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El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo ha apuntalado la implicación en la trama de José Luis Ábalos y ha aportado nuevos indicios contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Los investigadores también han profundizado en episodios en los que habría intervenido directamente el propio Pedro Sánchez, como la visita a España de Delcy Rodríguez y el rescate bajo sospecha de Air Europa. Al caso Koldo se suman las investigaciones que afrontan la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el hermano del líder socialista, David Azagra, en juzgados de Madrid y Badajoz, respectivamente.
Ambas diligencias se encuentran en una fase inicial, pero han sido respaldadas recientemente con contundencia por instancias judiciales superiores. La lista de imputados es más larga, se extiende por distintos puntos de España y comienza a agolparse a las puertas de la Moncloa.
- Begoña Gómez. Mujer de Pedro Sánchez. Imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por recomendar la contratación de la empresa de Juan Carlos Barrabés en hasta tres adjudicaciones públicas del Gobierno. La Audiencia Provincial ha abierto una vía para que también sea investigada por apropiación indebida por inscribir a su nombre un software valorado en 150.000 euros que Indra, Google y Telefónica hicieron gratis para la Universidad Complutense de Madrid. Además, la investigación del caso Koldo, en la Audiencia Nacional, ha revelado que su marido, José Luis Ábalos y Nadia Calviño mantuvieron una reunión clave para el rescate de Air Europa el mismo día que Begoña Gómez se reunió en secreto con Javier Hidalgo en la propia sede de Globalia. Este hallazgo abre la puerta para que también sea citada a declarar por el escándalo del caso Koldo.
- David Sánchez, alias David Azagra. Hermano del presidente del Gobierno. Imputado por malversación, delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tráfico de influencias y prevaricación. El Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz investiga su fichaje como director de la Oficina de Artes Escénicas con un sueldo anual de 55.000 euros. Se investiga, entre otros extremos, si acude a su puesto de trabajo, dado que tiene su residencia fijada en Elvas (Portugal).
- Miguel Ángel Gallardo. Presidente de la Diputación de Badajoz desde 2015 y secretario general del PSOE de Extremadura. Imputado por los mismos delitos que el hermano del presidente del Gobierno por su papel en su contratación.
- Alejandro José Cardenal. Jefe de los departamentos Jurídico y de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz. Investigado por el caso del hermano de Sánchez.
- José Luis Ábalos. Exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE. El que fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez en su carrera hacia la presidencia del Gobierno se encuentra a un paso de la imputación en el Tribunal Supremo –es aforado– por consentir y beneficiarse de la trama corrupta de las mascarillas que anidó en su ministerio durante la pandemia. Los implicados le compraron un chalet en Cádiz y le pagaron el alquiler de la casa su novia. La UCO considera que ambas cosas eran un soborno.
- Koldo García Izaguirre. Asesor principal de Ábalos. Este exportero de locales nocturnos al que Sánchez puso como ejemplo de militancia está en el centro del caso que lleva su nombre. Se le acusa de cobrar comisiones ilegales de una empresa por contribuir a que varias administraciones socialistas le adjudicasen contratos que ascendieran a casi 60 millones de euros para traer material sanitario en la pandemia. Los mensajes que obran en el sumario acreditan que le consultaba todo a Ábalos, hasta si quería muebles en la casa que le compraron los investigados.
- Francina Armengol. Presidenta del Congreso. La actual tercera autoridad del Estado fue presidenta del Gobierno de Baleares durante la pandemia. Su administración contrató a la trama. Recibió una partida defectuosa, pero tardó tres años en pedir la devolución del dinero, después de que interviniera la Fiscalía. El sumario del caso ha desvelado que Koldo García contactaba directamente con ella y le facilitó el contacto de su consejera de Salud. "Vale cariño te mantengo informada de todo [sic]", le agradeció el asesor de Ábalos.
- Ángel Víctor Torres. Ministro de Política Territorial. El expresidente de Canarias aparece en el sumario del caso Koldo porque adjudicó tres contratos a dedo a un laboratorio de test PCR implicado en la investigación, que presuntamente también pagaba comisiones a cambio de adjudicaciones. Los expedientes, que suman 5,3 millones de euros, fueron firmados por el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, uno de los altos cargos salpicado por el escándalo del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni.
