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Mayer fichó al responsable del Carnaval de entre los «okupas» del Patio Maravillas
La edil de Cultura también proviene de ese colectivo antisistema. Ramón Ferrer, que contrató la violenta obra infantil, trabajó con niños maltratados
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La concejal de Cultura y Deportes en el AYuntamiento de Madrid, Celia Mayer
La concejal de Cultura y Deportes en el AYuntamiento de Madrid, Celia Mayer - EFE
CARLOS HIDALGO - @abc_madridMadrid - 09/02/2016 a las 23:05:04h. - Act. a las 01:38:41h.Guardado en: Madrid
La concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid conocía muy bien a Ramón Ferrer Prada, la persona a la que pagó 5.600 euros por organizar el polémico Carnaval de este año. El programador de las actividades, entre otras, del teatro de títeres que ha acabado con sus dos actores en prisión por enaltecimiento del terrorismo, pertenecía al Patio Maravillas, el edificio «okupa» del que también proviene la edil de Carmena, indicaron a ABC fuentes policiales de toda solvencia. La relación entre ambos se remonta a hace años y políticamente convergieron en la corriente Ganemos, de la que Mayer fue candidata en primarias y donde «milita» Ferrer.
Pero ahora es sobre las espaldas de su excompañero «okupa» donde ha hecho recaer la concejal la responsabilidad del despropósito de la obra, englobada en las actividades para niños. Además, la compañía Títeres desde abajo no es ninguna desconocida entre los centros «okupados» y los entornos antisistema: habían actuado en numerosos de estos locales, incluyendo La Enredadera, en el mismo barrio de Tetuán y al que Ferrer estaba también ligado. Precisamente, el colectivo radical Tetuán Combativo emitió un comunicado de apoyo a «Moncho», que es como se conoce en el barrio a Ferrer Prada, sobre todo en La Ventilla. Desvelaron que, en fechas precedentes al Carnaval, el programador del festejo se puso en contacto con ellos vía WhatssApp y correo electrónico para que participaran en la confección del repertorio de actividades.
Con la destitución de Ramón Ferrer, la alcaldesa Carmena lanzaba un mensaje muy claro: él conocía el contenido de la representación y, en caso de que Mayer y Montserrat Galcerán (presidenta de Tetuán) no la supieran, hicieron dejación de funciones o pecaron de exceso de delegación en el promotor. «Sorprendentemente» fue el término que utilizó la regidora el lunes durante la rueda de prensa que ofreció al respecto de lo ocurrido.
Pero hay más. Desde el Área de Cultura se justificó la contratación de Ferer, que además es vocal vecino de Ahora Madrid en la Junta de Tetuán, por su currículum. Sin embargo, en su perfil de Linkedin se define como «sociólogo con experiencia en intervención social y comunicación comunitaria». Su experiencia laboral es amplia, pero en nada que se pueda vincular a actividades propias de un carnaval. Es más, siendo el responsable señalado por Carmena y Mayer como culpable de haber contratado la obra «La bruja y Don Cristóbal. A cada cerdo le llega su San Martín», llama la atención su trayectoria previa con niños.
Sexualidad a menores
Ramón Ferrer ha impartido un curso de sexualidad orientado a menores y también ha trabajado con víctimas infantiles de la violencia de género. Una violencia que era mostrada en el teatro de títeres de la controversia: se mataba a una embarazada; se representaba el apuñalamiento de una monja con un crucifijo; ahorcaban a un juez; apaleaban a policías... Y se exhibía la pancarta «Gora Alka-ETA».
La obra de títeres era una «respuesta» a la detención de los anarcoterroristas que planearon atentar en La Almudena y El Pilar
Fuentes del caso indicaron que no es baladí que entre los efectos intervenidos a los dos actores encarcelados, Alfono Lázaro de la Fuente, almeriense de 29 años, y Raúl García Pérez, madrileño de 35, se encontrara el libro «Contra la Democracia», de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Ambos arrestados son, al menos, simpatizantes, aunque no está probada su pertenencia al GAC. Eso sí, los investigadores sostienen que la obra «La bruja y Don Cristóbal» es una «respuesta» a la operación Piñata y a lo que estos radicales califican como «represión policial».
Aquel dispositivo, llevado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se saldó con más de una treintena de detenidos a finales de marzo de 2015. Varios de ellos pasaron por prisión. Entre los delitos que se les imputan estan las tentativas de ataques anarquistas a la madrileña Catedral de La Almudena y a la Basílica del Pilar (Zaragoza).
Además, los agentes registraron entonces al menos dos casas «okupas»: La Quimera y la 13-14, en Lavapiés, que no fueron desalojadas.
El juez Eloy Velasco, instructor de la operación Piñata, señaló a los imputados como pertenencientes a «organización criminal con fines terroristas y la comisión de hechos delictivos consistentes en sabotajes y colocación de artefactos explosivos e incendiarios».
