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La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una mujer, pediatra de profesión, a la pena de dos años de prisión por inyectar suero a sus pacientes, la mayoría menores de edad, en lugar de las vacunas que les cobraba. El total de lo estafado a sus víctimas asciende a 12.743 euros.
Así consta en la sentencia dictada tras alcanzar un acuerdo las partes y conformarse la pediatra con la pena de dos años de cárcel por un delito de estafa continuado y otro de falsedad en documento público. Esta conformidad ha evitado convocar al jurado popular para la celebración del juicio previsto para esta semana, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
A la procesada se le han aplicado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas. También se le ha prohibido, durante el tiempo de dos años, ejercer cualquier profesión relacionada con la medicina tanto en el ámbito público como privado; y tendrá que pagar una multa de 600 euros.
La doctora es una funcionaria pública que trabajaba en el centro de salud de Carlet y en el Hospital de La Ribera. Entre los años 2007 y 2011 administró personalmente a diversos pacientes, la mayoría menores de edad, vacunas de pago y las cobraba directamente en mano, entre 60 y 1.200 euros, haciéndoles creer a los propios pacientes o a las madres de los menores que lo que les inyectaba era el medicamento prescrito, pero era suero fisiológico.
Para conseguir su propósito, la condenada alertaba a sus pacientes de la urgencia de inyectar las vacunas por existir un alto riesgo de contagio, ya fuera meningitis, el virus del papiloma o la varicela. En ocasiones se desplazaba a los domicilios de sus pacientes para conseguir su propósito.
La facultativa les cobraba por encima del precio fijado en las farmacias para cada vacuna, cuyo precio estaba cubierto por la Generalitat y, por tanto, eran gratuitas. La mayoría de los perjudicados confiaban plenamente en la mujer al haber sido la pediatra de sus hijos menores durante muchos años.
En una ocasión, la condenada se personó en el domicilio de tres hermanas, a las que cobró 1.200 euros por la vacuna del virus del papiloma, y cuando se fue, una de ellas se percató de que no les había suministrado las vacunas al hallar en la habitación donde les había pinchado un frasco de agua de suero. Otras veces, la facultativa prescribía el fármaco para mejorar afecciones como bronquitis o asma.
La doctora, después de suministrar a los pacientes el agua de suero, con conocimiento de su falsedad y una vez que había cobrado cantidades por dichas vacunas, anotaba en las cartillas de vacunación de los menores la vacuna que dijo haber suministrado, en muchas ocasiones a petición de las propias madres y, en otras, por iniciativa propia, sin que posteriormente hiciera constar estas vacunas en el Registro Nominal de Vacunaciones de la Conselleria de Sanidad, como es obligatorio.
