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EL POSTIGUET escribió: ↑19 Jul 2026 09:59
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Roronoa Zoro escribió: ↑18 Jul 2026 23:24
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EL POSTIGUET escribió: ↑18 Jul 2026 14:25
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Roronoa Zoro escribió: ↑18 Jul 2026 13:46
Abre los ojos, que estás muy ciego
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Esa su respuesta a mi comentario no tiene sentido alguno, no sé quién estará más ciego. Desarrolle con más amplitud su respuesta, diga dónde está mi ceguera. No emplee muletillas sin sentido, y sea más claro. No demuestre con tanta claridad su ignorancia y estupidez, por favor. Gracias.
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Sanchez lo dijo, que ellos controlan a la fiscalia
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La verdad, y con sinceridad, ya que en mí no hay nada contra nadie y se lo digo desde el respeto ¿no se da usted cuenta del ridículo que hace cada vez que me responde? Está tan obsesionado con el presidente Sánchez que creo sueña con él a diario.
Mi comentario va de que un diputado valenciano de Vox dice claramente que tiene información privilegiada de un fiscal. Pertenezca la fiscalía al ministerio que pertenezca, eso es un delito. No el decirlo, sino el entregar información privilegiada con fines políticos, y, si ese diputado no dice, voluntariamente u obligado, qué fiscal es, los ciudadanos (y yo sin duda) podemos pensar que es cualquiera de ellos, o sea, que el delito (presuntamente) recae en todos y cada uno si no se resuelve.
Pero sin duda creo que no es así, que la honestidad está en el cien por cien de los fiscales, y si hay uno que delinque, hay que quitarlo de la fiscalía, y para ello ese diputado ha de confesar su nombre o que ha mentido, y si es así, también ha de tener su castigo, no se puede difamar un ente como la fiscalía y además en tono chulesco como lo ha hecho.
Déjese de Sánchez por una vez, que ningún presidente ha de acapararlo todo. La fiscalía, por interés, es quien ha de intervenir. Sánchez tiene otros cometidos que, por cierto, y ya que usted sueña con él, le diré que tenemos un presidente muy bien valorado en el mundo, pero ya sabemos el cainismo de los españoles, que no sabemos defender lo nuestro, y así nos va. Por cierto la ONU ha nombrado a Pedro Sánchez nuevo copresidente del grupo de Defensores de los ODS. Y aquí insultándole... ¡qué país más miserable!
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Lo primero: decir que hago “el ridículo”, que estoy “obsesionado” o que “sueño con Sánchez” no rebate absolutamente nada. Es una descalificación personal para evitar discutir los argumentos.
Sobre el fondo, coincido en algo: la frase del diputado es grave, imprudente y merece una aclaración e investigación. Fue captado diciendo: «Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal». Eso constituye un indicio que debe comprobarse, no una sentencia condenatoria.
Usted afirma directamente que entregar esa información “es un delito”, pero jurídicamente no es tan sencillo. El artículo 417 del Código Penal exige que un funcionario revele información conocida por razón de su cargo y que no deba ser divulgada. Por tanto, antes hay que determinar qué información recibió realmente el diputado, si procedía de una fiscal, si era reservada y si todavía no era pública. El hecho de que alguien la llame “información privilegiada” en una conversación no convierte automáticamente esa información en secreta a efectos penales.
De hecho, la información concreta sobre la nacionalidad pakistaní de los detenidos ya había sido difundida públicamente. Vox sostiene que la conversación era una broma y que eso fue lo único utilizado. Puede ser una excusa o puede ser cierto, pero precisamente para eso está una investigación: para averiguarlo, no para dictar condenas desde una red social.
Tampoco tiene sentido afirmar que, mientras no se conozca el nombre, la sospecha “recae en todos y cada uno” de los fiscales. Eso es aplicar una presunción colectiva de culpabilidad completamente irracional. Si alguien afirma haber recibido una filtración de “una fiscal”, la investigación debe identificar a esa persona; los demás fiscales no tienen que demostrar que son inocentes de algo de lo que ni siquiera han sido acusados.
El diputado debería explicar los hechos y, si sostiene que conoce la comisión de un delito, ponerlos en conocimiento de la autoridad competente. La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que los delitos perseguibles de oficio sean denunciados ante la Fiscalía, el juez o la policía; no establece que deba revelar públicamente un nombre y organizar un linchamiento mediático.
Y si hubiera mentido, su conducta sería políticamente impresentable, pero mentir o fanfarronear no constituye automáticamente un delito. En un Estado de derecho solo puede imponerse un castigo penal cuando la conducta encaja en un delito previsto por la ley, no porque nos parezca chulesca, ofensiva o irresponsable.
También convendría precisar que la Fiscalía no “pertenece al ministerio que pertenezca”. El Ministerio Fiscal es un órgano constitucional con personalidad jurídica propia e integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, aunque funciona con unidad de actuación y dependencia jerárquica. Es cierto que el fiscal general es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, por lo que debatir sobre la relación entre Fiscalía y Gobierno no es ninguna obsesión delirante: es una cuestión institucional legítima.
Finalmente, el nombramiento de Pedro Sánchez como copresidente del grupo de defensores de los ODS de Naciones Unidas es real y puede considerarse un reconocimiento político. Pero no demuestra que sea “un presidente muy bien valorado en el mundo”, porque ese grupo no es una clasificación internacional de presidentes ni una encuesta mundial sobre su gestión. Es un nombramiento concreto realizado por el secretario general de la ONU para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Utilizarlo para concluir que criticar a Sánchez convierte a España en un “país miserable” es un simple argumento de autoridad y una desviación completa del asunto debatido.
En resumen: que se investigue, que el diputado dé explicaciones y que, si hubo una filtración delictiva, respondan tanto quien filtró como quien pudiera haberla aprovechado ilícitamente. Pero investigar no significa declarar culpable a una fiscal desconocida, mucho menos a todos los fiscales, ni utilizar un nombramiento de la ONU para silenciar cualquier crítica al presidente del Gobierno.
