... el titular del juzgado de instrucción número 5 de Manresa, Ramón Landa, que ha imputado a altos cargos de la Generalitat y de la compañía minera Iberpotash por supuestos delitos de prevaricación y delito “contra los recursos naturales y el medio ambiente”. Todos ellos han sido citados para declarar el día 29 de septiembre. Los afectados son el secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Enric Llebot; el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Jordi Agustí; la directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Maria Assumpta Farran; el exconsejero delegado de Iberpotash, José Antonio Martínez Álamo; y el director general de medio ambiente de la compañía, Lluís Fàbregas.
Este procesamiento se debe a una querella presentada por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) el pasado otoño en la que acusaban a la compañía de contaminar al acumular residuos sobre suelo no impermeabilizado y “sin la adopción de ningún tipo de medida preventiva ni correctora eficaz”. De ahí que se haya formado una gran montaña salina de 500 metros de altura en Sallent “visible desde toda la planicie del Bages [comarca donde se ubica] y más alta que la montaña vecina de 474 metros”.
La querella, afirma que los residuos son los causantes de “la salinización de los ríos Cardener y Llobregat”, lo que ha afectado a “la flora y fauna y los productos hortícolas”. Esta alerta ya constaba en varias denuncias desveladas por El Confidencial, que llamaban la atención sobre la contaminación de la cuenca del Llobregat y sobre la afectación que podían padecer más de dos millones de personas de la gran conurbación de Barcelona, al ser este río una de las fuentes que abastecen a la capital catalana.
También recuerda esta formación que el TSJC “se ha pronunciado de forma palmaria sobre la nulidad de las habilitaciones para el ejercicio de la actividad extractiva de Iberpotash en Sallent y que una demanda presentada por el ingeniero y vecino de esta localidad, Sebastian Estradé, obligaba a la compañía a depositar una fianza suficiente como para poder hacer frente a los daños causados. Iberpotash depositó casi 7 millones de euros, pero la Generalitat la rebajó al 50% y además no exigió, como pedía el TSJC, un programa de restauración de la zona. El Supremo dictaminó en julio del año pasado que el programa de restauración del depósito de basura de Sallent aprobado por la Generalitat “es ilegal”.
Otra sentencia daba la razón a una asociación de vecinos y, por último, la Unión Europea ha incoado un procedimiento de infracción por “los reiterados incumplimientos de la normativa ambiental comunitaria en relación a la actividad extractiva de Iberpotash”.
En este sentido, asegura que incluso se incumple la obligación del Plan Director Urbanístico del Bages de 7 de diciembre de 2006, que debía reducir los volúmenes de residuos. Ese plan director establecía la obligación de presentar un plan de restauración que Iberpotash nunca realizó.
Hace una semana, precisamente, la Comisión de Urbanismo de Cataluña aprobó el Plan Director del Bages, que contempla el desarrollo industrial de la zona, la construcción de una segunda planta de sal y la adecuación de algunas instalaciones de Iberpotash para otras empresas; la modernización de la plataforma logística con mejoras en los ferrocarriles y carreteras; y la eliminación de residuos, entre ellos la famosa montaña de sal de Sallent. Según el plan, en el 2017 se cerrará la mina y la compañía tendrá 50 años para eliminar la montaña salina. Esto se hará de dos formas: comercializando la sal y disolviéndola para enviarla al mar mediante un colector.
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