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43 muertos, 47 heridos y ningún responsable penal por la tragedia del metro de Valencia
JUAN NIETO Valencia
El juzgado descarta que existan responsables penales del siniestro, en el que fallecieron 43 personas al descarrilar el tren por exceso de velocidad
La magistrada se basa en los informes de los peritos, que descartan que hubiera fallos de seguridad en el vagón o en la vía
No existen responsables penales del accidente del metro porque, según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones, el trazado, el carril, las traviesas, las fijaciones y otros elementos estudiados se encontraban en un estado y condiciones suficientes para mantener la seguridad de la marcha a 40 km/h, velocidad prescrita por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).Es la conclusión a la que llega la magistrada-instructora, la jueza Nieves Molina, para archivar por segunda vez la causa que ha investigado el mayor accidente de metro registrado en España. Once años después de la tragedia del metro de Valencia, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, el juzgado considera que no ha quedado acreditado que el suceso, que acaeció al descarrilar el tren en la curva previa a la estación de Jesús, cuando circulaba a 80 kilómetros por hora en un tramo con velocidad limitada a 40, «se produjera por un fallo en el vagón o en la vía».
La asociación de víctimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006 anunció este martes que recurrirá la decisión, pues considera que la responsabilidad penal se extiende más allá del maquinista, fallecido en el suceso. Mientras, desde la Fiscalía, que convenció a la Audiencia para que reabriera el caso en 2014 tras aparecer nuevas pruebas contra el criterio de la instructora, aún no ha valorado si presentará recurso. El auto de archivo provisional, facilitado este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV), da tres días de plazo a las partes para presentar recurso de reforma o cinco para plantearlo directamente en apelación a la Audiencia.El archivo se esperaba y llega solo unos días después de que la Audiencia de Valencia respaldara a la instructora y rechazara la petición de la Fiscalía para que los peritos de la Inspección de Trabajo y del Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) realizaran una ampliación de sus informes.
La asociación también propuso una serie de diligencias, como el interrogatorio de la ex gerente de FGV Marisa Gracia y de los cuatro técnicos investigados que no han declarado, pero la instructora las ha rechazado.La balizaSegún consta en el auto, de 217 páginas, la jueza Nieves Molina considera que Marisa Gracia «ostentaba un cargo de representación de la empresa, siendo ajena a las cuestiones de tipo técnico». Cree que ni a ellos ni a los otros tres trabajadores investigados que sí han declarado, se les puede exigir responsabilidades penales por imprudencia profesional por no haber adoptado medidas de seguridad adicionales a las que ya existían.El auto reitera que ninguna norma obligaba a la colocación de una baliza que protegiese el tren ante un exceso de velocidad en la curva en la que descarriló y que podría haber evitado la tragedia.La resolución habla de un accidente, un «desgraciado» accidente, y se remite a los informes periciales para subrayar que en el año del siniestro, 2006, la inexistencia de balizas ante las curvas era una pauta de actuación común en otras administraciones ferroviarias que hasta entonces se había mostrado segura.
Además, la jueza apunta que, en el caso de Valencia, se valoraron otras circunstancias como el hecho de que nunca antes hubiera habido accidentes o incidentes relacionados con los excesos de velocidad en curva; y que ni maquinistas, ni factores de circulación ni trabajadores de infraestructuras ni técnicos de línea ni sindicatos advirtieron nunca del peligro.«Lo decisivo desde la perspectiva penal es si las medidas de seguridad existentes cumplían con los estándares de seguridad del sector. Y como se señaló en resoluciones anteriores a la reapertura del procedimiento, la mejora o el incremento de las medidas de seguridad efectuadas a posteriori, no puede equivaler en el ámbito penal a que la situación previa pueda considerarse sospechosa de criminalidad», dice la resolución.Sistema de frenadoRespecto al sistema de frenado automático puntual FAP, el juzgado concluye que era adecuado y análogo al sistema ASFA que funcionaba en los trenes de cercanías con los que la Línea 1 comparte características por tener un trayecto de 100 kilómetros, 96 pasos a nivel y tan solo 7 kilómetros de tramo subterráneo.El auto señala que el perito concluyó de forma tajante con la no constatación de que la unidad hubiese tenido un fallo en los frenos y la investigación judicial ha acreditado que la unidad siniestrada no entró en talleres 13 días antes del accidente por un problema en los frenos. Al parecer, la máquina que entró en talleres no fue la siniestrada, fue otra unidad distinta; y los peritos destacaron la «nula relación existente entre los tres descarrilamientos previos al accidente de la unidad siniestrada y éste».
Sobre la desaparición del libro de averías, el auto explica que esta circunstancia «carece de relevancia» y recuerda que «el vuelco del tren y la fractura de los cristales produjo, además de la salida de la unidad de los pasajeros, la salida de todos los enseres y efectos personales que portaban los viajeros. A ello hay que unir los enseres de papel, como libros y documentos que no se pudieron recuperar por el estado en que quedaron las vías».Sobre las ventanas de la unidad, el auto mantiene que tanto el primer perito judicial como los dos técnicos de la AESF coincidieron en señalar que aun cuando las ventanas no hubiesen sido cambiadas, el resultado hubiese sido el mismo y ello debido al diseño de mismas, en especial del marco de goma que sobresalía respecto de la caja.
En definitiva, no existe el más mínimo indicio, atendiendo a las declaraciones de los distintos testigos que han comparecido y a lo informado por los peritos judiciales, que en el desprendimiento de las ventanas coadyuvara una defectuosa fijación de las mismas a la estructura de la caja, considera la jueza en su escrito.Por otra parte, el auto también señala que la hipótesis de que el 'bogie' de la unidad se desprendió con anterioridad al descarrilamiento, siendo la causa de éste, no aparece avalada por indicio alguno, según se concluye de las declaraciones de los agentes de la Policía, los peritos y los trabajadores de FGVLa jueza pondera diversos derechos en su auto y se inclina por garantizar el de la presunción de inocencia, pues «los filtros previos a la celebración del juicio (...) tienen por finalidad evitar que quien es titular del derecho a la presunción de inocencia, se vea sometido a un proceso penal y juicio público, con el evidente contenido aflictivo que la pena de banquillo conlleva».
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