El hilo de la próxima reforma del poder judicial

[Asimov]

Ya nadie parece dudar de que el gobierno va a poner en marcha una reforma del poder judicial que, como mínimo, le va a permitir renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de que haya acuerdo parlamentario al respecto. Tal reforma pretende justificarse en el bulo de que la derecha lleva años bloqueando tal renovación (ya explicado aquí), y se anuncia ahora aprovechando el clima generado entre la "izquierda" a raíz del amago de dimisión de Pedro Sánchez.

Varias cuestiones a tener en cuenta:

a) Hemos visto a toda la “izquierda” reclamando al unísono al gobierno que lleve a cabo una reforma “para eliminar el bloqueo” del CGPJ. Se trata de una campaña política tan sincronizada por parte de infinidad de actores políticos (partidos, tertulianos, influencers…) que dudo muchísimo que sea casual, y de hecho sospecho que estaba ya planeada de antemano para crear un clima propicio a una inminente reforma ya decidida en Moncloa.

b) Sin duda la reforma se venderá como una iniciativa para "desbloquear" la renovación de la composición del CGPJ, algo por lo visto imprescindible (sobre todo para el PSOE), y ciertamente conseguirá ese objetivo... a costa de darle aún más poder al gobierno en el ámbito judicial. El poder de que dispone actualmente es ya absolutamente enorme: posee el Ministerio Fiscal, es el jefe de la policía judicial y además es también el titular del régimen penitenciario y del indulto, herramienta capaz de dejar sin efecto cualquier decisión judicial. Y por si fuera poco, todos los medios materiales de la justicia y todo su personal colaborador dependen también del propio gobierno. Es él quien puede decidir tanto sobre su financiación como sobre el destino concreto de ésta.

c) La "izquierda" está encantada con la posibilidad de que el gobierno adquiera ahora el poder de saltarse el Parlamento para renovar la composición del CGPJ, pero no lo estarán tanto cuando quienes gobiernen sean PP y Vox (algo que ocurrirá antes o después) y sean ellos quienes hagan uso de esa prerrogativa. Eso sí, no me cabe la menor duda de que la "izquierda" les acusará de fascistas por atreverse a hacerlo.

d) ¿Tiene el bloqueo de la renovación del CGPJ algo que ver con el supuesto lawfare? En absoluto, nada de nada. La denuncia a Begoña Gómez se hubiese tramitado igual tuviese el CGPJ la composición que tuviese, porque los jueces están siempre obligados a tramitar cualquier denuncia que tenga carácter de verosimilitud. Pero da igual, lo de Begoña Gómez es sólo la excusa necesaria para justificar la reforma, y cuela entre el personal exactamente igual que cualquier otra.

e) Creo que el ejemplo de lawfare más reciente que he visto en España es el que practicó el Supremo contra Alberto Rodríguez al condenarle a una pena de cárcel para que así perdiese su acta de diputado, decisión que tomó la presidenta del Parlamento (la pseoísta Meritxell Batet) y que sus compañeros de Unidas Podemos aceptaron mansamente. Más tarde el Constitucional revocaría la sentencia del Supremo, claro, pero el acta de diputado ya la había perdido. Sin embargo, los ejemplos más duros de lawfare que he conocido en mi vida los sufrieron gente como Pepe Rei o la gente de Egunkaria, casos en los que el PSOE fue partícipe entusiasta a nivel político.