El Consejo de Europa sitúa a España a la cola en la lucha por la independencia de la justicia
El informe del organismo internacional indica que España es el país que menos ha cumplido con sus consejos
Un informe del Consejo de Europa publicado este miércoles sitúa a España como el país menos comprometido en la lucha contra la politización judicial de los 21 estados evaluados por este organismo. España ha ignorado tres de cada cuatro recomendaciones del grupo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO, por sus siglas en inglés), para prevenir este tipo de prácticas en el ámbito judicial. Según sus datos, España no ha implementado plenamente ninguna de ellas, y solo ha cumplido parcialmente con el 25% de las medidas que la entidad ha solicitado que aplique. Le siguen en la lista Francia, que ha cumplido parcialmente el 34%, y Bélgica y Eslovenia, con el 43%.
La institución señaló en 2016 en un duro informe que España debía reforzar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, la evaluación de altos funcionarios judiciales o mejorar la transparencia entre el fiscal general y el Gobierno. También criticó el sistema de elección de los altos funcionarios de la judicatura, como los presidentes de los tribunales provinciales, de los tribunales superiores de justicia o del Tribunal Supremo. En ese texto recordó al Estado español que "las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados".
Meses después, el balance muestra que España no ha seguido las recomendaciones. Al respecto, la presidenta del GRECO, Marin Mrcela ha señalado que "algunos países deben tomar medidas urgentes para garantizar la independencia judicial". La dirigente se ha mostrado comprensiva con las dificultades para cambiar esas malas prácticas: "numerosos países tienen dificultades para cumplir con nuestras recomendaciones debido a la complejidad de los problemas y a la necesidad de encontrar amplios consensos para ponerlas en marcha".
España tampoco sale bien parada en lo que se refiere al cumplimiento de los consejos para evitar casos de corrupción en el ámbito parlamentario. Los porcentajes se repiten: el 75% de incumplimientos y el 25% de las recomendaciones parcialmente implementadas. En cambio, las cifras mejoran en asuntos como el castigo de los delitos de corrupción (67% de las recomendaciones implementadas) o la financiación de los partidos políticos (84%).
LA ÚLTIMA EVALUACIÓN SOBRE ESPAÑA
Las seis medidas que España no ha adoptado según el Greco en su última evaluación son:
Que el Congreso y el Senado adopten un código de conducta con medidas prácticas de aplicación.
Que se realice un registro de lobbistas y un código de conducta para la profesión.
Que se tomen medidas para garantizar un control de las obligaciones declarativas de los parlamentarios
Que se analice el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Que se legislen criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos en las altas funciones de la judicatura.
Que se amplíen los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios de los jueces.
Las cinco medidas adoptadas parcialmente son:
Que se reexamine el tipo de datos que deben hacer públicos los parlamentarios.
Que los jueces adopten un código deontológico público.
Que se revise el método de selección y la duración del mandato del fiscal general.
Que los fiscales adopten un código deontológico.
Que se establezca un marco reglamentario específico para las sanciones disciplinarias en la fiscalía.
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