El señuelo de la reforma constitucional de Pedro Sánchez dura 24 horas
Sus socios revientan la idea y aprovechan para atacar la inviolabilidad del Rey y pedir el derecho de autodeterminación
MARISA CRUZ RAÚL PIÑA Madrid18 SEP. 2018 21:48
La propuesta que el Gobierno pretende remitir al Congreso para restringir la figura del aforamiento mediante la modificación de dos artículos de laConstitución -el 71 y el 102-, apenas tendrá de vida las 24 horas que han transcurrido desde su sorpresivo anuncio hasta que los grupos parlamentarios, uno tras otro, anticiparon este martes en los pasillos de la Cámara y luego en el mismo Pleno su intención de reclamar, si se abre la vía de la reforma, múltiples aspiraciones de revisión de la ley de leyes.
La pretensión de Pedro Sánchez de proceder a un cambio muy limitado y exprés -en 60 días- del texto constitucional hace agua incluso antes de que el Ejecutivo haya trasladado al Congreso su propuesta de forma detallada.
La advertencia de un previsible fracaso la recibió el Gobierno a la vista del puñado de enmiendas y las reservas que se presentaron a una simple moción deCiudadanos que reclama precisamente el fin de los aforamientos para miembros del Gobierno, diputados y senadores, «una figura anómala, del pasado», como la definió Albert Rivera, cambiando la Carta Magna en un plazo de tres meses.
La moción naranja también insta a lasAsambleas Legislativas de lasComunidades Autónomas para que procedan a modificar sus respectivosEstatutos a fin de suprimir igualmente los aforamientos de sus diputados y de los miembros de sus gobiernos.
El texto suscitó los recelos de unos y otros. Finalmente, la propuesta de Cs salió adelante con los votos de PP yPSOE -los primeros para no quedar aislados y los segundos asumiendo que arrebatar banderas del adversario en el último minuto no es tan sencillo-, pero las mociones son gratis y no tienen efecto jurídico.
Los reproches que se presentaron en el debate figuraban en el guión de previsiones y se extenderán sin duda al proyecto, ése sí con efectos, que quiere presentar el Gobierno.
Así, el PDeCAT de inmediato se dirigió a Sánchez para recordarle que si pretende una reforma constitucional lo apropiado es ponerse en contacto con los grupos para negociar. El PDeCAT señaló que en ningún caso admitirían que el Congreso marque el paso a los Parlamentos autonómicos.
Bildu aseguró que no aceptará una reforma que no incluya la supresión de la inviolabilidad del Rey. Compromístachó de plan «de la señorita Pepis» la iniciativa de Cs. Y por ende, la que el Gobierno pretende plantear que es, a falta de detalles, más limitada aún que la de Rivera. Esta formación quiere suprimir todos los aforamientos, incluida la inmunidad del Rey.
El PNV, en la misma línea, presentó una enmienda para eliminar la inviolabilidad del Monarca y los aforamientos de los miembros de su familia tanto para causas civiles como penales. Los vascos aseguraron que no prestarán su voto a «operaciones de marketing político». El PNV pretende, si se abre el melón constitucional, el reconocimiento nacional de Euskadi y la bilateralidad en su relación con el Estado.
Podemos advirtió que para su grupo «no basta con eliminar los aforamientos» y puestos a modificar la Constituciónexigirá como buena parte de los grupos, acabar con la inviolabilidad del Jefe del Estado, prohibir las puertas giratorias y blindar los derechos sociales. Además, la formación morada forzará que cualquier reforma de la Carta Magna se someta a referéndum.
ERC avisó, en relación con la futura propuesta del Gobierno, que a su formación «no le concierne» un cambio de una Carta Magna que rechaza salvo, eso sí, que sea para reconocer el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
El PP, una fuerza imprescindible para la reforma, arremetió contra el «populismo» de Cs pero también contra la «frivolidad» de Sánchez que, dijo, sólo pretende con su iniciativa de cambio constitucional, tapar su incompetencia y los tropezones de su Gobierno. El PP mantiene que es necesario «tiempo, diálogo, rigor y consenso» para cualquier modificación de la ley fundamental, algo que requiere de los informes previos delConsejo de Estado, del CGPJ y de laComisión de Codificación.
Desde Cataluña, la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, sugirió también al presidente del Gobierno que incluya en sus planes de reforma una referencia explícita al «derecho de autodeterminación» para habilitar así un referéndum en Cataluña y solucionar el «principal problema político» que, en su opinión, tiene el Estado.
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/18 ... b45b0.html
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