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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusa al Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero de «elaborar y aprobar un Real Decreto ad hoc» para desviar 31 millones de euros públicos que se acabaron repartiendo los líderes de la UGT de Asturias bajo el pretexto de la construcción de un geriátrico levantado, además, en una zona no urbanizable. Entre los principales beneficiarios de esta operación, que se fraguó «desatendiendo las recomendaciones de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria», se encuentra el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa, figura clave en el ascenso de Zapatero a la secretaría general del PSOE.
La Policía Judicial ha elaborado su informe definitivo en la denominada Operación Hulla, al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, y en el que pone el foco directamente sobre la implicación del Ejecutivo socialista. «Sin esta modificación normativa y sin la consecuente subvención no se podría haber financiado el proyecto» de la residencia de ancianos de Felechosa, subraya en alusión al Real Decreto 1219/2009 por el que se modificaba el 1112/2007 que establece el régimen de ayudas a las comarcas mineras del carbón.
El proyecto impulsado por Fernández Villa, cuando el nuevo Real Decreto «entró en vigor, ya se había adjudicado y se habían emitido tres certificaciones de obra». Lo que acredita, a juicio de la UCO, que «quienes decidieron iniciar el proyecto tenían la total seguridad de la aprobación del Real Decreto». «En resumen», prosigue la Guardia Civil, «todo hace indicar que se modificó el marco legal para hacer viable la subvención, llegando incluso a recoger la nueva norma requisitos contemplados un año antes por la Mesa Regional de la Minería, desatendiendo las recomendaciones de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio».
Una circunstancia que evidencia, añaden los investigadores, que «aquellos con capacidad decisoria sobre la aprobación del Real Decreto», en referencia a los altos cargos del PSOE, «habrían trasladado la certeza de que el proyecto se aprobaría». A la vista de este informe, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que requiera al Ministerio de Industria para que «identifique» a todos los funcionarios que intervinieron en la tramitación de la subvención para depurar sus responsabilidades.
La UCO incluye además y avala la confesión que realizó en sede policial el ex gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), Juan Miguel Benítez. Este funcionario reveló que el desvío millonario y la modificación normativa fue una «imposición» del Gobierno socialista. «Fernández Villa fue quien hizo los contactos necesarios para que desde arriba dieran las instrucciones necesarias; tenía mucho poder y capacidad de pedir audiencia al presidente del Gobierno y al ministro de Industria», que en ese momento era Miguel Sebastián, señaló Benítez. La construcción del geriátrico sirvió, como ya denunció Anticorrupción, para que Fernández Villa y su mano derecha, José Antonio Postigo, se apropiaran de «ingentes cantidades de dinero» que se estima puedan alcanzar los 15 millones de euros gracias a la subvención «sobredimensionada» otorgada por el Gobierno socialista y la «concertación» del Ministerio de Industria con los líderes mineros.
La UCO destaca en todo este proceso el «papel relevante» desempeñado por Fernández Villa con el Gobierno socialista gracias al «predominio y fuerza moral que durante décadas había atesorado en las cuencas mineras gracias a su hegemonía en el SOMA (Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias), que le habría permitido dirigir movilizaciones sindicales y huelgas que le propiciaban una situación de prevalencia sobre muchas personas con responsabilidad pública». «Todas estas circunstancias habrían podido jugar a su favor para ejercer influencia eficaz en el proceso motivador de los miembros de la Mesa de la Minería y/o de alguna persona con responsabilidad pública vinculada a los fondos mineros o, incluso, que interviniese durante la tramitación del Real Decreto», agrega.
La UCO ha acreditado, asimismo, que el grupo de Fernández Villa intervino para manipular incluso la elección de la adjudicataria del proyecto. Llegando al extremo de que han sido intervenidos correos electrónicos enviados por miembros de la Comisión Técnica encargados de evaluar las ofertas en los que filtraron al ganador el contenido del resto de proyectos. Lo hicieron con advertencias del tipo: «Lo que tengáis que copiar de otros, tened cuidado y cambiad algo del nombre de la descripción de las partidas o el orden de las mediciones y que nunca coincida el precio exacto».
La adjudicataria pagó posteriormente «comisiones ilícitas» a los líderes sindicales y propició que se desviaran importantes cantidades de dinero que acabaron aflorando en parte con la Amnistía Fiscal. Por todo ello la UCO advierte, entre otros, la comisión de un delito de blanqueo de capitales cometido por los líderes sindicales.
