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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares juzga desde este jueves al magistrado Miquel Florit, acusado de varios delitos por requisar, en diciembre de 2018, los teléfonos móviles a dos periodistas que cubrían la información relativa al caso Cursach. La fiscalía, que apoyó la actuación del magistrado durante la instrucción del asunto, no ejerce la acusación en el proceso en el que sí están personadas como acusación particular la empresa editora del Diario de Mallorca, la agencia de noticias Europa Press, la agencia EFE, la Asociación de Medios de la Información, así como los dos periodistas directamente afectados, Kiko Mestre y Blanca Pou.

Florit está acusado de delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional, el derecho a la intimidad y de interceptación ilegal de las comunicaciones. Reclaman para él una pena de 42 años de inhabilitación y multas por valor de 43.000 euros. En el caso también está personada la Abogacía General del Estado como responsable civil subsidiaria. Miquel Florit se jubiló anticipada y voluntariamente el 31 de enero, tras aprobarlo la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial.

El caso contra Florit parte de las decisiones que tomó durante la instrucción de una pieza en la que investigaba la filtración en medios de comunicación de varios documentos declarados secretos y que estaban incluidos en la causa que indagaba sobre los negocios del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach. En diciembre de ese año, Florit autorizó a la Policía a reclamar los registros de llamadas de las delegaciones de EFE y Europa Press, así como de Diario de Mallorca. Además, ordenó el decomiso de los teléfonos móviles de los periodistas del diario, Kiko Mestre y de la agencia Europa Press, Blanca Pou y de todo el material informático que tenían en las oficinas. Una serie de medidas que fueron avaladas por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

El caso Cursach investiga desde hace más de seis años los negocios del empresario Cursach y las relaciones de connivencia que tanto él como sus empleados supuestamente mantenían con policías, funcionarios y políticos de Palma. Una cuestión que ha pasado por varias manos. La primera juez instructora, que denunció amenazas, cambió de destino. El segundo juez al cargo, Manuel Penalva, fue apartado del asunto tras prosperar un incidente de recusación porque una de las partes aportó unas conversaciones con una testigo protegida en la que insultaba a varios acusados y está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.