El debate se complica, pues ni siquiera el concepto de economía colaborativa resulta nítido. Sostiene la Comisión Europea que es “un modelo de consumo basado en el intercambio entre particulares de bienes y servicios, que de otro modo estarían ociosos”. Una estructura que si usara todo ese potencial infrautilizado tendría una capacidad de consumo de 572 billones de euros al año en la Europa de los Veintiocho. Estamos frente a un camino nuevo que estimula la competencia, redistribuye la riqueza (permite a cualquier persona generar ingresos) e impulsa el crecimiento económico.
Sin embargo, a veces este discurso se cumple, y otras, no. Quizá porque todo se mezcla y se confunde cuando una de las mayores compañías de hospedaje del planeta (AirBnb) no tiene hoteles y uno de los principales proveedores de transporte (Uber) carece de coches. Aunque, tal vez, lo que de verdad desconcierta es transitar una época en la que se cruza una economía nueva y otra que agoniza. “Estamos viviendo un cambio de modelo productivo que va desde el transporte y el alojamiento a las finanzas”, resume Albert Cañigueral. Pues bien, ese sorpasso ha cogido a la Administración desprevenida. O sea, sin desarrollar una legislación que regule esta actividad. Y hace mucha falta. “Que esta propuesta sea positiva o negativa para el Estado de bienestar depende de cómo el derecho sepa canalizar sus ventajas y minimizar sus inconvenientes”, observa Alfonso Lamadrid, abogado del bufete Garrigues en Bruselas. “Pues aquí no funciona ni prohibir ni desregular y el legislador parece jugar a perseguir los cambios y llegar siempre tarde”. De ahí que la actual duermevela jurídica se transforme en una amenaza fiscal. La asociación de empresas turísticas (Exceltur) lleva tiempo quejándose de la competencia desleal que a su juicio le hacen los apartamentos turísticos.
Un estudio encargado en junio de 2015 por ese organismo cartografiaba los daños. Hay más de 2,7 millones de plazas en este nuevo tipo de alojamientos frente a los 2,4 millones en los reglados, y el ritmo de crecimiento es muy fuerte. Solo la demanda extranjera habría aumentado casi un 60% entre 2010 y 2014. “Un volumen muy alto de esta oferta forma parte de la economía sumergida, lo que supone que el fisco pierde una recaudación potencial de 800 millones de euros anuales”, relata José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Y aclara: “No estamos radicalmente en contra de esta actividad, pero hace falta cobertura legal para evitar los efectos colaterales en la sociedad”. Se refiere a lo que ya sucede en algunos barrios de Barcelona, donde la llegada masiva de turistas en busca de estos espacios encarece los precios inmobiliarios (hasta un 20% en algunas zonas) y expulsa a los habitantes con rentas más bajas...
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La crisis fiscal del estado Se preconizaba ya cuando yo iba a la facultad.