- Salvador Illa. Presidente de Cataluña. El exministro de Sanidad figura también en el sumario. En mensajes intervenidos a los implicados del laboratorio de los test PCR se ha localizado una conversación de 2020 en la que aparece una captura de la entrada en Wikipedia de Illa junto a una frase en la que se asegura que "el ministro ha dado el OK". Ángel Víctor Torres, aseguró en agosto de 2020 a uno de los miembros de la trama Koldo que ya había hablado con Illa, y que "había buena recepción" de cara a su oferta de realizar pruebas PCR a los viajeros que llegaran a las islas.
- Joseba García Izaguirre. Hermano de Koldo. Es otro de los investigados en el caso porque la UCO le acusa de haber recibido las cantidades de dinero en metálico que el empresario Víctor de Aldama le pagaba a Koldo en concepto de comisión por ejercer de conseguidor ante las administraciones socialistas. Fue contratado en una empresa vinculada al Ministerio de Transportes cuyo responsable admitió tener amistad con Koldo, pero dijo que contrató a su hermano "como a cualquier otro españolito".
- Patricia Úriz. Esposa de Koldo. La Guardia Civil acusa a ella y a Koldo de haber incrementado su patrimonio de manera injustificada durante la pandemia. También fue contratada para trabajar en Transportes. Gestionaba una mercantil llamada 'Erikapat Consultoría Internacional S.L.' y la investigación estima que con ella trataba de “legitimar las cantidades obtenidas por otras vías".
- Jésica. Novia de Ábalos. Esta estudiante de Odontología accedió a un sueldo público gracias a que el ministro la colocó en Transportes. Después fue recolocada en una empresa dependiente de la SEPI. La trama abonaba para ella el coste del alquiler de un piso en un exclusivo rascacielos de Madrid. Además, Ábalos le pagaba por acompañarle en sus viajes oficiales. Él dice que era su novia y que puso ese dinero de su bolsillo.
- Rubén Villalba. Comandante de la Guardia Civil. La UCO plantea que los implicados en el caso Koldo integraban una organización criminal. Uno de sus argumentos es que lograron infiltrase incluso en las fuerzas de seguridad. Este guardia civil detenido facilitó presuntamente medidas de protección a la red para evitar ser investigados y recibió grandes cantidades de dinero.
- José Antonio Rodríguez. Comisario de confianza del ministro Grande-Marlaska. Interior contrató a la trama por 3,5 millones. El funcionario que tramitó el acuerdo señaló como responsable a este mando de la Policía Nacional, responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio. El mismo Rodríguez admitió a los investigadores que Koldo le dio el contacto de la empresa investigada y que llegó a hablar con uno de sus responsables.
- Jesús Manuel Gómez. Ex subsecretario de Estado de Transportes. El actual ministro Óscar Puente llamó "fachosfera" a El Confidencial cuando en febrero informó de que varios de los cargos de su departamento salpicados en el caso seguían en sus puestos. "Conmigo lo llevan crudito", dijo. Desde entonces, ha tenido que cesar a varios responsables por su implicación en la trama. Jesús Manuel Gómez es uno de ellos. La Fiscalía le acusa de ejercer de "correa de transmisión" entre la esfera próxima del ministro" y los responsables de adjudicar los contratos millonarios a la trama.
- Álvaro Sánchez Manzanares. Ex secretario general de Puertos del Estado. Este organismo es uno de los que contrató a la empresa del caso Koldo para adquirir mascarillas. Los investigadores creen que fue uno de los cargos que "ejercía presiones" para que se terminase adjudicando a esa compañía sin valorar otras opciones.
- Michaux Miranda. Ex jefe de personal de Adif. Al igual que los dos anteriores, los investigadores le acusan de haber medrado para que su organismo beneficiase a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, y no a otra. En su comparecencia ante el juez, alegó que apostó por esa compañía porque presentaba la oferta más madura. La Guardia Civil destaca en múltiples informes que la empresa no tenía experiencia previa en el sector.
-Isabel Pardo de Vera. expresidenta de Adif. Declaró ante el juez del caso Koldo como testigo y negó haber sido quien eligió a la empresa de la trama para adjudicarle uno de los contratos investigados. Dice que solo firmó la "declaración de emergencia" del acuerdo en base a sus competencias. Sin embargo, el investigado Michaux Miranda la señaló en el Juzgado como la persona que le facilitó el contacto de la compañía Soluciones de Gestión. La acusación popular Hazte Oír pide su imputación.
