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El vicepresidente de Derechos Sociales y Angenda 2030, Pablo Iglesias, ha llevado al juzgado el asedio que desde principios de mayo sufre, junto a su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su domicilio particular de la localidad madrileña de Galapagar, imputando al instigador, Miguel Ángel Frontera, seis delitos: coacción, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En el escrito, los abogados del vicepresidente señalan que el tipo de hostigamiento que padece en su domicilio y las consignas e insultos que reciben en su domicilio privado no pueden entenderse como una actividad amparada por el derecho de manifestación y protesta, tanto por la reiteración del hecho como por el objetivo de animadversión personal y denigración confesado por quienes se concentran.
La denuncia, interpuesta ante el juzgado de instrucción de Collado-Villalba, incorpora como pruebas de la comisión de los delitos, al menos desde el 15 de mayo, los numerosos vídeos que el querellado ha ido colgando en redes sociales, así como sus reiteradas manifestaciones en ellas y en sus cuentas públicas de que no cejará en su hostigamiento a la vivienda donde conviven los dos miembros del Gobierno y sus tres hijos.
En ellos, Miguel Frontera explica cómo burla el cerco de la Guardia Civil, cómo graba el interior de la vivienda del vicepresidente y la ministra, así como los insultos y amenazas de todo tipo que profiere contra ellos.
Por estos hechos, particularmente la grabación desde la cerca del interior de la vivienda, Frontera ya fue detenido el pasado 12 de julio (que es la que el denunciante considera, de acuerdo a la jurisprudencia, como una revelación de secretos), lo que no le ha impedido regresar esta semana al asedio de la vivienda de Iglesias.
Respecto a la desobediencia a la autoridad, la querella se basa en las explicaciones que da en sus vídeos una y otra vez el propio Miguel Frontera sobre cómo burla las órdenes de la Guardia Civil para poder continuar con el hostigamiento de los dos miembros de Podemos.
Otro tanto ocurre con el delito contra el medio ambiente, pues en los vídeos aportados como prueba, es la propia Guardia Civil la que le advierte que en las inmediaciones del parque natural no puedo utilizar los equipos de megafonía con los que comenzó a acosar a Iglesias cuando el cerco le impedía acercarse al domicilio.
La querella entiende que en la conducta de Frontera se dan los requisitos del delito de acoso, que exige una acción reiterada e insistente y que altere la vida cotidiana de la víctima, así como la coacción, en la que la denuncia destaca que el ánimo de restringir la libertad de Iglesias y Montero es admitido una y otra vez por el propio instigador, que acompaña sus acciones de “tumultos” buscando intimidar a sus víctimas.
Por último, la querella recoge el detalle, que considera agravante de los tipos penales señalados, de que Frontera tiene además un móvil económico: “Se lucra, recabando aportaciones económicas de los ciudadanos, para financiar la actuación ilícita y delictiva que lleva a cabo, lo que a nuestro juicio merece mayor reproche y agrava su conducta”.
Entre otros lances, la querella recuerda que durante el estado de alarma, Frontera vulneró las restricciones de movilidad establecidas por el Gobierno, toda vez, se desplazaba diariamente desde su municipio de Brunete hasta Galapagar, violando el confinamiento.
Por este mismo caso de asedio al domicilio de Iglesias y Montero, la ministra ya presentó una demanda contra la concejala de Vox en Galapagar Cristina Gómez, lo que le valió un expediente de expulsión de su partido.
