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La cúpula de la Comunidad de Madrid se quedó descolocada el 28 de julio, cuando supo que al día siguiente saldría a la luz la existencia del ático de Chamberí. En menos de 24 horas, todo el mundo sabría que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había comprado bajo radar una vivienda de lujo por 6,3 millones de euros en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, junto al Museo Sorolla. Una zona de avenidas anchas, plátanos de sombra y colegios con nombres de santos, donde empresarios pujantes y aristócratas venidos a menos comparten mesa y vermú en El Yate, un bar de decoración náutica que evoca eternamente al verano. Los miembros de un gabinete de crisis liderado por la presidenta se intercambiaron mensajes durante todo el día y se reunieron más tarde, sin ser conscientes todavía de la magnitud del problema.
La operación del ático la conocían muy pocas personas; se podían contar con los dedos de una mano. En Sol estaban al tanto, con toda seguridad, la presidenta Ayuso; Miguel Ángel Rodríguez, su principal asesor y el estratega detrás de todos los grandes movimientos de la líder; Miguel Ángel García Martín, el consejero de Presidencia y alguien que, según los que lo conocen bien, se lanzaría desde un sexto piso si lo ordenara Ayuso; y la consejera de Economía, Rocío Albert López-Ibor, la mujer del dinero. Se había comprado de manera opaca, a través de Planifica Madrid, sin necesidad de que se aprobara en Consejo de Gobierno ni en la Asamblea de Madrid, y se había decidido esperar al momento idóneo para anunciarlo. Alguien, sin embargo, lo había filtrado a EL PAÍS. Elucubraron con que debía ser una persona muy cercana: nadie más había tenido acceso a esa información. Para el resto del mundo era irrastreable, indetectable. La sospecha de que Ayuso se había comprado, sin avisar, una residencia presidencial se instalaría en la opinión pública. La paranoia se disparó y empezaron a ver enemigos en cada esquina. El plan de ocultarlo se había caído. Ahora tocaba reaccionar. ¿Cómo?
En muy pocas horas llegaron a una conclusión: lo mejor era deshacerse de él, después de asegurar que lo iban a usar como “oficina”, una versión que ha ido mutando con el paso de las semanas. Muerto el perro, se acaba la rabia. Anunciaron que se pondría en venta y aceleraron para celebrar una subasta lo antes posible. Hacia fuera quisieron transmitir tranquilidad, como si aquello fuera un accidente más. “Nunca le dimos importancia a este asunto. Había que decidir en octubre” —en referencia a un supuesto traslado de la oficina de la presidenta por una reforma—, “anda que no tenemos asuntos gordos”, decía por entonces alguien muy cercano a Ayuso. ¿Y el gasto millonario en una vivienda sin ningún uso específico para la administración? “Ese piso no creo que tarden más de cinco días en venderlo, y encima ganar dinero. Que le den”, respondía la misma fuente, confiada.
Cincuenta días después, nadie ha pujado por el ático. Ningún magnate ni fondo de inversión de los que sobrevuelan el mercado inmobiliario madrileño se ha atrevido a pujar. Y eso que los apartamentos de esta ciudad aparecen en los catálogos que estudian por la mañana, mientras desayunan, los brokers de Wall Street y la City de Londres. Ni así se ha encontrado un inversor. El embrollo, lejos de resolverse, se ha agravado. La Consejería de Presidencia entregó el jueves a los periodistas un pendrive con el expediente de compra, la memoria justificativa de una operación inmobiliaria en la que, en teoría, debía quedar claro todo el proceso.
La memoria, de 224 páginas, sin embargo, no incluye ningún informe que justifique la necesidad de comprar esa vivienda, ni permite rastrear por qué se eligió precisamente esa, en un sitio conocido por la propia presidenta, cuya madre vivía justo enfrente. Los documentos se escanearon y entregaron en un único PDF, lo que impide conocer los metadatos de cada uno de ellos: no hay forma de saber cuándo fueron creados o modificados. “Un acto de transparencia absoluta hubiera sido subirlos a una web, cada uno por separado, con sus fechas y alteraciones visibles”, explica un experto consultado. Con la información disponible, es imposible averiguar si el expediente se elaboró antes o después de que se conociera la existencia del inmueble, adquirido a través de una inmobiliaria de lujo de La Moraleja.
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