- Francisco Toledo. Expresidente de Puertos del Estado. Admitió en el Juzgado que él firmó el acuerdo por el que se contrató a la trama con el aval del Ministerio, pero negó contactos previos con Transportes o la empresa. El último informe de la UCO incluye una conversación del investigado Sánchez Manzanares y Koldo. El primero le pidió que Ábalos llamase a Toledo, quien había presentado quejas por el acuerdo con la empresa de la trama. Finalmente, Puertos pagó alrededor de 20 millones a la compañía Soluciones de Gestión.
- Javier Sánchez Fuentefría. Exdirector general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes. Actualmente director general en Hacienda, la UCO dice de él que tuvo un "papel clave" en que la contratación de Soluciones de Gestión fuese "transmitida a sus entes dependientes de Puertos del Estado y ADIF". La Audiencia Nacional pidió en mayo acceder a sus correos electrónicos.
- Álvaro García Ortiz. Fiscal General del Estado. El máximo dirigente de la Fiscalía se encuentra a las puertas de una imputación por revelación de secretos provocada por su intervención en la elaboración de una nota de prensa en la que se desvelaron datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, implicado en una causa por delito fiscal.
- Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. Diputado socialista en dos legislaturas (VIII y XIV). Cesado en febrero de 2023. Hasta su salida, ejerció como portavoz adjunto de la Comisión de Hacienda y Función Pública y portavoz adjunto Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Considerado uno de los cabecillas del caso Mediador en la que se investiga una trama de sobornos a cargos públicos.
- Taishet Fuentes. Sobrino de Tito Berni. Exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, cargo en el que sustituyó a su tío. Días antes de su arresto había sido proclamado candidato del PSOE de Canarias a la alcaldía del municipio de Antigua, en Fuerteventura. Imputado en el caso Mediador.
- Conrado Domínguez. Exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez, investigado por la Fiscalía Europea en el caso mascarillas canario. Permaneció dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres. Ocupó ese mismo puesto con el Gobierno de Fernando Clavijo (2015-2019).
- Francisco Bartolomé Flores Torres. Número dos en la lista del PSOE de Mojácar de las elecciones municipales de mayo de 2023. Fue detenido días antes de los comicios por formar parte de una presunta trama de votos por correo que ofrecía 100 euros por apoyo. - Cristóbal Vizcaíno González. Número cinco del PSOE de Mojácar en las municipales de 2023. También fue detenido y está siendo investigado por pagar presuntamente por votos en esos comicios.
- José Vélez. Secretario general del PSOE en la Región de Murcia. Procesado por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la organización de un festejo taurino en la época en la que fue alcalde de Calasparra. - Miguel Gracia. Expresidente de la Diputación de Huesca y ahora senador. Investigado por el Juzgado de Instrucción 2 de Huesca por un presunto delito de prevaricación. Pendiente de exposición razonada.
- Pepe Cataluña. Exsecretario de Finanzas del PSPV-PSOE y exvicepresidente de Bancaja. Imputado en una de las piezas del caso Azud en la que se investiga la presunta financiación irregular de la división valenciana de partido.
- Rafael Rubio. Subdelegado del Gobierno en Valencia. Cesado tras su detención en el caso Azud. Se le vincula con el cobro de mordidas. El PSPV lo suspendió cautelarmente de militancia. Hasta ese momento era miembro del Comité nacional del PSPV-PSOE.
En total, 30 casos de familiares de Pedro Sánchez, cargos de su Gobierno y militantes del PSOE acorralados por la justicia y los investigadores de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por causas directamente relacionadas por la corrupción. Pedro Sánchez, en la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy que acabó llevándolo a la Moncloa, le espetó: "¿Qué más tiene que pasar para que entienda que su presencia al frente del Gobierno es dañina y un lastre para el país y para su propio partido?¿No basta con que su partido concentre más imputados, procesados y condenados que ninguna otra formación política en la Unión Europea?".
Y el portavoz socialista en esa ocasión, José Luis Ábalos, sentenciaba a Rajoy: "Dijo usted en una ocasión que usted es un hombre previsible. Y lo ha sido. Dentro de esa previsibilidad, sabemos que lo suyo no es convocar elecciones, es aguantar y aguantar. No nos quedaba más que provocar su reacción y hacerlo de un modo exigente, como lo estamos haciendo". Hoy, es el PP quien exige a Sánchez dimitir y convocar elecciones y Ábalos está al borde la imputación y solo en el Grupo Mixto.
