publicidad adecuada y facilitando información privilegiada.

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Ganímedes escribió: Imposible, debe de ser un error, ¿no quedamos en que la justicia no era independiente?

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Edison escribió: ¿Siempre has de soltar una estupidez?

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Ganímedes escribió:

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Edison escribió: El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su Gobierno a pagar 23 millones euros, la sentencia concluye que deben asumir la responsabilidad contable de una venta que resultó ventajosa para dos sociedades (Fidere Gestión y Fidere Vivienda) del fondo buitre Blackstone pero no para las arcas públicas. Consideran que permitieron la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas por 128 millones de euros, 25.752.103 millones por debajo de su valor real, sin llevar a cabo ni tasaciones fiables, ni publicidad adecuada y facilitando información privilegiada.

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Ganímedes escribió: Imposible, debe de ser un error, ¿no quedamos en que la justicia no era independiente?

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Edison escribió: ¿Siempre has de soltar una estupidez?

No, la estupidez eres tú quien la suelta cada vez que hay una sentencia que no te gusta y das a entender la falta de independencia de la justicia o directamente lo dices de forma explícita
Cuando la sentencia no te incomoda callas como un muerto y no dices nada de su presunta falta de independencia
Eres el separatista catalán perfecto

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Regshoe escribió:

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mezquita escribió:Me parece perfecto que se vendan activos en tiempo de crisis para hacer caja por debajo de su valor, y como se seguirá haciendo gobierne quien gobierne en tiempos de necesidad . Fondos Buitres que a pesar de las siglas, no son más que inversiones extranjeras que se dedican a comprar paquetes de inmuebles a bajo coste, cuando el mercado es favorable. :fumando: Enviado

Vender por debajo de su valor es de ser muy retrasado. Lo normal es intentar vender por encima
Vender por debajo de su valor un bien público a un familiar no es hacer caja, es robar.

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El resumen de las conclusiones del informe es el siguiente:

- Incumplimiento de la función de la EMVS: la enajenación de viviendas realizada por parte de la EMVS no sólo incumple, sino que impide el desarrollo de la finalidad básica de la empresa municipal y su fin social. Esta venta sólo puede entenderse como una operación de despatrimonialización de la empresa únicamente beneficiosa para la parte compradora.

- La precaria situación económica de la EMVS en base a la cual se justifica la necesidad de la venta de las promociones, no es una situación sobrevenida ni una consecuencia inevitable de la coyuntura económica general, sino que es el resultado de continuados años de mala gestión.

- Ausencia de justificación objetiva a la necesidad de enajenación de los inmuebles.

- Incumplimiento de la legalidad básica: el proceso de venta contravino la legislación básica de aplicación en su preparación y adjudicación.

- Opacidad en las actuaciones preparatorias de la venta de inmuebles: no se respetaron los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en el desarrollo del procedimiento.

- Inaplicación de las garantías de solvencia del comprador: nunca se cumplieron las supuestas condiciones de solvencia establecidas presuntamente por la propia EMVS.

- Quebranto económico y perjuicio patrimonial para la EMVS: el importe finalmente obtenido por la EMVS de 128,5 millones de euros supuso una pérdida contable de 31 millones de euros para la entidad. Pero el perjuicio patrimonial ocasionado a la EMVS sería superior a los 162 millones de euros, es decir, el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291,4 millones de euros, frente a los 128,5 millones pagados, teniendo en consideración los precios oficiales de las VPP y sus anejos fijados en la Orden 116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, vigente en el momento de la enajenación.

- Inexistencia de control legal y financiero en la EMVS.

- Actuación despreciable ante los derechos de los arrendatarios: la EMVS y el equipo de Gobierno de Ana Botella actuaron con desprecio absoluto a los derechos y dignidad de los arrendatarios de las viviendas enajenadas, negándoles la condición de interesados en el procedimiento.

- Irresponsabilidad y falso testimonio por parte del consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, que faltó a la verdad en su comparecencia ante la comisión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ocultando la información relativa a la operación de venta de las viviendas.

- Connivencia por acción y omisión en las irregularidades detectadas por parte de la Comunidad de Madrid, que no sólo no veló por el cumplimiento de las adecuadas normas de control e inspección de las VPP enajenadas sino que colaboró activamente modificando el Reglamento de VPP de la CM, permitiendo este expolio del patrimonio público

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SanTelmo escribió:Imagino que en unos años también pagará alguien por esto.

https://m.eldiario.es/madrid/Adif-millo ... 15572.html