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La «tensión» que experimentan las cuentas de la Seguridad Social -en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- obligará al Gobierno el año que viene a usar 6.283,3 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones. La cifra es inferior a los 8.446,7 millones previsto en las cuentas del 2015, pero la hucha del Seguro ha bajado desde el máximo de 66.815 millones que alcanzó en el 2011 hasta los actuales 39.520,46 millones porque el Ejecutivo ha usado unos 37.700 millones desde el 2012 hasta julio de este año (el saldo no ha caído en igual cuantía por el rendimiento que obtiene con su inversión).

Pese a ello, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, defendió ayer que el «potente sistema de reservas, uno de los más importantes del mundo pese a la crisis» se seguirá usando en la cantidad «estrictamente necesaria para financiar las pensiones contributivas del sistema», pues su fin es «mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y fortalecerlo».

Lo cierto, empero, es que los pensionistas perderán poder de compra el año que viene con mucha probabilidad. Las prestaciones subirán el 0,25%, el mínimo legal fijado por el Ejecutivo, mientras que los precios subirán el 1,3% según el consenso de los analistas privados y el Banco de España, el 1,1% según la Comisión Europea, o el 0,7% según la OCDE.

CRÍTICAS

UGT se mostró muy crítica con la decisión del Gobierno. «Se mantiene la política de subvencionar las cotizaciones, en detrimento de los ingresos, mientras se amenaza con la imposibilidad de mantener las pensiones. Es decir, se seguirá tirando del Fondo de Reserva, un mecanismo establecido para emergencias, como financiación de la minoración de ingresos derivada de la política de subvencionar empleos precarios a través del sistema», afirmó en relación a las bonificaciones.

Montoro, sin embargo, se declaró en contra de la petición de los sindicatos de subir las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y sus empresas, porque es «un impuesto que penaliza el empleo». En cambio, adelantó que el Gobierno, si gana las elecciones, tiene previsto en la próxima legislatura para incrementar la financiación de la Seguridad Social vía impuestos y reducir así su dependencia de las cotizaciones sociales. Se trataría, apuntó, de buscar otras fuentes impositivas para financiar las prestaciones «menos contributivas».

El Estado aportará el año que viene a la Seguridad Social 13.160,12 millones, el 0,7% más, sobre todo para complementar las pensiones más bajas y pagar las no contributivas. La principal fuentes de financiación serán las cotizaciones sociales (117.242 millones, el 83,2% del total), que crecerán el 6,7% por el mayor número de afiliados, el crecimiento de la base máxima de cotización en un 1% y la subida del salario medio de los empleados (1,4%).