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Y ahora el fiasco de las oposiciones
Jordi Xargayó
06·05·23 | 06:30
Oriol Junqueras a Laura Vilagrà (consejera de Presidencia): «Laura, deberías buscar un cargo para Marta Martorell. Estos (insultos ininteligibles, probablemente parecidos a los de la afición del PSG a Messi) de Junts le han hecho una moción de censura. Se ha quedado sin la alcaldía de Tiana, y sin trabajo».
Marta Vilagrà: «Oriol, no te preocupes. Ya sabes que ahora tenemos cargos de sobra, gracias a la salida de los de Junts (unas risas), y si hace falta crearemos otro, no viene de uno más».
Esta conversación es ficticia, pero muy bien podría haber ido de ese modo. La política real funciona así, no sólo en ERC. Marta Martorell, la cabeza de turco del escándalo de las oposiciones de la Generalitat, fue desbancada de la alcaldía de Tiana el mes de abril del pasado año por el candidato de Junts tras una moción de censura. Meses más tarde, el 18 de enero de este año, fue nombrada directora general de la Función Pública (un salario de 90.008 euros anuales). Le dieron este cargo como le podían haber dado el de directora general del Cambio Climático, el de Migraciones, Refugio y Antirracismo o el de Cuidados, Organización del Tiempo y Equidad en los Trabajos (todos existen, en serio), que cargos para colocar a gente del partido hay para dar y regalar. Lo cierto es que el de Función Pública era el idóneo para Marta Martorell. Presentaba un «currículo» inmejorable después de haber sido condenada el pasado mes de octubre por un juzgado de lo contencioso-administrativo por haber vulnerado, cuando era alcaldesa de Tiana, «el derecho fundamental a la participación y representación política» de un concejal de Junts «al no haberle facilitado en plazo y de forma completa la documentación requerida».
Marta Martorell ha durado tres meses y medio en el cargo. En este caso, ni siquiera era la principal responsable del fiasco de las oposiciones de la Generalitat, pero, como fue la última en llegar, ha pagado el pato, mientras se ha salvado a las dos dirigentes que tenían más responsabilidades en el asunto: Alícia Corral, actual secretaria de Administración y Función Pública (93.905 euros anuales) y predecesora de Marta Martorell en la dirección general de la Función Pública, y, por supuesto, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà. Es de nota que la máxima responsable del escándalo de las oposiciones, Laura Vilagrà, tire balones fuera escribiendo en Twitter que «llegaremos hasta el final para saber los motivos de las incidencias y depuraremos responsabilidades en todos los ámbitos necesarios. Evaluaremos la situación urgentemente para dar respuestas con la mayor celeridad». El problema es que Laura Vilagrà (117.827 euros anuales) ha ido encadenando cargo tras cargo desde que era jovencita, desde que ingresó en las Joventuts de ERC, y cuesta mucho encontrar trabajos tan bien remunerados fuera de la política. La fidelidad es el principal activo para hacer carrera en el mundo de la política. Asumir responsabilidades, sin embargo, no se contempla.
En este país que, según Jordi Puigneró, debíamos convertirnos en una República digital, nada funciona. Recordamos algunos episodios de los últimos tiempos.
1. El colapso informático bloqueó el reparto de mascarillas en las farmacias catalanas el primer día después de haberse dispensado 100.000 en una hora (20 de abril de 2020).
2. También colapsó la web para tramitar las ayudas a los autónomos afectados por las restricciones del coronavirus el primer día de su puesta en marcha (9 de noviembre de 2020).
3. La aplicación para descargar el certificado Covid también cayó, lo que obligó a posponer unos días la exigencia de presentar el pasaporte de vacunación (25 de noviembre de 2021).
El listado es largo. Ahora, hemos sabido que un tema tan delicado como unas oposiciones a la función pública no las organiza ni la propia Generalitat, sino que, como tantas cosas, también se externalizan, y en este caso incluso con una doble subcontratación. Quienes querían gobernar una República dejan la gestión de unas oposiciones en manos de una ETT. No tienen ni el menor respeto por gente que, en estas pruebas, se juega su futuro laboral y el de su familia. Hace años que escuchamos la cantinela que las cosas funcionan mejor cuando lo gestionamos desde Catalunya porque en Madrid son un desastre y bla, bla, bla. Luego resulta que las oposiciones las subcontratan a una empresa... ¡de Madrid! No lo superan ni los guionistas del Polonia.